A un año y 8 meses de que elementos del Batallón 102 de Infantería matara a 22 personas que se encontraban en el interior de la bodega en la comunidad San Pedro Limón, en Tlatlaya, Estado de México, un juez militar dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete elementos castrenses que participaron en esta masacre; el único de los acusados fue condenado a prisión por el delito de desobediencia, ya compurgó su pena. Para organizaciones no gubernamentales este caso “se encamina a quedar impune”.
Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).– El Juzgado Sexto Militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete elementos castrenses que participaron en la masacre de Tlatlaya ocurrida el 30 de junio de 2014; el séptimo de los acusados fue condenado solamente a 1 año de prisión por el delito de desobediencia, pena que ya compurgó, informaron este día 16 organizaciones sociales que han dado seguimiento al caso.
“El caso Tlatlaya se encamina a quedar impune”, denunciaron el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Artículo 19, Freedomhouse, Fundar,la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Red TDT, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), entre otras agrupaciones civiles.
La sentencia a favor de los militares involucrados en la ejecución de 22 personas en el Estado de México sólo pudo ser conocida recientemente por Clara Gómez González, una de las tres testigos de la masacre, quien para acceder al expediente debió promover un juicio de amparo diverso “debido a la opacidad que subsiste en el caso”.
“La exoneración en el fuero militar de los acusados, que confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense -dado que ésta permite que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea-, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente”, manifestaron las organizaciones no gubernamentales.
Dijeron que esta determinación es ilegal por haberla emitido un tribunal carente de competencia, la cual, agregaron, se suma a otras acciones y omisiones institucionales que muestran “una preocupante tendencia a dejar el caso en la opacidad”.
En el tiroteo ocurrido en junio de 2014, el Ejército reportó sobre la muerte de 22 sospechosos de narcotráfico en la localidad de Tlatlaya, en el sur de México. Solamente un soldado resultó herido en el enfrentamiento. La investigación del Centro señaló entre 12 y 15 de los sospechosos fueron ejecutados.
Los grupos civiles destacaron las omisiones de la Procuraduría General de la República (PGR) que “como en otros casos de graves violaciones a derechos humanos” ha fragmentado la investigación integrando varias averiguaciones previas “y ha sido reticente a investigar cabalmente a todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados en los hechos”.
Recordaron que el 2 de julio de 2015 el Centro Prodh solicitó, en ejercicio de la coadyuvancia a la PGR, que se desahogaran diversas pruebas para investigar la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”; entre estas pruebas se solicitó que los mandos militares a cargo de emitir y supervisar dicha orden fueran citados a declarar a fin de deslindar responsabilidades por cadena de mando.
Sin embargo, las organizaciones lamentaron que tras nueve meses la PGR no ha citado a ningún mando militar, eludiendo así sus deberes y negando un ejercicio elemental de rendición de cuentas.
“La absolución en el fuero militar de los involucrados y las omisiones de PGR en la investigación se suman a decisiones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que perpetúan la opacidad en el caso. La CNDH negó a la víctima Clara Gómez González el acceso a la versión íntegra del expediente de seguimiento a la Recomendación 51/2014, argumentando que la Sedena había calificado información del expediente como reservada, en contra de la calificación sobre la publicidad del expediente hecha por el propio Ombudsman anteriormente”, dijeron.
Indicaron que la Comisión de Derechos Humanos tampoco ha informado de los resultados de su revisión de las órdenes militares vigentes en el país y si éstas contienen instrucciones de “abatir delincuentes”, siendo un hecho público que en el contexto de sus operaciones en terreno las Fuerzas Armadas siguen refiriéndose en estos términos a la privación de la vida humana.
“Pese a que la gravedad de este emblemático caso de violación a los derechos humanos debería tener como respuesta una actuación ejemplar de la justicia, las recientes determinaciones apuntan a que la impunidad podría prevalecer en el caso”, lamentaron las organizaciones.
Reiteraron que diversos procesos continúan abiertos en el caso Tlatlaya:
“En la justicia civil federal tres militares están imputados por cargos de homicidio; la PGR aún mantiene abierta la averiguación previa donde se ha solicitado investigar la cadena de mando respecto de la orden de abatir; y, adicionalmente, permanece pendiente el cumplimiento del amparo ganado por Clara Gómez González para que la justicia militar no siga conociendo los hechos, expediente que recientemente ha sido remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.
Las organizaciones advirtieron sobre el riesgo de que en este caso emblemático termine imponiéndose la impunidad “y, en ese sentido, llamamos nuevamente a que la justicia sea exhaustiva”.
Reiteraron además la exigencia de que se investigue la responsabilidad por la emisión de una orden que instruyó a abatir delincuentes, pues de acuerdo con el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, Sr. Christoph Heyns, esta debe ser indagada cabalmente dado que “las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales; deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario”.
Poco después de la matanza, la agencia norteamericana The Associated Press visitó Tlatlaya y escribió que la evidencia física no coincidía con la descripción que había hecho el Ejército de los acontecimientos. Después de los sucesos, la Secretaría de Defensa detuvo en gran medida la difusión de la información.
“En el momento de la matanza de 2014, el Ejército mexicano entregaba periódicamente boletines de prensa en los que describía los enfrentamientos en los que resultaban muertos los sospechosos”, dijo hoy AP en un despacho.
“En otro caso, el organismo de transparencia denegó un pedido de AP en febrero de 2015 para conocer las autopsias de 42 sospechosos muertos tras un desigual enfrentamiento con la Policía Federal, en el que solamente un agente resultó muerto. Las autoridades describieron el hecho como un enfrenta miento con un grupo de sospechosos, miembros de un cártel de las drogas en un rancho de Michoacán.
“El Instituto Nacional de Acceso a la Información en febrero falló en contra de una solicitud de acceso a la información presentada por The Associated Press en octubre. La institución estatal dictaminó que la información debe mantenerse como un secreto de Estado durante cinco años. El instituto se posicionó junto al gobierno al negar que hubiera alguna evidencia de que hubo violaciones de derechos humanos en el rancho donde se produjo el tiroteo”, agregó la agencia.
