Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).– Juan Pablo Castañón Castañón, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), advirtió que “estamos casi llegando al primer tercio del sexenio y aún no hemos tenido la capacidad de crear una instancia constitucional y autónoma, con facultades y patrimonio suficientes para ejecutar una estrategia efectiva de combate a la corrupción e impunidad”.
En un mensaje difundido hoy, dijo que “el combate a la corrupción y a la impunidad tiene que ser una nueva bandera del México del siglo XXI. Este es el gran tema pendiente en el país, y debe ser una prioridad estratégica de la sociedad, las empresas y el Estado mexicano”, agrega.
El presidente de la Coparmex señaló reconocer esfuerzos gubernamentales y del legislativo para abatir la corrupción, pero acota: “la percepción ciudadana nos enfrenta al reto de reorientar y multiplicar los esfuerzos de política pública en los tres niveles de gobierno, el sector empresarial y la sociedad en su conjunto, para marcar un punto de inflexión en algunos indicadores de esa materia”.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2013 desarrollado por Transparencia Internacional, México se ubica en la posición 106 de 177 países.
“En el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial 2014-2015, México retrocedió del lugar 55 al 61, entre 144 naciones evaluadas con un enérgico llamado de atención para mejorar el desempeño de las instituciones, ámbito en el que México ocupa el lugar 102. En la misma medición, se identifica a la corrupción como el principal obstáculo para el desarrollo de los negocios en nuestro país”, recordó el líder del sindicato empresarial.
El 12 de septiembre el presidente de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, se reunieron con los líderes de las bancadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en las cámaras de diputados y senadores, Silvano Aureoles Conejo y Miguel Barbosa Huerta, para acordar una agenda en común en el combate a la corrupción.
Ambas partes acordaron impulsar el tema durante el actual periodo ordinario de sesiones para desahogar pendientes como la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción y la Ley Reglamentaria de Transparencia.
“El sector patronal refrenda su compromiso nacional de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad. No se trata sólo de que México mejore en esas mediciones internacionales: el verdadero objetivo debe ser el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho. La cultura de legalidad institucional”.
Castañón dijo que “ya es hora de pasar de los escándalos a las sanciones; de la indignación nacional frente al abuso, al fraude y la impunidad, a una gran movilización para la renovación de la vida pública”.
Recordó que el Congreso de la Unión ya realiza el análisis de las iniciativas del Ejecutivo en la materia: en el Senado, la propuesta de crear una Comisión Nacional Anticorrupción; en la Cámara de Diputados, la iniciativa para la creación y reglamentación de la Fiscalía Especial Anticorrupción, la cual dependería de la Fiscalía General de la República.
“Ambas iniciativas las consideramos importantes para la República y cuentan con el respaldo de los empresarios. Hacemos un llamado a los legisladores, para que independientemente del arreglo institucional, se cree con carácter de urgencia nuestro organismo anticorrupción, dotándolo de todas las atribuciones y toda la fuerza necesarias”, agregó.
Para verdaderamente fomentar el combate a la impunidad, “tiene que ser una institución transversal, con horizontalidad, para que tenga impacto en todas las áreas de gobierno, y verticalidad, es decir, con injerencia en los tres órdenes de gobierno, el municipal, el estatal y federal”, abundó el presidente del sindicato de empresarios.
“Con la fuerza suficiente para dictar política pública que permita que todas las dependencias tengan un área que modernice los procesos, los transparente y al mismo tiempo rinda cuentas, con indicadores de gestión que permitan verificar que efectivamente se reducen las prácticas de corrupción, con base en mecanismos de control, evaluación y sanciones severas para los infractores”, dijo Castañón.
El nuevo organismo, abundó, “debe contar también con mecanismos de denuncia ciudadana que puedan garantizar la participación social y perseguir o investigar cualquier denuncia ciudadana de malas prácticas, tanto en las acciones de gobierno como en la relación de éste con los contribuyentes, con las empresas y con los ciudadanos”.
