Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).– Los vacíos en la legislación mexicana han permitido que el país sea considerado por organizaciones ambientalistas como “el paraíso de la contaminación”. Ejemplo de ello son los tres derrames ocurridos con días de diferencia en Sonora, Durango y Nuevo León. A la fecha, sólo en el primer caso las autoridades impusieron una multa por el vertido de casi 40 mil metros cúbicos de cobre y ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora.
En México existe la Ley de la Responsabilidad Ambiental que entró en vigor el 7 de julio del 2013 y que establece la reparación de daños en caso de delitos cometidos contra el ambiente. Asimismo busca la protección, la preservación y abre la posibilidad de exigir procesos judiciales. Sin embargo, esto no ha impedido la contaminación de los ríos mexicanos.
Para Greenpeace el derrame en el Río Sonora es solo “la punta del iceberg” ya que “la laxitud de leyes permite a las empresas seguir contaminando pues en teoría se les exige un ‘pago’ o la ‘reparación del daño’ en la zona donde ocurrió el desastre, pero sin tomar en cuenta las externalidades”.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el 70 por ciento de los ríos nacionales presentan algún grado de contaminación, “pero poco o nada se está haciendo para revertirlo y mucho menos para prevenir”, denunció la organización internacional.
El pasado 7 de agosto, la mina Buenavista del Cobre de Grupo México fue la culpable de derramar 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora, dejando sin agua a siete municipios: Arizpe, Banamichi, Baviacora, Aconchi, Cananea, Ures y Hermosillo, y afectando a aproximadamente 22 mil personas.
Por estos hechos, la empresa propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, considerado el tercer hombre más rico de México, podría enfrentar una multa de entre 40 millones de pesos que representaría solo el 0.1 por ciento de sus utilidades consolidadas en un año, aún cuando el derrame es ya considerado como el mayor desastre en la industria minera en el país.
Una semana después de este incidente, en Durango la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reportó una emergencia ambiental generada por el derrame de 2 mil metros cúbicos de solución cianurada en la mina Proyecto Magistral, en el arroyo La Cruz, que conecta con el arroyo Magistral ubicado en el municipio El Oro, Durango, afectando 400 metros cuadrados de suelo natural.
Días después, una fuga de petróleo crudo causada por una toma clandestina se registró a 15 kilómetros al sureste de la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) del municipio de Caldereyta, Nuevo León, y contaminó las aguas del río San Juan.
Greenpeace afirmó que ante estos derrames “el mensaje que el gobierno está dando es que México sigue siendo un paraíso para contaminar”.
Margarita Campuzano, directora del CEMDA aseguró que en general hace falta una revisión a la parte de las sanciones en estos casos que inhiba a las empresas a contaminar o a no tomar las medidas por falta de leyes lo suficientemente estrictas o porque no hay una supervisión.
“No compensan el daño ambiental, de salud, social, económico que una tragedia ambiental está ocasionando. Lo que se necesita es revisar esas sanciones que se tienen consideradas en el marco legal para hacerlas mucho más estrictas y que no resulte un costo más benéfico, contaminar que remediar. Que las empresas no digan ‘ah, bueno, contamino porque la multa que tengo que pagar es muy baja’”, consideró Campuzano.
