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El alto costo de vivir en la CdMx: 30 mil familias pobres son expulsadas al año, según especialista

31/05/2017 - 7:59 pm

Antonio Azuela de la Cueva, especialista en desarrollo urbano, advirtió que es necesario alentar la construcción de vivienda accesible pues en la Ciudad de México pues, cada año, la capital expulsa a 30 mil familias por no poder costear opciones de vivienda.

Foto: Cuartoscuro, archivo

Ciudad de México, 31 de mayo (EconomíaHoy).- Antonio Azuela de la Cueva, especialista en desarrollo urbano, advirtió que es necesario alentar la construcción de vivienda accesible pues en la Ciudad de México pues, cada año, la capital expulsa a 30 mil familias por no poder costear opciones de vivienda.

"No podemos permitir que la ciudad siga expulsando pobres hacia las orillas. La densificación de la ciudad es un proceso que no podemos impedir, pero que sí podemos conciliar para que arroje beneficios tanto para desarrolladores como para los vecinos de esas comunidades", señaló el investigador.

Durante un encuentro organizado por el presidente para la Ciudad de México de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Jesús Padilla Zenteno, se puso de manifiesto que si bien la Ciudad atrae nuevas inversiones inmobiliarias, es importante también generar desarrollo para las comunidades.

"La capital tiene vocación natural para atraer nuevas inversiones y su crecimiento no se va a detener, lo que hay que replantearse es el nuevo modelo de crecimiento y encontrar mecanismos para conciliar entre intereses individuales e intereses comunes", afirmó Padilla Zenteno.

El dirigente convocó a encontrar un equilibrio que concilie el interés de los desarrolladores y el bienestar de las comunidades.

Durante la conversación con el doctor Antonio Azuela de la Cueva, los empresarios y el especialista en desarrollo urbano coincidieron en que la ausencia de reglas secundarias sobre las nuevas edificaciones no ofrece certeza a los inversores y genera sospechas entre los vecinos de los nuevos desarrollos.

En este contexto, consideraron que la claridad de las reglas y la transparencia en los nuevos proyectos protegerán a los desarrolladores inmobiliarios de los grupos de extorsión, reducirá la posibilidad de casos de corrupción y facilitará la conciliación con los grupos de vecinos.

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