El Estado de Derecho, que es una condición necesaria para el respeto de los derechos humanos, está hoy ausente en México, dicen especialistas y académicos. En los últimos 16 años, el quebranto a las libertades civiles por parte de las autoridades federales y locales se ha convertido en práctica generalizada, y aplicable en muy distintos contextos de la realidad nacional. Fue a partir de que Felipe Calderón Hinojosa lanzara la guerra contra el narcotráfico que esta problemática repuntó en el país, pero ahora, con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, violar los derechos humanos en todas sus formas se ha vuelto la marca del país, de acuerdo con los reclamos y señalamientos de instituciones y ONGs no sólo de México sino a nivel internacional.
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Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).– La académica Emma Consuelo Maza Calviño dice recordar cómo en 2001, cuando desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez elaboraba informes sobre la situación de desapariciones en México, reportar tres decenas de víctimas les parecía entonces un escándalo.
Eran los años en los que la problemática se concentraba en el Estado de Guerrero, recuerda, donde desde el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León se había intensificado la operación militar en búsqueda de probables integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Uno de los objetivos de las organizaciones no gubernamentales entonces, dice, era mantener la atención internacional sobre el problema de violaciones a los derechos humanos en México –observación globalizada desde 1994– y esperar que la presión del exterior influyera para que hubiera cambios en las políticas internas.
Quince años después, considera, efectivamente ha habido cambios, como la Reforma que en 2011 incorporó al Artículo Primero Constitucional la obligación del Estado de proteger los derechos humanos y, “en consecuencia”, dice ahora la Carta Magna, de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos.
Pero la transformación, agrega la autora de “México: retórica sin compromiso”, ha sido sólo en el papel y en el discurso. Porque en los hechos, explica, los casos de desapariciones y asesinatos se han multiplicado por miles; la tortura persiste y las Fuerzas Armadas, masivamente desplegadas por el territorio nacional a partir que el Presidente panista Felipe Calderón declaró una presunta “guerra frontal” al narcotráfico en 2006, han cobrado cada vez mayor relevancia en las tareas de seguridad pública.
“Es clarísimo que se dieron varios pasos atrás. La situación es peor que con (Carlos) Salinas, que es mucho decir; lo estamos viendo con el caso Ayotzinapa”, dice Maza en entrevista.
“Esta crisis jamás la vimos venir. Quienes trabajamos en derechos humanos siempre pensamos que la situación nunca puede ser peor, pero resulta que sí. Hubo un pequeña expectativa con Vicente Fox, al inicio, cuando se creó la Fiscalía Especial para la investigación de los crímenes del pasado, de que después de 71 años hubiera investigaciones serias, que se acabara la impunidad; pero no, lo que hizo fue negociar”, agrega.
AVANCES EN PAPEL
Como Maza, otros expertos en derechos humanos identifican diferentes cambios registrados en México desde 2000, después de que, por primera vez en 71 años, gobernara un Presidente emanado de un partido diferente al Partido Revolucionario institucional.
Entre estos cambios, todos empujados desde la sociedad civil, destaca la reforma constitucional al Artículo Primero propuesta desde 2004, en el sexenio del panista Vicente Fox, y aprobada siete años después, en 2011, durante el Gobierno de Felipe Calderón, y que introduce la obligación de los tribunales para, en caso de contradicción de leyes, decidir a favor de la protección más amplia de los derechos humanos.
Otra es la Reforma Judicial –también propuesta desde el foxismo y aprobada con Calderón– que, en el Artículo 20, introdujo la oralidad en los procedimientos penales y la presunción de inocencia como derecho constitucional de los acusados.
También está la reforma al Artículo 57 del Código de Justicia Militar que, desde 2014, limita el fuero castrense y permite trasladar a los tribunales ordinarios los casos en los que las víctimas sean civiles.
México, además, ha ratificado diferentes instrumentos que permiten el escrutinio internacional, como el reconocimiento, desde 1998, a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Al mismo tiempo, sin embargo, se impulsa la ampliación de lo que los investigadores consideran un Estado de excepción en detrimento de los acusados de delitos de delincuencia organizada, como la inclusión del “arraigo” en el artículo 16 Constitucional desde 2008, aprobado junto con la Reforma Judicial.
Y son precisamente las presuntas estrategias ante la delincuencia organizada, coinciden los entrevistados, más la corrupción, los detonantes de la crisis de derechos humanos derivada de la desaparición de más de 26 mil personas, decenas de miles de asesinatos y la persistencia de prácticas como la tortura.
“Desafortunadamente el panorama en materia de derechos humanos no es alentador”, dice Chasel Colorado, coordinadora de incidencia de políticas públicas de Amnistía Internacional, organización que ha emitido reportes sobre México desde la década de los años 90.
“Somos conscientes que ha habido avances, pero los avances en materia legislativa son un esfuerzo muy pequeño comparado con la grave crisis. En los últimos años hemos visto cómo esta grave crisis ha aumentado y eso sin duda provoca preocupación, porque vemos que existe no sólo falta de capacidad para atenderla, sino que se cierran muchos espacios de diálogo y eso muestra falta de voluntad del Gobierno mexicano para abordarlos”, agrega.
Otro ejemplo de esta falta de voluntad del Gobierno actual, menciona, es el retraso en la aprobación de leyes contra la desaparición forzada y la tortura y que fueron incluidas en el decálogo de compromisos por la “seguridad, la justicia y el Estado de Derecho” anunciadas por el Presidente Enrique Peña nieto en noviembre de 2014, después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Colorado incluye también como parte del incumplimiento de Peña Nieto el aplazamiento de la aprobación de las leyes necesarias para crear el Sistema Nacional Anticorrupción y sancionar y prevenir este tipo de ilícitos que invariablemente, dice, están detrás de los casos de graves violaciones a los derechos humanos.
“Ha habido esfuerzos y se reconocen, pero desafortunadamente la realidad sobrepasa los avances que ha habido en materia de derecho humanos y, la mayoría, o todos, se suman a un marco normativo”, dice.
“México es de los países con la mejor reglamentación, pero el gran reto sigue siendo la implementación; entonces, esa brecha entre la realidad de un México sin acceso a la justicia y los instrumentos legales sigue siendo el gran reto”, agrega.
Para Alejandro Jiménez, abogado del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la historia de los derechos humanos desde 2000 ha sido dar “un paso adelante y dos atrás”.
Un ejemplo, dice, son las sentencias que ha dictado la Suprema Corte de Justicia en materia de derechos humanos desde 2006 –como la que aceptó la existencia de graves violaciones perpetradas en San Salvador Atenco o en la Guardería ABC, entre otras–para luego desequilibrar la composición de este tribunal con la inclusión de personas como el ex procurador General de la República de Felipe Calderón, Eduardo Medina Mora.
También se han replicado las leyes anti-protesta, recuerda Jiménez, como la publicada el pasado mes de marzo en el Estado de México para “regular el uso de la fuerza pública” y que, considera el abogado, tienen la intención de desanimar las movilizaciones generadas, precisamente, por las violaciones a los derechos humanos.
“Pasamos de un sistema autoritario (en 2000) a una democracia con muchísimas fallas”, dice. “Porque si bien todo se centró en la participación electoral, ésta no fue acompañada de otros avances, como el respeto de los derechos humanos, elevar la calidad de las procuradurías, fortalecer los órganos judiciales como contrapeso real al presidencialismo y a sus réplicas en los estados, que son enclaves autoritarios”, agrega.
Para Colorado, si el “combate frontal” a la delincuencia organizada de Calderón agudizó la crisis de derechos humanos, la actitud mostrada por el Gobierno de Peña Nieto ante la desaparición de los normalistas muestra que la anterior política de “simulación” se ha convertido en endurecimiento.
“El caso de Ayotzinapa, que exhibió las grandes faltas en materia de investigación de las desapariciones, lejos de dar este paso contra la impunidad, endurece las estructuras del Estado frente a recomendaciones de organismos internacionales”, dice Colorado.
Es volver al estado de “negación” que caracterizó el Gobierno de Ernesto Zedillo, plantea por separado Maza, cuando, ante las críticas a las violaciones expuestas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional desde 1994, el entonces Presidente priísta optó por expulsar a decenas de extranjeros.
TRANSICIÓN “CONTRAPRODUCENTE”
Para cuando Vicente Fox se convirtió en el primer Presidente emanado de un partido diferente al PRI en 71 años, México era ya un país identificado mundialmente como sede de graves violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con Maza, las organizaciones defensoras empezaron a multiplicarse en México a partir de la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari, entre 1988 y 1994, cuando lo cuestionado de la elección en la que resultó ganador motivó entre la sociedad civil la creación de grupos dedicados a la promoción de temas como la democracia.
Salinas estaba a punto de cerrar su sexenio rodeado sólo de elogios por parte de los medios y gobiernos internacionales que destacaron sus políticas de apertura económica, como la privatización de cientos de empresas y el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Pero el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZNL) el 1 de enero de 1994, recuerda Maza, justo a la entrada en vigor de este acuerdo comercial, cambió de manera “radical de la visión que el mundo tenía de México”.
El alzamiento, dice la investigadora en “México: retórica sin compromiso”, publicado por la Flacso en 2009, mostró “las terribles condiciones de discriminación y pobreza en las que vivían los pueblos indígenas”, propiciando un gran movimiento de solidaridad en todo el mundo e intensificando las relaciones internacionales de las organizaciones mexicanas.
Estas relaciones generaron, ya en la Presidencia de Zedillo, informes que expusieron a nivel internacional casos como el encarcelamiento del general José Francisco Gallardo o la matanza registrada en 1995 en Aguas Blancas, Guerrero, además de propiciar la primera visita a México de un representante de la CIDH.
Ante el aumento de las críticas, sin embargo, lo que Zedillo hizo fue entrar en “negación” e iniciar una campaña de expulsión de extranjeros –sobre todo a los considerados simpatizantes de la causa zapatista– e incluso imponer una visa especial para observadores de derechos humanos.
Una de las organizaciones expulsadas, recuerda la autora, “señaló que ni con Videla en Argentina les había ocurrido lo anterior y que México se encontraba al nivel de Irak, Irán y Sudán”.
A partir de 2000, y “ávido de cambiar la imagen” ante el mundo, dice la investigación de Maza, el entonces nuevo Presidente Fox eliminó los requisitos para las visas de observadores de derechos humanos, inició una política de apertura y de alianza con diferentes organizaciones internacionales, se convirtió en donador de la CIDH e incluso, ante el Consejo de Seguridad de la ON, se opuso a la invasión de Estados Unidos en Irak.
“Todas estas acciones propiciaron que la presión internacional sobre México disminuyera considerablemente a partir de 2001”, plantea el texto de Maza.
Fox, así, nombró a un militar como procurador de la República y trasladó miles de integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional a la nueva Policía Federal.
En ese contexto, en octubre de 2001 fue encontrada sin vida la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, cuya muerte violenta con evidencias de haber sido asesinato fue considerada “suicidio” y permanece sin ser esclarecida.
Como ocurrió a partir de 1997 por la matanza en Acteal, Chiapas, fue sólo la presión derivada de este crimen de alto impacto y de su impunidad lo que motivó ciertos cambios en el Gobierno federal, como el traslado de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Secretaria de Gobernación de la relación con las organizaciones mexicanas, la liberación de los campesinos defendidos por Digna Ochoa y del General Gallardo, entre otras medidas.
Al mismo tiempo, sin embargo, ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos, sobre todo a partir de las cumbres de la Organización Mundial de Comercio en Cancún, en 2003, y de la Unión Europea con México en Guadalajara en 2004, cuando se registraron cientos de detenciones arbitrarias y, en el segundo caso, casos de tortura contra los manifestantes.
Fue también durante este sexenio, recuerda la investigación de Maza, que el Gobierno federal apoyó el despliegue policiaco del entonces Gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto contra los manifestantes de San Salvador Atenco, donde hubo dos víctimas de homicidios –uno de ellos un estudiante universitario de 20 años–, cientos de detenciones arbitrarias, allanamientos y violaciones sexuales.
Todo finalmente, plantea la investigación, como parte de un comportamiento que impulsó la “institucionalización” de los derechos humanos, pero sólo de manera retórica.
“Las expectativas creadas por el cambio del partido en el poder y por su discurso y acciones iniciales en materia de derechos humanos crearon quizá una decepción mayor”, dice la investigación.
“Para conseguir las reformas que más le interesaban (fiscal y laboral) necesitaba al PRI, lo que también implicaba cuidar los intereses de éste”, agrega.
En este contexto, y ya sin la presión internacional, el avance la “institucionalización” de los derechos humanos esperado con la derrota del PRI en 2000 resultó, concluye Maza, incluso contraproducente.
Esto debido a que las reformas y la ratificación de diversos instrumentos internacionales pueden convertirse en los “escudos” que permiten los retrocesos en la protección de los derechos humanos.
“En muchos sentidos se podría decir que, en este caso, la ‘institucionalización de los derechos humanos’ en el sexenio de Fox fue contraproducente al impedir que hubiera presión internacional a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en su sexenio y la impunidad que persistió para las graves violaciones del pasado”, dice la investigación de Maza.
“El Estado de Derecho, que es una condición necesaria para el mejoramiento de los derechos humanos, sigue siendo inexistente”, concluye.
