El fuero constitucional del que gozan legisladores y gobernantes es una protección que funciona como en tiempos de la Colonia, dice Buscaglia.
Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).– México carece de una política de Estado para atender las decenas de miles de casos de desaparición forzada que hay en el país y para los que no hay legislación que proteja a víctimas ni a los potenciales testigos de los crímenes.
Así, planteó ayer en un foro el investigador Edgardo Buscaglia, en el país está prácticamente cancelada la posibilidad de que la información sobre los perpetradores fluya hacia las investigaciones y, con ella, se pueda establecer el paradero de las víctimas.
Buscaglia participó ayer vía skype en el “Foro Internacional Sobre Personas Desaparecidas en México”, en el que insistió en que la Ley que se genere –en discusión en el Senado de la República– debe contar con programas integrales de protección a víctimas y a testigos; esto, dijo varias veces, para que puedan avanzar las indagatorias ahora detenidas por “el terror” que viven potenciales testigos.
Otro problema para la solución de los casos, agregó el experto en marco legal para el combate al crimen organizado, es el fuero constitucional del que gozan legisladores, Gobernadores y otros funcionarios para no ser procesados y que, dijo Buscaglia, funciona como el sistema de protección política vigente durante la Colonia.
“Tenemos que entender que la delincuencia organizada es hija de la corrupción política, y en la medida en la que sigan teniendo un sistema de protección de políticos a través de un fuero tan amplio, jamás podrán llegar a la verdad”, dijo.
“Una de las principales medidas que deben impulsar es limitar el fuero del que gozan estos legisladores y se les pueda procesar por delitos”, agregó.
En su participación, Buscaglia también insistió en que las familias se organicen para tratar de llevar los casos ante la Corte Penal Internacional, en lugar de la Corte Interamericana, debido, dijo el académico, a que esta segunda instancia carece “de dientes” y no puede ni girar órdenes de detención contra probables responsables.
Las recomendaciones, sin embargo, fueron desairadas por cuatro servidores públicos que llegaron a la inauguración del foro realizado en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco y que, sin embargo, se fueron justo antes de que iniciara la ponencia de Buscaglia –conocido crítico de los “vacíos” del Estado mexicano ante el crimen organizado.
–¡Ya se fueron! –exclamaron desde su silla en el salón en el que se realizaba el foro algunas madres de víctimas mientras Buscaglia, a través de la pantalla, criticaba que los legisladores mexicanos dieran discursos en lugar de “llenar los vacíos legales”.
Se referían a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado; Sergio Rochín del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación; Mercedes Peláez, directora de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la misma Segob; y Jorge Aguilar Montaño, director general de Promoción de Cultura de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Desgraciadamente llegaron aquí la fauna de políticos, y en cuanto usted empezó a hablar, salieron volando, para no oír. Inmediatamente salieron y sólo llegaron para que nosotras pudiéramos escuchar su discurso, ya sabe”, dijo al micrófono Julia Alonso, integrante de la organización de familias de víctimas Ciencias Forenses, que busca generar un banco de datos sobre casos.
“Saben que les íbamos a decir todo lo que tienen que hacer”, dijo Teresa Vera, hermana de Minerva Vera –desaparecida en Oaxaca en 2006–, entrevistada por este medio al final de la ponencia. “Pero nosotros solicitamos que esté la autoridad presente, para que escuchen nuestras necesidades”, agregó la también integrante de la Plataforma de Víctimas de Desaparecidos de México.
La única funcionaria que regresó al término de la ponencia de Buscaglia, y para presentar sus datos, fue Peláez, que dijo haberse ausentado para atender “precisamente un caso”. En su exposición, la funcionaria planteó que –de los más de 26 mil casos de desaparición que, se estima, existen en el país– la dependencia a su cargo “acompaña” actualmente mil 348; es decir, un 5.1 por ciento.
“JUSTICIA INEXISTENTE”
Los servidores públicos tampoco escucharon las quejas de familiares que, a lo largo del foro, expusieron la total impunidad en la que se encuentran los casos y los diferentes obstáculos que enfrentan en las agencias del ministerio público.
Tita Radilla Martínez, de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, participó como ponente y planteó que la inoperancia de las instituciones del país es tal que, a cinco años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenciara al Estado mexicano por la desaparición, en los años 70, de su padre Rosendo Radilla, la investigación sigue sin avances.
“Este caso ilustra claramente cómo se ha negado a las víctimas de la desaparición forzada el acceso a la justicia; asimismo, ha servido para demostrar que en nuestro país la justicia es inexistente, permitiéndonos tener acceso a los tribunales internacionales, porque pues aquí no están haciendo nada”, dijo Radilla.
“Pero, como decía el ponente, no tiene dientes la Comisión Interamericana, porque a cinco años de emitida la sentencia, no hay ninguna pista no hay nada en cuanto a la investigación”, agregó.
La impunidad e incluso la obstaculización de las indagatorias por parte de las autoridades, sobre todo la exigencia de esperar 72 horas para que inicien los trabajos de búsqueda, fueron los temas comunes planteados tanto por investigadores como por víctimas.
“Yo quiero denunciar a Juan Antonio Ferrer, director del Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (Capea), y a su equipo, porque quieren hacer el trabajo de coordinar la atención desde el escritorio”, dijo una madre de familia cuya hija se perdió en agosto en esta capital y que, por temor a represalias, pidió no revelar su identidad.
En el mes y medio que lleva buscando a su hija, agregó, ha sido ella quien ha tenido que recorrer el lugar de los hechos, rogado por pesquisas y oficios para poder revisar, ella, los videos de las cámaras de Seguridad Pública en la zona donde ocurrió el extravío. Videos que, por lo demás, explicó, eran inservibles y carecían de nitidez para poder hacer identificaciones.
“Se da uno cuenta de la falta de sensibilidad y capacidad téncica para investigar, la falta de voluntad, de diligencias, y de que, pese a que existen varias instancias en el Gobierno federal con funciones parecidas, no se coordinan”, dijo la madre de familia en entrevista con este medio.
