El 4 de octubre de 2010, el priista César Duarte Jáquez juró como Gobernador del estado de Chihuahua. Como mandatario recibió una deuda de 13 mil 261 millones de pesos que, tres años después, se duplicaría a más de 26 mil millones y a estas alturas ronda los 42 mil millones.
Con Duarte Jáquez, el escándalo de la megadeuda de Coahuila, del también priista Humberto Moreira Valdés, se queda corto, luego de que los pasivos del erario que dejó el coahuilense son de casi 8 mil millones de pesos menos.
El monto de la deuda, que en un primer momento fue negada por el gobierno estatal, fue reconocido este mes por el Secretario de Hacienda local. Sin embargo, alrededor de la misma giran dudas expresadas por organizaciones como el IMCO, pues los pasivos de la entidad crecen a un ritmo de 10 por ciento anual; es decir, casi cinco veces más que el promedio de la economía mexicana. Por ello, legisladores y sociedad civil exigen que el mandatario rinda cuentas sobre los motivos del endeudamiento y el destino de los recursos.
Diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del priista Duarte Jáquez por el uso indebido de atribuciones y facultades, peculado y encubrimiento. Este martes presentarán un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para que se investiguen las deudas de esa administración estatal.
Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).– El 4 de octubre de 2010, el priista César Duarte Jáquez juró como Gobernador del estado de Chihuahua. Como mandatario recibió una deuda de 13 mil 261 millones de pesos, que tres años después se duplicaría a más de 26 mil millones y a estas alturas ronda los 42 mil millones. En distintas ocasiones ha asegurado que estos pasivos los heredó de la administración del ex mandatario José Reyes Baeza, pero no ha ofrecido pruebas, datos o documentos para sustentar sus dichos.
La deuda de Chihuahua ha crecido a una tasa anual de 10 por ciento, cuando la economía apenas crece 2.47 por ciento, lo que significa que la deuda chihuahuense aumenta cinco veces más rápido que el desarrollo regional, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Ante esta realidad, diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del priista Duarte Jáquez y de Jaime Herrera Corral, secretario de Hacienda del estado, por el uso indebido de atribuciones y facultades, peculado y encubrimiento. Además, este martes, el los legisladores del blanquiazul presentarán un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para que se investiguen las deudas de esa administración estatal.
“Sabemos que hay un desfalco financiero y estamos hablando del fraude más grande que sufrido Chihuahua en su historia. Por ese motivo, como representante de los ciudadanos, exijo que se analice y se finquen las responsabilidades a quien corresponda”, afirmó la legisladora federal por Chihuahua, Rocío Reza Gallegos, en entrevista para SinEmbargo.
La panista pidió a la PGR que atienda las denuncias o averiguaciones previas cuya materia esté relacionada con la deuda pública de Chihuahua desde 2010, a fin de que, de encontrarse alguna responsabilidad por parte del mandatario, inicie una Juicio de Procedencia ante la Cámara de Diputados en contra de César Duarte Jáquez, para que se le retire la inmunidad constitucional y pueda responder ante los tribunales.
Según los informes del gobierno de Duarte Jáquez, en los primeros tres años se realizó obra pública por 17 mil 772 millones de pesos, mientras que recibió financiamientos por 24 mil 697 millones de pesos, una diferencia de 6 mil 925 millones de pesos, que representa más que la deuda pública total de Campeche, Querétaro y Baja California Sur juntos.
Los panistas chihuahuenses, con el apoyo de su grupo parlamentario, presentarán ante el Pleno de los Diputados un punto de acuerdo para que las instancias correspondientes investiguen cuántos recursos se han gastado, cómo se han ejercido y quiénes los autorizaron.
“No queremos más ‘Moreirazos’”, declaró el vicecoordinador panista Marcelo Torrres Cofiño, al comparar la situación que vive en Chihuahua con la deuda que dejó en Coahuila el también priista Humberto Moreira Valdés y que sumó 37 mil millones de pesos.
En el punto de acuerdo se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que practique las revisiones correspondientes para verificar y comprobar el uso y destino de los fondos públicos obtenidos mediante la contratación de deuda pública.
Tanto la Diputada Rocío Reza como su paisano, el también panista Carlos Angulo Parra, recordaron que el Gobernador Duarte ha argumentado que 15 mil millones de pesos corresponden a un fideicomiso carretero, pese a que la Secretaría de Hacienda (SHCP) ha sostenido que también es un endeudamiento.
Además solicitarñan a la Secretaría de Hacienda que analice las operaciones financieras del Gobernador César Duarte, así como las realizadas por Jaime Herrera Corral, secretario de Hacienda en la entidad, para determinar si han realizado operaciones probablemente vinculadas con lavado de dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Aquí lo importante es saber a dónde se destinaron los recursos contraídos por la deuda”, destacó la Diputada Reza Gallegos.
EXIGEN CUENTAS A GOBIERNO OPACO
Los legisladores panistas plantean que la Cámara de Diputados exija al Gobernador que informe y explique a detalle el sobreendeudamiento público del estado de Chihuahua, a fin de que los chihuahuenses tengan información clara del uso y destino que le ha dado a los recursos provenientes de la deuda pública del estado.
Piden reportes sobre el incremento de la deuda y le exigen que presente información del monto actualizado de la Deuda Estatal y otros pasivos, en particular los derivados del denominado fondo carretero. La información señalada deberá ser elaborada conforme a las normas de contabilidad gubernamental, en los términos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, acota el punto de acuerdo.
“Lo que el ciudadano observa en el estado son obras inconclusas, y muchos pendientes en relación a convenios, contrataciones y diversos rubros. Por ejemplo, el tema de la educación que ha sido uno de los pendientes que ha más destacado el gobernador como logros de su administración, y la verdad es que hay convenios pendientes de pago con varias instituciones educativas”, dijo la legisladora.
LAS DISTINTAS VERSIONES
En febrero pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que los pasivos de Chihuahua crecieron 79 por ciento, luego de que el Congreso local autorizó reestructurar la deuda estatal a 25 mil millones con una tasa de interés de 6.5 por ciento, una de las más altas del país.
La deuda de Duarte ya alcanza casi los 42 mil millones de pesos; esto es, casi 8 mil millones de pesos más que la deuda registrada durante el gobierno de Humberto Moreira en Coahuila, en 2011.
El martes 2 de septiembre de este año, el secretario de Hacienda del gobierno del Estado de Chihuahua reconoció que el total de obligaciones financieras estatales ascienden a 41 mil 603.7 millones de pesos, es decir, coincide con lo señalado por la SHCP. De esta cantidad, corresponden 25 mil 163.2 millones a la deuda del Gobierno de Chihuahua y 15 mil 157 millones al fideicomiso de bonos carreteros.
“El Gobernador Duarte no ha sido capaz de reducir la ya de por sí grande deuda pública heredada, o siquiera de mantenerla igual, sino que después de un poco más de la mitad de su sexenio la deuda pública de la entidad ha crecido tres veces mas sin que tan nefasta irregularidad se vea reflejada en los beneficios que los chihuahuenses de toda la entidad requieren y urgen por parte de su gobierno”, plantea el punto de acuerdo que presentarán los legisladores panistas y al cual SinEmbargo tuvo acceso.
“La megadeuda de Chihuahua, la Mega Deuda de Duarte, representa uno de los peores fraudes contra la administración pública en el país, debido a las cantidades exorbitantes de recursos dejados a la deriva porque su aplicación o destino se desconoce”, destaca el documento
El punto de acuerdo contempla cuatro demandas: la primero es que Duarte Jáquez informe y explique a detalle en qué consiste la deuda estatal, en aras de “que los chihuahuenses tengan información plena y clara del uso y destino que le dio y le da a los recursos provenientes de la deuda pública del estado, así como las razones de su incremento”.
Que presente información del monto actualizado de la deuda y otros pasivos, en particular los derivados del denominado fondo carretero y la aplicación detallada de los ingresos obtenidos por vía de deuda, incluyendo los del referido fondo carretero, en las erogaciones de gastos realizados por el gobierno a su cargo.
En el segundo punto se solicita a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que proponga a la Auditoría Superior de la Federación, iniciar investigación y auditorías administrativas y contables pertinentes para verificar y comprobar el uso, ejercicio, destino y aplicación de los fondos públicos obtenidos mediante la contratación de Deuda Pública en el estado de Chihuahua, durante las administraciones estatales que comprenden los periodos 2004-2010 y 2010-2016, correspondientes a los mandatos del ex Gobernador José Reyes Baeza Terrazas y del actual mandatario.
El tercer punto contempla que la SHCP del Poder Ejecutivo Federal analice las operaciones financieras de Duarte Jáquez, y de Jaime Herrera Corral, Secretario de Hacienda del gobierno del Estado de Chihuahua, que les permita presumir o determinar si han realizado operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero u operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
El último punto hace un exhorto a la PGR “para que dé cauce a las denuncias o averiguaciones previas cuya materia esté relacionada con la deuda pública del estado de Chihuahua, desde 2010, y para que en el momento procesal correspondiente inicie Juicio de Procedencia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra del Gobernador César Horacio Duarte Jáquez, para que se le retire la inmunidad constitucional que le reviste, a efecto fincar las responsabilidades a que haya lugar respecto de la administración de los recursos públicos obtenidos mediante la contratación de la deuda pública”.
LA POLÉMICA POR LAS CIFRAS
El 1 de abril de 2014, la Secretaría de Hacienda publicó que Chihuahua tiene comprometidos el 62.2 por ciento de las participaciones federales entregadas por la Tesorería de la Federación para cumplir con sus obligaciones crediticias. Aunque la SHCP aclaró que esta estimación sólo afectaba un porcentaje, “considerando que la entidad instruyó afectar un monto mensual definido (no referido al monto total de participaciones) para el pago de sus obligaciones”.
Sin embargo, el gobierno que encabeza César Duarte sostiene que el monto es mucho menor, pues las anteriores estimaciones incluyen una serie de fondos carreteros que no deberían considerarse deuda pública. Sin embargo, no ha detallado el monto total de la deuda que tendrán que pagar los chihuahuenses, ni en qué se han empleado los recursos. Lo que ha generado una serie de suspicacias a nivel sociedad organizada.
Desde abril pasado, organizaciones no gubernamentales y diputados federales revelaron que Duarte trataba de ocultar la deuda a través de su Secretaría de Finanzas.
Denunciaron también que el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) ha ignorado la demanda de organizaciones de la sociedad civil y periodistas, que exigen conocer en qué se han empleado estos recursos, quién autorizó el endeudamiento y qué instituciones bancarias han sido beneficiadas con una deuda que pagarán las futuras generaciones de chihuahuenses, más allá del presente sexenio.
“Se trata de esconder bajo ciertos rubros lo que es deuda, se le da un trato muy formal a los temas financieros. Por ejemplo, aquí en Chihuahua se acaban de emitir hace varios meses una serie de bonos carreteros por valores de varios miles de millones de pesos y esos bonos, el Gobernador está pidiendo que no se consideren como deuda”, alertó entonces Sergio Meza, director de la organización civil Plan Estratégico de Juárez.
A pesar de que el dato del pasivo de casi 42 mil millones de pesos fue publicado en reportes de la SHCP, Duarte Jáquez expresó que el endeudamiento se ha adjudicado “con gran dolo” a su gobierno.
“Se ha sumado a la deuda pública y se pretende adjudicar con un gran dolo a mi gobierno el fideicomiso carretero la cual no es deuda pública, no la pagarán los chihuahuenses, es absolutamente falso las cuentas que han hecho”, afirmó el Gobernador.
Para revertir la deuda, el gobierno estatal contrató créditos directos con Garantía de Participaciones por un total de 25 mil millones de pesos.
De éstos, corresponden cinco mil 692 millones de pesos deuda directa garantizada (una Emisión Bursátil y tres financiamientos en la modalidad del bono cupón cero), que, a decir del gobierno estatal, no se deberían tomar en cuenta.
YO NO FUI: REYES BAEZA
Por su parte, el ex Gobernador, José Reyes Baeza Terrazas envió en su momento una carta para negar de forma tajante que haya dejado a la actual administración una herencia de cobros por realizar y retó a la administración local a probar sus dichos. Hasta el momento el gobierno de Duarte no se ha pronunciado al respecto.
