Alfredo del Mazo Maza se impuso un plazo de 90 días para comenzar a dar resultados en materia de seguridad en el Estado de México. El mandatario asumió el cargo el pasado 16 de septiembre.
En ese emplazamiento autoimpuesto, el Gobernador mexiquense y su equipo deberán hacer frente a la escalada de violencia, robos, extorsiones y una Fiscalía General que está en el fondo del índice de desempeño a nacional, ocupa el lugar 29 de 32.
No sólo son los delitos y los números, la nueva administración deberá superar la desconfianza que en sus primeros días ha despertado ante activistas y víctimas de la violencia en el Edomex.
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Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- En septiembre pasado, Alfredo Del Mazo Maza prometió que el Estado de México sería una de las entidades más seguras del país. En tres meses, aseguró, habría resultados concretos en la materia. El plazo se agota.
“La seguridad es el reto más grande que enfrentamos los mexiquenses, por ello hacerle frente es desde este momento mi prioridad y la prioridad de mi Gobierno […] Ustedes son la prioridad y la razón de ser de mi Gobierno”, dijo el priista en su discurso inaugural.
Para el 24 de octubre, Del Mazo Maza tuvo una reunión con los funcionarios de nombró como parte de su gabinete e insistió:
“Esta noche revisé la estrategia de seguridad. Trabajamos para lograr que el
#Edoméx sea una de las entidades más seguras del país”.
En 10 puntos se resumieron las acciones para conseguir la meta: Enfrentar desde una perspectiva integral la prevención, investigación y persecución de los delitos, con base en la inteligencia policial; realizar una reingeniería al modelo de policía estatal y coadyuvar en el fortalecimiento de las policías municipales; redireccionar la estrategia estatal contra la delincuencia, enfocada en el combate al robo en transporte público, el de vehículos, extorsión, feminicidio, secuestro, homicidio, narcomenudeo, entre otros; fortalecer el sistema único de información criminal estatal; combate a la corrupción con un enfoque frontal y sistemático; desarrollo de la doctrina y normatividad del uso legítimo de la fuerza; fortalecer la estrategia para la prevención del delito con la participación ciudadana; fortalecer los mecanismos de control y seguimiento penitenciario, y consolidar el modelo de control de confianza estatal.
El viernes 15 de diciembre se espera que se cumpla lo dicho por el tercer Del Mazo que gobierna la entidad, pero no sólo será él el que deba dar respuestas. Al menos cinco personajes más tendrán que rendir cuentas: Alejandro Ozuna Rivero, Maribel Cervantes Guerrero, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Rodrigo Espeleta Aladro y Eduardo Valiente Hernández, son los elegidos para responder en un sitio en que el 56 por ciento de los hogares tuvo al menos una víctima del delito durante el 2016, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).
Los primeros datos no son alentadores. Octubre pasado -el primer mes completo con Del Mazo en el poder- es el segundo mes con más homicidios dolosos registrados en el 2017 en el Estado de México. Con 189 casos, sólo detrás de los 195 cometidos en mayo, se lleva la presea de plata.
En otro rubro, el de robo de vehículo, alcanza el oro con 2 mil 800 casos denunciados con violencia -y 2 mil 101 sin violencia-. En extorsiones tiene el bronce, con 89 denuncias, sólo detrás de mayo que reportó 95 y agosto, 97.
La ENVIPE estimó que la tasa de víctimas de delitos por cada cien mil habitantes en el Estado de México fue de 49 mil 907 hombres y 45 mil 638 mujeres en el 2016.
Sus cálculos señalaron que el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares del Estado de México representó un monto de 46 mil 278.8 millones de pesos.
Los delitos que se llevaron a cabo con más frecuencia fueron el robo o asalto en calle o transporte público, extorsión y fraude. Del total de caos, cerca del 7.8 por ciento fueron denunciados. De esa cantidad, sólo en el 69.4 por ciento se inició averiguación previa o carpeta de investigación.
¿Y luego? Del total de averiguaciones iniciadas en el 49 por ciento de los casos no pasó nada o no se continuó. La gente, según la información, no denuncia para evitar perder el tiempo y por la desconfianza en las autoridades.
El Estado de México es una de las entidades más violentas. Datos del SESNSP indican que tan solo en los primeros diez meses de este año, la entidad reportó 2 mil 516 homicidios, de los cuales mil 495 se clasificaron como dolosos.
En otro ejemplo de sus número rojos, están las desapariciones. Datos oficiales muestran que hasta julio del 2017 había 3 mil 854 personas no localizadas en la entidad, una cifra que sólo supera Tamaulipas, entidad que reportó, hasta septiembre pasado, 6 mil 079 desaparecidos.
OZUNA RIVERO, EL SEGUNDO AL MANDO
Alejandro Ozuna Rivero reúne el perfil del priista mexiquense. Nació en Toluca y fincó su carrera política ahí mismo, ocupando el cargo de Alcalde -en 1994- y caminando de la mano de personajes como Enrique Peña Nieto.
El maestro en Administración Pública estuvo al frente de Desarrollo Social (Sedesol) en el periodo del actual Presidente de México. Y ahora, un lapso después, funge como mano derecha de Del Mazo desde la Secretaría General de Gobierno.
Entre sus atribuciones en el cargo está “proponer políticas y estrategias, así como acciones de coordinación entre las dependencias encargadas de la seguridad pública estatal y nacional” y “coordinar e instrumentar las actividades en materia de control de confianza de los cuerpos de seguridad pública y privada estatales”.
En 2003 la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Ozuna Rivero para ocupar cargos públicos por 10 años. La sanción se le impuso cuando fungió como delegado de la Secretaría de Desarrollo Social federal en el Estado de México.
El diario Reforma detalló que “el motivo que esgrimió la autoridad federal fue una liberación indebida de recursos para el ayuntamiento de Ecatepec, del Programa de Ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva”.
El actual segundo al mando en el Edomex también fue secretario estatal de Desarrollo Social con Arturo Montiel Rojas.
LA FISCALÍA DE ALEJANDRO GÓMEZ
Alejandro Jaime Gómez Sánchez dirige el Ministerio Público del Estado de México desde el 2014. Formó parte de la administración de Eruviel Ávila Villegas, en donde fue Procurador General de Justicia y, a fines del año pasado, el Congreso lo designó Fiscal General de Justicia, cargo que ocupará hasta 2023.
Es un funcionario que se ha empleado en el Gobierno federal y en las últimas tres administraciones mexiquenses.
Gómez Sánchez ha dedicado gran parte de su vida la servicio público. Trabajó en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, (1989-1990), en la Secretaría de Relaciones Exteriores (1992-1994), y en la Comisión Federal de Competencia (1995).
Se empleó en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (1996) y la Procuraduría General de la República en diversos periodos de su vida, también en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (2005 a 2006). Y en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México fungió como Subprocurador Jurídico con Enrique Peña Nieto como Gobernador (2010-2012).
Un reciente informe de la organización Impunidad Cero coloca a la Fiscalía General del Estado de México en el fondo del indice de desempeño de las procuraduría y fiscalía en materia penal en México, se ubica en el lugar 29 de 32 analizadas.
El documento exhibió que las autoridades tardan 177.79 minutos en atender a un ciudadano que acude a interponer una denuncia, lapso que lo coloca en el sexto peor lugar en todo el país. En cuanto a presupuesto per capita en procuración de justicia, el Edomex se encuentra en el octavo más bajo.
La entidad cuenta con 3.6 a ministerios públicos de competencia local por cada 100 mil habitantes, lo que la ubica como la tercera que menos tiene a nivel nacional.
El informe resaltó que los ministerios públicos mexiquenses son los quintos con más carga de trabajo tienen a nivel nacional. Y en la efectividad en las carpetas de investigación, la Fiscalía mexiquense tiene un 12.4 por ciento.
Sólo el 39.7 por ciento de los mexiquense tiene “alguna” o “mucha confianza” en sus ministerios públicos.
LA SS DE CERVANTES GUERRERO
En 2006, Maribel Cervantes Guerrero trabajó como comisionada general de la Policía Federal. Entre sus funciones estaba la prevención de los delitos.
La actual titular de la Secretaría de Seguridad mexiquense es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México, maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea.
Cervantes ahora tiene la tarea de convertir al Estado de México en “la entidad más segura del país”. Su puesto como titular de Seguridad Pública tamibén la obliga a dar resultados el próximo 15 de diciembre, cuando Alfredo cumpla 90 días de Gobierno.
En el decálogo de seguridad presentado en octubre por Del Mazo y su gente, se dejó como tarea concentrar en la Secretaría de Seguridad las tareas y mando del esfuerzo estatal en materia de seguridad pública y privada.
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LA CES DE HERNÁNDEZ
Eduardo Valiente Hernández se encuentra a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES), órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, y tiene la responsabilidad de combatir a la delincuencia con acciones de prevención social.
Fue nombrado titular del órgano por el ex Gobernador Ávila Villegas, y en el décimo quinto día de diciembre deberá explicar los avances en temas de reinserción social, protección civil, derechos humanos, mecanismos de coordinación entre instituciones y la utilización de la tecnología en situaciones de riesgo.
La institución se ha visto envuelta en escándalos en los últimos años. En 2016, por ejemplo, 11 de sus elementos fueron separados de cargos por la forma en la que actuaban. Intimidación, amenazas y corrupción, las acusaciones.
DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA
Rodrigo Espeleta Aladro ocupa la recién creada Secretaría de Justicia y Derechos Humanos en la entidad mexiquense.
Entre las atribuciones de esta dependencia están representar a la Administración Pública del Gobierno del Estado de México en los juicios en que ésta sea parte; tramitar las solicitudes de amnistía e indulto; impulsar una política de promoción, defensa, respeto y protección de los Derechos Humanos en el ámbito de la Administración Pública Estatal; organizar, controlar y dirigir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México; diseñar y coordinar la política del Gobierno del Estado de México en materia de justicia cotidiana.
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