México, 30 Ene. (Notimex).- La legalización de grupos de autodefensa en Michoacán se justifica por las particularidades y condiciones de urgencia que se viven en zonas conflictivas de ese estado, opinó el representante regional de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito para México, Centroamérica y el Caribe, Antonio Mazzitelli.
Sin embargo la acción de esos grupos no puede ser permanente, porque uno de los fundamentos del Estado moderno es que el monopolio del uso de la fuerza pertenece en exclusiva al Estado, subrayó en entrevista.
Luego de participar en la presentación sobre la Estadística de la Eficiencia en el Combate a la Trata de Personas, elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano, el diplomático respaldó la política de este gobierno para restablecer el orden en Michoacán.
El nombramiento de un comisionado con amplios poderes, la presencia de las fuerzas federales y la cooperación de las autodefensas armadas con equipo de uso exclusivo del Ejército son acciones tal vez no deseables, pero que se justifican por las condiciones que se viven en la entidad, consideró.
En su opinión, en un futuro será necesario diseñar y aplicar programas sociales sólidos y viables para atender el rezago social en Michoacán, así como erradicar las condiciones que permiten la cooptación de los ciudadanos por el crimen organizado.
Sobre la trata de personas, Antonio Mazzitelli dijo que esperarán el diagnóstico elaborado por el gobierno mexicano a solicitud de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para evaluar el compromiso estatal contra este flagelo, que definió como “la esclavitud del presente”.
El director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas Rodríguez, lamentó a su vez que en el país haya gobernadores y procuradores que niegan incluso la existencia de este delito en sus entidades, aunque reconoció que hay otros que han asumido su responsabilidad en el combate a la trata de personas.
Con la información disponible, el Observatorio Nacional Ciudadano encontró que el índice de efectividad en el combate a este delito es de apenas dos por ciento, medido en la relación de condenados a víctimas, que en los estados es de 17 condenas por cada 846 víctimas.
En el ámbito federal, la efectividad es de 10 por ciento, porque se encontró una relación de 30 averiguaciones previas por 283 consignados.
