WOLA y las organizaciones firmantes señalaron que en caso de formalizar dicha ley se pondrían en peligro las reformas de derechos humanos del 2011 y 2014 en las que se restringió el alcance del fuero militar además de sentar un precedente negativo para América Latina.
Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y organizaciones firmantes expresaron su preocupación y exigieron rechazar la Ley de Seguridad Interior (LSI) en México que pretende normalizar la participación de las fuerzas armadas en labores policiales.
La organización civil señaló que a pesar del rechazo manifestado y contra la opinión de expertos en seguridad y derechos humanos la Cámara de Diputados del país programó la discusión de dicha ley para el jueves 30 de noviembre.
WOLA señaló que durante años han documentado los abusos a los derechos humanos cometidos en el país por militares como parte de la lucha contra la delincuencia, además resaltó la impunidad que impera en la mayoría de los casos cometidos por la delincuencia organizada y las fuerzas de seguridad que el sistema de justicia civil investiga y sanciona.
“Ante esta situación, urgimos al Congreso mexicano a rechazar una ley que levanta serias y fundadas preocupaciones y a hacer valer a nivel interno el compromiso con los derechos humanos que México defiende férreamente ante la comunidad internacional”, afirmó la organización.
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La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos señaló que es deber del Estado mexicano responder a las exigencias de las organizaciones sociales que piden profesionalizar la policía y garantizar una Fiscal y una Fiscalía autónomos, ya que estos son las “herramientas necesarias para acabar con la impunidad generalizada en el país”.
Aseguraron que dicho debate sobre los cambios en las leyes que regulan la seguridad pública deben estar acompañados de un plan de retiro progresivo de las fuerzas armadas relacionado, también, a su profesionalización en todos los niveles.
WOLA y las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT), Amnistía Internacional, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Conectas Direitos Humanos y Fundación para el Debido Proceso (DPLF), agregaron que en caso de formalizar dicha ley se pondrían en peligro las reformas de derechos humanos del 2011 y 2014 en las que se restringió el alcance del fuero militar además de sentar un precedente negativo para América Latina.
