El Gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa cambió la Constitución a través de un Congreso local dominado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para blindarse de las acusaciones de corrupción que pesan en su contra. Si el mandatario electo, el panista Miguel Ángel Yunes, lo quiere realmente puede echar abajo las reformas, afirman legisladores. Sin embargo, el ex candidato a la gubernatura por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Cuitláhuac García Jiménez, duda que el panista cumpla su palabra e inicie investigaciones contra Duarte de Ochoa con miras a presentarlo ante la justicia.
Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).– Javier Duarte de Ochoa, Gobernador de Veracruz, dejará el poder en unos meses, pero detrás heredará toda una maquinaria para “blindarse” de la justicia gracias al Congreso local actual, dominado por completo por el mandatario local y su Partido Revolucionarios Institucional (PRI), afirmó Cuitláhuac García Jiménez, ex candidato a la gubernatura de la entidad por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Sin embargo, aunque el Congreso actual aprobó las iniciativas de Javier Duarte en las que se “protege” contra futuras demandas por corrupción y otros delitos, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador electo, y la próxima legislatura –en donde los priistas no tendrán mayoría y los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dominarán– podrían echar abajo las reformas del Gobernador, dijo García Jiménez.
“En la próxima legislatura local no tendrá mayoría el PRI y por eso Duarte está preocupado. Morena junto con la oposición al PRI tiene mayoría calificada, eso es lo que le preocupa. Además trae una bronca personal con Miguel Yunes, pero eso viene a ser nada más una nube para evitar la transformación, que es lo que se debe hacer en Veracruz. Son dos años, pero como Miguel Ángel Yunes no va a aplicar políticas sociales en beneficio de la gente ni cambiar estructuralmente lo que está sucediendo en Veracruz, le va a dar continuidad a los proyectos de [Enrique] Peña Nieto. La única manera de validarse en este momento es hacer escándalo y justificarse. Si quiere realmente meter a la cárcel a Duarte lo puede hacer a través de la Fiscalía General del Estado, pero desde luego hay que dar la batalla para cambiar de Fiscal”, expuso el también profesor universitario.
Hace unos días fue promulgada la reforma constitucional local en materia anticorrupción, con la que se retira el fuero al próximo Gobernador, a sus secretarios y a los presidentes municipales, aunque el beneficio legal sigue protegiendo a los diputados, al titular de la Comisión de Derechos Humanos estatal, al Fiscal General del estado y a los magistrados.
La reforma constitucional también prevé la creación del Fiscal Anticorrupción, que durará cinco años en el cargo, y del Contralor General, mismo que serán designados por el Congreso veracruzano, controlado aún por el PRI y sus partidos satélites locales.
Ante ello, Miguel Ángel Yunes exhortó al Congreso local a ceder el nombramiento del Fiscal Anticorrupción a la siguiente Legislatura para garantizar que Javier Duarte y sus cómplices no queden impunes por casos de corrupción.
La Fiscalía Anticorrupción de Veracruz podría ser encabezada por Fernando Rojas Calderón, Marco Arturo Rodríguez Nolasco, Manuel Gerardo Basilio de la Vega, Guillermo Humberto Beck Chiquini, Gustavo Adolfo Payán Meza, Ana Luz Herrera Hernández, Juan Manuel Herrera Sosa o Francisco Portilla Bonilla, todos ellos afines al actual mandatario priista.
Duarte de Ochoa pretende dejar también al Contralor General y extender el poder de Luis Ángel Bravo Contreras, actual Fiscal General de Estado, durante nueve años más.
Con los cambios constitucionales impulsados por Javier Duarte de Ochoa y con el control de los magistrados locales, quienes en mayo de este año determinaron que el Gobernador no interfirió en el proceso electoral ni desvió recursos públicos a favor del candidato del PRI, el mandatario dejará una estructura que lo libraría de enfrentar cargos por corrupción.
“Pero a este Fiscal lo podemos someter a través del nuevo Congreso a una revisión de muchos casos emblemáticos que se han dado en Veracruz. Por ejemplo, el caso de los jóvenes en Tierra Blanca, los agredidos en Xalapa, los periodistas asesinados… todo eso ha sido causado por una omisión por parte de la estancia investigadora. Si se le llama a cuentas se puede hacer que renuncie. Entonces, el nuevo Congreso lo debería llamar a cuentas, destituirlo por ser omiso y fincarle responsabilidades. Luego, con un nuevo Fiscal que no esté ligado a Javier Duarte, ahora sí investigarlo a fondo”, explicó Cuitláhuac.
Pese a estas opciones, el ex candidato de Morena al Gobierno veracruzano duda que Miguel Ángel Yunes persiga a Javier Duarte y a otra veintena de funcionarios señalados con insistencia por presunta corrupción.
“En la nueva legislatura se verá si el PAN quiere hacer las cosas bien o si quiere negociar la próxima elección con Peña Nieto. ¿Qué tipo de Gobernador independiente puede llamar al peor personaje –que está cuestionado por represor, autoritario– a poner orden en Veracruz como lo hizo hace unos días Yunes Linares con Peña Nieto? Se debe llamar al Congreso a enjuiciar a Duarte, no a través de un Fiscal Anticorrupción sino de un nuevo Fiscal General y de la PRG [Procuraduría General de la República]. Pero no lo van hacer. En noviembre se verá cómo actúan “, dijo.
LAS ACUSACIONES EN CONTRA DE DUARTE
La deuda pública que Javier Duarte de Ochoa dejará en Veracruz asciende a 45 mil 879 millones de pesos, la mayor entre los estados que celebraron elecciones el 5 de junio pasado; además, pesa entre las críticas la deuda que su Gobierno acumula con la Universidad de Veracruz (UV) que supera los 2 mil millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), además, lo acusó de haber desviado más de 77 mil millones de pesos durante su administración.
“Los desvíos de los que se habla sólo existen en la mente tortuosa de quien sí tiene denuncias formales por enriquecimiento ilícito”, se defendió el Gobernador saliente de Veracruz días después de las elecciones, en las cuales Miguel Ángel Yunes –de la alianza PAN-PRD [Partido de la Revolución Democrática]– arrebató al PRI el estado que gobernó por ocho décadas.
Ayer, Miguel Ángel Yunes Márquez, Alcalde de Boca del Río e hijo del Gobernador electo, acompañado por los ediles de Tierra Blanca, Acajete, Tamalín, Ixhuacan, Tacotalpan, Soconusco y Mixtla, presentó denuncias penales ante la Procuraduría General de la República en contra de Javier Duarte de Ochoa y Antonio Gómez Pelegrín, Secretario de Finanzas, por retención ilegal y desvío de recursos federales, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.
El PRI DEBE HACER UN LLAMADO A SUS GOBERNADORES
Martha Angélica Tagle Martínez, Senadora independiente, dijo a SinEmbargo que el PRI y el Presidente Enrique Peña Nieto deben hacer un llamado al Gobernador Javier Duarte de Ochoa y a otros gobernadores, como Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, y César Duarte Jáquez, de Chihuahua, para detenerse en su intento de blindarse contra posibles demandas cuando en unos meses abandonen sus cargos.
“La parte desafortunada es que los congresos están controlados por ellos y es por eso que están aprobando estas reformas. Al único que le queda poder hacer algo es al titular del Ejecutivo Federal y a su propio partido para exigir que no se decreten y publiquen estas reformas para concluir este tema y promover cuestiones de juicio político, porque ellos están a punto de salir en un par de meses”, expuso.
La Senadora destacó que el principal problema en estados como Veracruz es que el Congreso local está totalmente controlado por el Gobernador.
“Estos congresos aprueban todo lo que los gobernadores manden: las cuentan públicas, el endeudamiento y ahora este tipo de reformas que están aprobando al fast track. Eso no se puede permitir. En Veracruz, por ejemplo, se controla incluso a los partidos opositores y hay varios partidos locales que han salido para servir al Gobernador”, destacó.
Jorge López Martín, Diputado federal del PAN, dijo que las maniobras de los gobernadores salientes del PRI se han dado porque no tienen otra forma de poder “salvar el pellejo”, debido al cúmulo de acusaciones de corrupción que pesan sobre sus cabezas.
“Es importante que la información fluya y se pueda conocer de qué monto y qué cantidad han sido los desvíos y desfalcos, y cuáles son las estrategias que están realizando”, consideró.
El Diputado afirmó que la impunidad en México es insostenible y que los legisladores del PAN pedirán a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que “verifique y revise con lupa” lo que sucede en entidades como Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua.
“Es indispensable que exista una voluntad política de las procuradurías de los estados para que los gobernadores sean procesados con todo el rigor de la Ley. Será indispensable que el PRI vea más allá de sus intereses políticos y ve más por los intereses de los ciudadanos y puedan plantear mecanismos de manera urgente para que estos delincuentes puedan ser procesados a través de los mecanismos legales y el estado de derecho que debe de prevalecer”, dijo.
EL PRI ABANDONA A JAVIER DUARTE
Ante las irregularidades financieras exhibidas en medios de comunicación durante la administración del priista Javier Duarte de Ochoa y los recientes movimientos en el Congreso de Veracruz, que se han interpretado como un intento de blindaje al Gobernador ante una posible investigación judicial, ayer el PRI nacional tomó hoy distancia del mandatario local.
“En el partido no habremos de respaldar un solo acto, un solo dicho, un solo hecho que contravenga en Estado de Derecho”, dijo Carolina Monroy, quien es la Presidenta interina del partido tricolor.
En conferencia de prensa Monroy dijo que “nada ni nadie por encima de la Ley. En el partido no habremos de respaldar un solo acto, un solo dicho, un solo hecho que contravenga en Estado de Derecho”.
–¿Qué opina de que quiera cuidarse las espaldas promoviendo recursos en el Congreso, como lo ha hecho?–, se le preguntó en el evento.
–Esa es la interpretación que se le ha dado hasta este momento, y yo lo que diría es que si bien es jurídicamente correcto, habría que revisarse desde el punto de vista ético.
–¿Usted qué piensa?–, se le cuestionó de nuevo.
–Pienso que no es correcto–, respondió.
Respecto a los señalamiento de si el mandatario veracruzano debe de ir a prisión ante las irregularidades que se han hecho de conocimiento público en los último meses, Monroy dijo:
“Nosotros no somos Ministerio Público. Nosotros no hacemos gobierno, el partido lo que hace es política partidista, pero desde luego que somos terceros involucrados en este proceso, derivado de este clima en Veracruz se ha convertido absolutamente en un tema político. Si alguien tiene algo que decir frente a las autoridades, que lo haga. Si alguien considera que debe proceder frente a las autoridades, que lo haga”, expuso la presidenta nacional del tricolor.
Monroy del Mazo llamó este día a conferencia de prensa específicamente para tratar el tema de Veracruz y los señalamientos al Gobernador priista de esa entidad.
