Para el Senador Javier Corral, el modificar una ley que se aprobó en esta misma administración, demuestra que las reformas estructurales son iguales a cualquier otra regulación.
Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- Para el Senador Javier Corral Jurado, lo que está de fondo en las propuestas por aplazar la fecha del apagón analógico, es el hecho de que Grupo Televisa no realizó la inversión necesaria para la digitalización de señales en todo el país, específicamente en aquellas señales que atienden las zonas más pobres y marginadas del país, donde el interés publicitario de los anunciantes es casi nulo, y por el contrario, lo que busca es un año más de concentración de espectro, infraestructura, publicidad y audiencia.
Según cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en un informe sobre la evolución del programa de la Transición Digital Terrestre (TDT), menciona que del total de las 460 estaciones principales que existen en el país, ya están operando 445 mil 14 en instalación y una sola en proceso de autorización; de estas señales existen 846 y sólo 67 están digitalizadas porque así se asignaron originalmente; 313 tienen solicitud de migración pero no existe información sobre si alguna ya está en operación, y más de la mitad, el 55 por ciento, ni siquiera cuentan con una solicitud de migración ante la autoridad.
“Al no ser rentable, no asignaron los recursos para adecuar la infraestructura necesaria de las antenas para las estaciones de señales complementarias e incluirlas en el nuevo modelo de migración de la TDT”, mencionó el Senador por el Partido Acción Nacional (PAN), en un comunicado.
Esto se contrapone a lo que Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa, anunció el pasado 21 de octubre en el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva. Sostuvo que Televisa ya había realizado la inversión y tenían medidos los costos, por lo que no tenían ningún problema en seguir; que ya transmiten en señal digital desde hace 11 meses y que producen programas ya para esa tecnología.
Pero, agregó, que veía “complicadísimo” y “bien difícil”, concretar la transición de lo analógico a lo digital en televisión abierta, y que más allá de querer boicotear el proceso, la empresa defendía el derecho a la televisión abierta de millones de personas en el país.
Esos millones de personas que viven en las zonas más marginadas, es a las que no les digitalizó su señal de televisión. Para el Senador resulta una mentira el argumento, porque con las cifras del IFT, queda evidenciada la falta de inversión en las antenas de señales complementarias.
“Si este espíritu por defender los derechos fundamentales fuera real, se solicitaría acelerar tal proceso para generar una auténtica competencia en el sector, y animar así, la pluralidad de contenidos”, agregó el Senador.
La TDT fue uno de los temas más relevantes en el proceso de aprobación de la Reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión, al ser una innovación tecnológica de gran impacto en el ejercicio del derecho a la información, competencia en televisión y pluralidad y diversidad de contenidos, ya que permite transmitir, donde antes había un solo canal, varias señales más.
Las razones por las que analistas consultados por SinEmbargo consideran que Televisa se opone a la acción constitucional, es por motivos de competencia y su modelo de negocios; requieren del rating para ofrecer paquetes de publicidad, la principal fuente de ingresos de las televisoras.
En este sentido, la entrada de Cadena Tres al mercado, es un factor que las empresas que controlan el 96.5 por ciento del mercado, Televisa y Tv Azteca, que consideran riesgoso para sus ingresos por publicidad.
Entonces posponer el apagón también es un freno a la entrada de Cadena Tres, quien pagó mil 800 millones de pesos por una cadena de televisión digital de cobertura nacional. Además anunció un soporte financiero de 10 mil millones de pesos para el despliegue de toda la infraestructura necesaria y ya está en un proceso de transición que le ha generado gastos por más de 5 mil millones de pesos.
Otro mercado que Televisa quiere cuidar es el de la televisión por cable, donde fue declarado Agente con Poder Sustancial al tener una participación del 62 por ciento.
Sin embargo, es este mercado el que actualmente sostiene a la empresa: sus servicios de triple play, IZZI, Cablecom y Sky suponen en 2015, el 54.2 por ciento de los ingresos de la empresa, 12 por ciento más en comparación con el mismo periodo de 2014. En lo que respecta a los ingresos por los servicios de cable (Ceblevisión, Cablemás, Cablecom, Telecable) en los tres últimos meses fueron de 5 mil 912 millones de pesos, con una utilidad de 2 mil 372 millones de pesos.
Aplazar el “apagón analógico” beneficia al preponderante de la televisión restringida; es decir Televisa, pues la TDT abriría mayor oferta programática y de contenidos de manera gratuita, lo cual impactaría en la disminución de sus suscriptores actuales.
Esta fue una de las razones de mayor peso para boicotearlo en 2013, ya que con la señal digital hay casas que reciben hasta 40 canales. “La ecuación es muy sencilla: TDT aumenta disposición de canales abiertos en beneficio del consumidor. Más competencia, menor precio”, se agrega en el documento.
Otra de las consecuencias sería el retraso del proceso de licitación de la Red Compartida que será desplegada en la banda de los 700 MHz y que hoy es ocupada en varios segmentos por algunas concesiones de televisión. Esta política, además de atraer fuertes inversiones, es una oportunidad para aumentar la cobertura de Internet en zonas rurales e impulsar la inclusión digital, otra de las promesas de la reforma en materia.
REFORMAS ESTRUCTURALES ENDEBLES
En el documento también se advierte una fuerte crítica a la postura de los legisladores. Para Corral, el Congreso exhibe la fragilidad de las reformas constitucionales, sobre todo, de las llamadas “reformas estructurales”, que fueron vendidas a la población como cambios necesarios para el progreso de México, pero “que son tan flojas como cualquier regulación mínima”.
A la declaración de Azcárraga, le siguieron otras de legisladores de los principales partidos. Miguel Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), habló de la presentación de una iniciativa que reformara la Constitución para que el apagón se concrete el 30 de junio de 2016. Por su parte, representantes del Partido Acción Nacional (PAN) propusieron que sea hasta el 31 de diciembre de 2016. A su vez, Emilio Gamboa Patrón dijo que su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), no permitiría que miles de familias se queden sin señal de televisión.
Javier Lozano Alarcón, también Senador del PAN, ha sido uno de los actores principales desde que se aprobó la reforma hasta este punto en el que ahora busca revertir lo que en su momento aprobó.
Además de insistir en ampliar la fecha, pide que se vuelvan a encenderse las zonas que ya habían sido “apagadas”, es decir, se regresaría a los concesionarios (Televisa y Tv Azteca) el espectro que el Estado ha ido recuperando por etapas.
El IFT en un comunicado del día de ayer, le reviró a Lozano el cambio que quiere hacer al marco legal que él mismo defendió y votó, “Si no se quería que terminara la transición a la Televisión Digital Terrestre el 31 de diciembre de 2015, ¿por qué lo aprobó así? Si no se querían apagones analógicos anticipados ¿por qué los aprobó?”, cuestionó el Instituto.
“Televisa manda sí, el mensaje de su poder vigente y transversal a partidos y poderes. Pero México, como Nación y gobierno, le envía al mundo el deplorable mensaje de que las reglas constitucionales -en materia energética, de telecomunicaciones, educación,
financiera o de competencia económica-, se pueden cambiar al gusto de un empresario con influencias en el Congreso. Sobre todo si tiene un arma poderosa como la del señor Azcárraga y la tiene apuntada a un régimen político corrupto y en franco proceso de pudrición y ocaso”, concluye el texto de Corral Jurado.
“Ah, que lo dice la Constitución, como si fuéramos aquí muy puristas, de que jamás le metemos mano a la Constitución”, es uno de los argumentos que ha manejado Lozano Alarcón.
LOS DERECHOS DE LA AUDIENCIA
La Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA) dijo hoy, en un comunicado, que postergar el apagón analógico tiene implicaciones en materia de los derechos de las audiencias y que de acuerdo con los Estándares sobre Transición a la Televisión Digital Terrestre de la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), deben agotarse las posibilidades para garantizar a las audiencias el acceso a la televisión digital abierta antes del apagón analógico.
Si bien considera que uno de esos derechos es el de las personas que no cuentan con un aparato que reciba la señal digital, también se debe priorizar el acceso a la televisión digital abierta y a una mayor oferta de canales.
“Esta Asociación demanda respetar en lo posible el mandato constitucional y que los Poderes de la Unión se concentren en atender su obligación de garantizar los recursos necesarios para cumplir en tiempo y forma con el apagón analógico respetando el compromiso de penetración de al menos 90 de los hogares que sólo cuentan con equipos analógicos para recibir las señales de la televisión abierta y garantizando que la población más desfavorecida tenga acceso al servicio”, puntualizó la AMDA.
GRUPO IMAGEN DESMIENTE DEMANDA AL GOBIERNO
Grupo Imagen Multimedia aclaró esta tarde que el comunicado donde se señaló que la empresa consideraba interponer una demanda contra el Gobierno federal si el apagón analógico no se lleva a cabo el 31 de diciembre de este año, como lo indica la Constitución, es apócrifo y que la empresa aún no ha fijado ningún posicionamiento sobre el tema.
Hoy por la mañana comenzó a circular un Olegario Vázquez Aldir, propietario de la compañía, en un comunicado. “Aplazar el inicio de las transmisiones digitales no sólo afectaría nuestro programa de inversiones de 10 mil millones de pesos, sino que el propio Gobierno estaría incentivando prácticas anticompetitivas en favor de las televisoras abiertas de cobertura nacional ya existentes”.
De retrasar el apagón, señalaba el documento rechazado esta tarde por Grupo Imagen, el Gobierno federal mancharía la transparencia con que se manejó la licitación para operar nuevas cadenas de TV abierta. “Se pondría en duda la intención del Gobierno federal de hacer llegar nuevos y mejores contenidos a la población mexicana”, remataba.
Horas después, en un comunicado, la empresa aclaró que “Olegario Vázquez Aldir, director general de Grupo Empresarial Ángeles, no ha hecho declaración alguna al respecto”.
“Grupo Imagen Multimedia no ha fijado una posición sobre el particular y, por lo tanto, rechaza la versión que algunos medios le han atribuido”, agrega.
