A siete meses que concluya el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, su gobierno ha sido rebasado por los problemas que durante estos poco más de cinco años su administración ha contribuido para su crecimiento: la corrupción y la violencia producto de la inseguridad provocada por el narcotráfico y el crimen organizado.

La etapa de un Presidente que ofrezca resultados satisfactorios para respaldar –y destacar-su modelo de gobierno también ha pasado. Peña Nieto se encuentra en el punto de no retorno en lo que se refiere a la reconstrucción de su imagen, de su legado, o de estar en condiciones de “ayudar” a su candidato José Antonio Meade Kuribreña, quien le asistió como Secretario de Estado en tres encomiendas, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Hacienda y Crédito Público, y al cual le apostó todo y hoy no le puede aportar nada.

En efecto, cualquier acción para hacer prevalecer el Estado de Derecho por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto que tanto socavó esa importantísimo precepto para la vida del País, en lugar de abonarle a su proyecto personal o al de su candidato oficial, le rebota en la cara y lo hace ver como el Presidente de la inseguridad y de la corrupción.

Ahí están los casos de dos mujeres perseguidas por la justicia mexicana y cuyos expedientes en los últimos días han observado avances considerables, acciones que no han sido atribuidas a triunfo alguno de la presidencia de Peña Nieto: La aprehensión de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oceguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y la ficha roja emitida por la Interpol para la búsqueda en 190 países, de Karime Macías Tubilla, esposa de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz y actualmente preso.

En otro tiempo y en otra circunstancia, ambos casos hubiesen representado para el Presidente de la República, ejemplo de su mano dura, o de su real compromiso por acabar con la impunidad del crimen organizado y la corrupción de gobernadores y ex gobernadores. Pero tales acciones hoy día no le favorecen, ni a él, ni a su candidato, aun cuando aportan al sistema de procuración de justicia mexicano.

En el caso de la esposa del narcotraficante Nemesio Oceguera, la señora es presuntamente parte de una organización criminal que durante los poco más de cinco años que lleva el gobierno de Enrique Peña Nieto, logró su mayor crecimiento delincuencial a lo largo y ancho del País. Actualmente el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia criminal en 22 estados de la República Mexicana, donde producen, trafican, distribuyen y exportan droga, delitos que van acompañados de otras acciones criminales como el cobro de plaza, la ejecución como venganza o castigo, el cobro de piso a comerciantes, extorsiones, secuestros, además de un buen número de delitos del orden común como robo de vehículo, asaltos, entre otros.

La señora de Oceguera, miembro de una extensa familia que de acuerdo a investigaciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, está dedicada al blanqueo de capitales, había gozado de impunidad los últimos años, incluso promovió y le fueron concedidos amparos para evitar su aprehensión. En la Unión Americana, el gobierno había emitido una alerta a sus ciudadanos para que evitaran hacer negocios con ella, con algunos de sus familiares y otros miembros del CJNG, conocidos como “Los Cuinis”, y quienes con la adquisición de predios, negocios, empresas y otras transacciones, han lavado el dinero ilícito del cártel.

La aprehensión de la señora González Valencia, por “delincuencia organizada con la finalidad de cometer operativos con recursos de procedencia ilícita”, no ha sido percibida como un logro que podría remontar la popularidad del Presidente de la República, sino como una acción concertada para intentar darle una ventaja a su candidato a sucederlo, José Antonio Meade, a quien le cobran la factura de haber sido parte de uno de los gobiernos concebidos como de los más corruptos en la historia contemporánea de México.

En el caso de la esposa de Duarte, la orden de aprehensión contra ella no fue emitida a solicitud de la Procuraduría General de la República por parte de un Juzgado Federal, sino que fue dictada por un juzgado local a petición de la Fiscalía de Veracruz. El Gobierno de Enrique Peña Nieto sigue estando en deuda con los veracruzanos al no investigar a tiempo y de manera eficiente al matrimonio Duarte-Macías, cuyos excesos y abusos han sido revelados en los últimos años por el gobierno estatal de Veracruz y por algunas instancias de la esfera federal como la Auditoría Superior de la Federación.

De hecho, fueron miembros del gobierno de Enrique Peña Nieto quienes no iniciaron a tiempo la investigación contra la señora Macías Tubilla, para aprehenderla antes que a la vista de todos e inmediato a la aprehensión de su esposo en Guatemala, tomara un vuelo con destino a Londres, Inglaterra, para residir y hacer su vida en aquel país al lado de sus hijos y otros familiares, que hoy se sabe y se ha documentado en video, llevan una estancia de lujos como la que iniciaron en Veracruz, donde un Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, giró la orden de captura en su contra por el desvío de 100 millones de pesos del DIF de Veracruz a empresas fantasma.

Ambos, como muchos otros casos, ampliamente esperados por los mexicanos que buscan justicia, representan ciertamente un avance en esa materia, pero de ninguna manera son suficientes para rescatar al Presidente de la República de la ignominia en la que se encuentra en su sexenio de corrupción y muerte.

Estas acciones en pro de la justicia tampoco fueron suficientes para hacer remontar a su rezagado candidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, quien no logra salir del tercer lugar en el que lo han sumido sus contrincantes Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya Cortez; mucho menos ahora que con intensidad se está promoviendo el voto útil, como llaman al hecho de votar por quien vaya en segundo lugar –Meade no es- para evitar que López Obrador gane la Presidencia de la República como anticipan las encuestas de medición de intención del voto.

Tan rezagado y opacado está el candidato del PRI a la Presidencia de la República, que empresarios han debido entrar al quite a la campaña electoral, haciendo un llamado a través de cartas, documentos y videos, a sus trabajadores en lo particular y a la sociedad en lo general, para pensar bien el voto y no concederlo a un “proyecto populista”. Pero ni eso ha levantado a José Antonio Meade.

Su principal lastre es precisamente el gobierno de Enrique Peña Nieto, del que fue parte y del que ha sido un ferviente defensor (no se atrevió a decir en el segundo debate que cometieron un error al recibir al candidato Donald Trump, aunque sí dijo que no previeron su triunfo). La corrupción que rodea al gobierno de Peña, y la inseguridad que lo supera, son los obstáculos principales que impiden un avance del abanderado priísta.

En cierta medida la falta de acciones contundentes en materia de combate a la corrupción por parte de la presidencia peñista, como consignar el caso Odebrecht, ir tras gobernadores en funciones que destacan por su opacidad y corrupción, y retirar a dos que tres secretarios de estado que han sido señalados de excesos, abusos y desvíos, afectan mayormente la campaña de Meade Kuribreña.

Además que el Presidente ha asumido actitudes que lo alejan del candidato y dan la impresión de estar dejándolo solo. Por ejemplo, Meade se comprometió a ser el presidente sin fuero, dando por hecho que los legisladores del PRI aprobarían la eliminación de esa figura, pero no fue así. Los priístas no quisieron acabar con el fuero presidencial y le dieron con ello una bofetada electoral a su candidato.

Luego, mientras Meade –finalmente- ha promovido la tesis de mejorar el salario mínimo en el País, hace unos días en la reunión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos el Presidente tuvo la oportunidad de aumentar el mínimo e intentar favorecer a su rezagado abanderado, pero no lo hizo. Una vez más lo dejó solo.

En materia de seguridad, el legado del Presidente Enrique Peña Nieto será de muerte, impunidad y corrupción.

A siete meses que formalmente concluya su administración, Peña está rebasado no solo por la corrupción, también por la inseguridad. En febrero de 2018 la suma de ejecutados en México producto de la violencia y la inseguridad generadas por el narcotráfico, resultaba en más de 119 mil homicidios dolosos, que en su inmensa mayoría continúan en la impunidad.

El crecimiento de la actividad criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, y la insana batalla por la supervivencia en el cártel de Sinaloa, han hecho del territorio mexicano una zona de guerra y muerte en un sexenio que intentó, desde el primer día, quitarse el estigma de la guerra contra las drogas que tuvimos como País, pero que no logró concretar con su plan de México por la Paz. Ni desapareciendo la Secretaría de Seguridad, ni retirando al Ejército de los calles. En materia de seguridad el de Peña fue, es, un gobierno fracasado. Y ante la contundencia de las estadísticas y las sumas de los delitos que se cometen en el País, José Antonio Meade nada puede hacer para deslindarse de su padrino político.

Al día de hoy, cuando faltan 31 días para las elecciones, la corrupción y la inseguridad durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo han rebasado a él, y han rezagado en la justa electoral a su candidato José Antonio Meade. Ahí están los muertos, ahí se escuchan los disparos, ahí los gobernadores y funcionarios federales impunes, señalados de corruptos.

Adela Navarro Bello

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