La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR inició el pasado 22 de marzo la averiguación previa contra el Secretario Ejecutivo de la CIDH a raíz de la denuncia interpuesta por el Consejo Ciudadano por la supuesta “conducta antisocial” de Álvarez Icaza en la investigación de la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. Ayer la CIDH, dijo que la investigación “resulta temeraria e infundada”. Este miércoles, Emilio Álvarez Icaza dijo que «México se está poniendo en una regresión autoritaria».
Ciudad de México/Washington, 30 de marzo (SinEmbargo/EFE).- El Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, denunció hoy que México está entrando «en una regresión autoritaria» al abrir una «investigación previa» por la denuncia penal «temeraria e infundada» presentada contra él.
«Ni en el Perú de [Alberto] Fujimori, ni en la Venezuela de [Hugo] Chávez, no hay precedente de investigación previa sobre el Secretario Ejecutivo de la CIDH. México se está poniendo en una regresión autoritaria», dijo hoy Álvarez Icaza en la rueda de prensa sobre el próximo periodo de sesiones de la Comisión.
El Secretario Ejecutivo expresó así el malestar de la Comisión por que México abriera una investigación previa a raíz de la denuncia penal presentada contra Álvarez Icaza hace dos semanas por el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, José Antonio Ortega Sánchez, por una supuesta malversación de fondos públicos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga el caso Ayotzinapa.
El día de ayer, la Comisión Interamericana dijo que la averiguación previa iniciada por la Procuraduría General de la República (PGR) contra Alvarez Icaza “resulta temeraria e infundada”. Además, condenó «la campaña de desprestigio que tiene lugar en México contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)».
«La Comisión reitera su respaldo al trabajo realizado por el GIEI en todos sus aspectos y acompaña los informes y las recomendaciones presentadas por el Grupo. Asimismo, la CIDH respalda en forma categórica el accionar de su Secretario Ejecutivo, que en todo momento actuó de acuerdo a las decisiones e instrucciones de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», dijo el organismo autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales inició el pasado 22 de marzo la averiguación previa contra el Secretario Ejecutivo de la CIDH a raíz de la denuncia interpuesta por el Consejo Ciudadano por la supuesta “conducta antisocial” de Álvarez Icaza en la investigación de la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
La dependencia dijo que la denuncia tendrá que ser ratificada por el presidente del Consejo Ciudadano, José Antonio Ortega, quien acusa Álvarez Icaza de haber cometido fraude al Gobierno mexicano de entre un millón 250 mil y 2 millones de dólares al no cumplir con el acuerdo en el que, como parte de la investigación del caso Iguala; “la CIDH enviaría a México como expertos a personas probas, pero los cinco integrantes del GIEI son todo lo contrario”, denunció Ortega.
“Por este conducto hago de su conocimiento que deberán comparecer ante esta Representación Social de la Federación el 23 de marzo de 2016, a las 12:00 horas, con la finalidad de que ratifique, amplíe o modifique su escrito de denuncia de fecha 15 de marzo del año en curso, en contra de Emilio Álvarez Icaza Longoria y quien o quienes resulten responsables”, señaló la Subprocuraduría en un citatorio.
Al respecto, la Comisión Interamericana dijo que la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas, por lo cual “la CIDH no administró estos recursos, por tanto tampoco lo hizo el Secretario Ejecutivo”.
Álvarez Icaza consideró este día de «inaudito» que México haya abierto una investigación previa sobre esa denuncia y participe en una «campaña de desprestigio» contra el grupo después de haber solicitado la asistencia técnica de la CIDH, de reconocer el informe del grupo, y hasta de sugerir algunos de los nombres de expertos.
«Solo el hecho de procesar esa denuncia es un ataque», consideró el secretario ejecutivo, que planea volver a su México natal para seguir trabajando en la defensa de los derechos humanos una vez concluya su mandato el próximo 16 de agosto.
«Los ataques se vienen dando desde octubre [de 2015] y ya hemos tenido que salir dos veces, y en ocasiones los silencios son más preocupantes», agregó.
La Comisión no ha sido informada por parte del Gobierno mexicano de que el trabajo del grupo que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no vaya a continuar después del 30 de abril, pero el martes el Secretario de Gobernación mexicano, Miguel Ángel Osorio, descartó una nueva prórroga y reiteró que el mandato concluye en esa fecha.
La comisión se reunirá el próximo lunes con el GIEI y el próximo miércoles con una delegación del Gobierno mexicano en Washington «para saber qué pretende», en el marco del 157 periodo de sesiones y audiencias públicas.
Durante la próxima semana, la Comisión se reunirá también con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para determinar «cómo proseguir» en este caso.
Álvarez Icaza recordó hoy que, cuando rubricó el convenio con México, lo hizo por «delegación» del secretario general de la OEA, organización de la que la CIDH es órgano autónomo.
«De continuar [el Gobierno] con su campaña [de desprestigio], será una señal clara de un regreso al México autoritario», subrayó Álvarez Icaza.
«Si [el Gobierno mexicano] ataca así a los organismos internacionales, cómo se puede esperar que actúe con los defensores de los derechos humanos en su país», agregó.
México es el país de donde se recibieron más solicitudes de audiencias públicas para el próximo periodo de sesiones de la CIDH, que tendrá cuatro audiencias sobre esa nación.
Los temas que se abordarán serán la situación general de derechos humanos, las desapariciones de niños y adolescentes, la privatización del sistema penitenciario y las restricciones indirectas a la libertad de expresión.
La comisión recibió «información muy importante» de que el Gobierno no presta suficiente atención a las desapariciones de los jóvenes y niños menores de 18 años.
En este periodo de sesiones no habrá ninguna audiencia específica sobre el caso de Ayotzinapa.
El grupo de expertos comenzó a trabajar en el caso en marzo de 2015 en virtud de un acuerdo alcanzado entre la CIDH, el Gobierno mexicano y los familiares de las víctimas.
Tras vencer el periodo de seis meses otorgado a los expertos, las partes acordaron ampliar el mandato hasta abril de este año y transferir la investigación de la Suprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (Seido) a la de Derechos Humanos.
