La cruzada de Alfredo Castillo contra las federaciones deportivas mexicanas llevan un sello de imposición que ha caracterizado durante años al que fuera considerado el «apagafuegos» de Peña Nieto. ¿Su presencia terminará dejando a México fuera de Río 2016?
Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- Alfredo Castillo Cervantes llegó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) sin ningún antecedente en este rubro. Sin embargo, detrás de él llevaba arrastrando una serie de escándalos. Con esa misma tónica incursionó en el deporte y no ha defraudado a su historial turbulento.
Su mandato en este sector ha hecho gala de la misma intolerancia que caracterizó su paso previo como Comisionado para el desarrollo integral de Michoacán, la Procuraduría del Estado de méxico, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y otros lugares e instituciones que ha pisado. Con esta misma tendencia, ahora busca imponerse en su nuevo cargo sin medir las consecuencias.
El primer paso de Castillo Cervantes fue fiscalizar el dinero que la Conade daba a las federaciones y al encontrar irregularidades como facturas falsas, largos periodos de dirigencia, abusos de autoridad y desfalcos, decidió abanderarse en una cruzada que ahora tiene a la participación mexicana en Río 2016 pendiendo de un hilo.
Las medidas despertaron inconformidades de inmediato. Sin embargo, lejos de relajar su imposición, decidió llevar las cosas un paso más allá y pidió a Federaciones Internacionales que desconocieran a sus filiales en México y realizó otro tipo de maniobras como apoyar las ligas de beisbol profesional para que se desvinculen de su Federación.
La primera «desconocida» internacionalmente fue la federación de Lucha Olímpica y ante la situación otras nueve federaciones mexicanas (box, atletismo, pesas, boliche, lucha, tiro con arco) se unieron para emitir un comunicado al Comité Olímpico Internacional (COI) que explicaba lo que se estaba viviendo.
Carlos Padilla, titular del (Comité Olímpico Mexicano) COM, se encargó de enviar el mensaje a Thomas Bach, titular del COI y, según Padilla, éste considera que ya es una intromisión excesiva del Gobierno federal, acción que va en contra de la Carta Olímpica.
“A los que se les va a revertir es a los hoy quejosos, porque va a quedar exhibidos internacionalmente como lo que son, presuntos delincuentes, gente que le ha hecho daño al deporte”, dijo el directivo respecto a los señalamientos del COM y las distintas federaciones que se han mostrado en desacuerdo con las medidas implementadas por Castillo Cervantes.
“Lamentó que en el país tengamos un comité olímpico que está más preocupado por el COI que por México”, agregó.
ADMINISTRADOR SEVERO
Las federaciones nacionales en México son Asociaciones Civiles que reciben dinero del Gobierno federal para desarrollar su deporte. Sin embargo, a pesar de que deben comprobar ese recurso a la Conade, la rendición de cuentas de todo su trabajo se la deben a sus federaciones internacionales.
No obstante, Castillo se empeña en defender el dinero del Estado como si fuera suyo y, al menos tratándose de eventos realizados en nuestro país, afirma que no está dispuesto a perder más dinero.
“No queremos seguir gastando cientos de millones de pesos sólo por amenazas”, dijo el directivo refiriéndose al preolímpico de basquetbol, por el que se tuvieron que pagar unos 74 millones de pesos a la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) para garantizar que la competencia se realice en México.
La renuencia de Castillo no sólo se extiende al basquetbol. Actualmente la Conade sostiene un juicio en Suiza, sede de la Federación Internacional de Natación (FINA), debido a un pago que exige el organismo internacional por el contrato que no se cumplió al renunciar al mundial de la especialidad que se realizaría el año pasado en Guadalajara.
«Nos estamos enfrentando a federaciones que quieren que se pague, pero no queremos seguir regalando dinero”, agregó el directivo.
Simultáneamente, la Conade ha dejado de darle recursos a algunas federaciones, sin importarle que dicho presupuesto estuviera etiquetado desde el año pasado. Esto ha afectado a atletas, como los de tiro con arco, entre los que se encuentra la medallistya olímpica Aída Román, que deben pagarse sus viajes para competir o los boxeadores que “botearon” en la calle para ir al Mundial, por plaza olímpica.
Ante las intromisiones y falta de apoyo al deporte olímpico mexicano, por parte del Gobierno Federal, el COI piensa sancionar a Mexico y tomará la decisión entre el 8 y el 10 de diciembre, cuando se lleve a cabo la reunión del Comité Ejecutivo del organismo, en donde se tocarán los problemas del deporte mexicano. El castigo puede ser que las insignias nacionales (Himno y Bandera) no aparezcan en Río 2016.
Respecto al destino de los atletas, una delegación de México con deportistas nacionales clasificados a Río 2016 podrían competir, pero estos portarían las insignias olímpicas y, en caso de ganar una medalla de oro, sonaría el himno del COI.
UN PASADO TURBULENTO
Desde hace más de una década, a Castillo Cervantes lo ha caracterizado una tendencia preocupante a estar ubicado en puntos de conflicto, ya sea por nombramiento o por sus mismas acciones.
Castillo fue asesor de la Procuraduría General de la República (PGR) en 2002, con Rafael Macedo de la Concha; fue director del área de Planeación Estratégica de la ahora extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) de la PGR. Después de esto, estuvo en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como director de Concertación, Modernización y Profesionalización y director de Servicios de Seguridad Privada. Años después ya era subprocurador regional de Cuautitlán Izcalli, y en mayo de 2010, el entonces Gobernador Enrique Peña Nieto lo designó como titular de la Procuraduría del Edomex cuando Alberto Bazbaz renunció por el escandaloso caso de la desaparición y muerte de la niña Paulette. Nunca se responsabilizó a nadie por la muerte de la menor.
Como Procurador también tuvo a su cargo la captura de Óscar Osvaldo García, alias “El Compayito”, líder de la organización delictiva conocida como La Mano con Ojos, conformada por células del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Uno de los golpes más polémicos de Castillo al frente de esta dependencia fue la detención de 17 personas involucradas en el robo y la violación de siete menores que se encontraban en un campamento en el lugar conocido como “El Colibrí”, en Chalco. La presentación del video en el interrogatorio a los detenidos y la crudeza con la que se hablaba de los hechos, principalmente las violaciones, generó una serie de críticas por la difusión de los mismos en los medios de comunicación.
Se recibieron distintas quejas por parte de los familiares de las víctimas pues las declaraciones de los presuntos culpables fueron transmitidas por cadena nacional y se detallaban los ultrajes a las víctimas.
Castillo también presentó ante las cámaras la detención de Armando Librado Legorreta, mejor conocido como “El Coqueto”, un chofer de autobús acusado de siete feminicidios, seis de ellos ocurridos en la entidad mexiquense y el otro en la Ciudad de México. Una vez atrapado, se dio a la fuga en la Subprocuraduría de Barrientos, Tlalnepantla, a causa de un descuido de los policías que lo resguardaban, quienes posteriormente también huyeron.
Después de su aventura en la justicia del Edomex fue designado Procurador federal del consumidor luego de que Humberto Benítez dejara esa dependencia por otro escándalo. Sin embargo, el mejor ejemplo de la marcada preferencia que el Gobierno Federal tiene por él se dio cuando se le nombró titular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, tras lo cual se le acusó, entre otras cosas, de meter a prisión al doctor José Manuel Mireles con cargos no comprobables.
Castillo fue nombrado Comisionado el 16 de enero de 2014 en medio de una crisis en la que el gobierno de Fausto Vallejo Figueroa fue incapaz de frenar los enfrentamientos entre grupos de autodefensas y el cártel de Los Caballeros Templarios.
Desde entonces, a Castillo Cervantes le llovieron todo tipo de calificativos y se convirtió en una especie de “virrey” al que todos en la entidad tenían que rendirle cuentas. Las críticas no demoraron.
“Si Peña Nieto lo designó mediante un decreto ¿le va a rendir cuentas al Congreso de la Unión? ¿Le va a rendir cuentas al congreso local? ¿A quién le va rendir cuentas? Será una suerte de virrey con plenos poderes sin ningún contrapeso, sin ninguna responsabilidad legal ante ninguno de los poderes establecidos. Eso es la autocracia”, dijo en su momentos Jesús Zambrano Grijalva, cuando era presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Para entonces, si algo caracterizaba ya a Castillo Cervantes, era su función de apagafuegos de Peña Nieto. Siempre sus actuaciones fueron espectaculares y estuvieron bajo los reflectores. Sin embargo, sus medidas siempre dejan un rastro de imposición. Las relaciones actuales entre la Conade y el COM son el ejemplo claro de esto. No obstante, ahora no se trata de cuestiones judiciales, sino del futuro deportivo del país.
“Castillo sabrá de política, de cómo meter a la cárcel a delincuentes y desafortunadamente estamos recibiendo un trato como si fuéramos delincuentes, yo me siento así”, expresó en semanas pasadas Aida Román, medallista olímpica mexicana.
