Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).– Organizaciones civiles de 14 países de América Latina presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un estudio en el que dicen que las políticas migratorias han pasado de la protección al acoso de los migrantes. El informe plantea avances y desafíos frente a la protección internacional e integración efectiva de población solicitante de asilo, refugiada, y apátrida en la región.
En Centroamérica, informaron, la violencia del crimen organizado es uno de los mayores factores de desplazamiento de la población, y eso, afirman, genera graves violaciones a los derechos humanos, principalmente de los habitantes del Triángulo Norte, compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador, los tres países de Latinoamérica, señalan, con las tasas de criminalidad más altas.
Los organismos afirman que México pasó de ser un país de tránsito a uno de destino para las personas desplazadas por la violencia en Centroamérica. Sin embargo, declaran que en el país se evidencia una progresiva tendencia al control, restricción y reducción en el goce de derechos y garantías individuales, fundamentada en el argumento de preservar la “seguridad nacional”.
En cuanto a desplazamiento interno, desde 2008 se tiene el registro de al menos 170 mil personas en situación de desplazamiento y alrededor de 121 desplazamientos masivos (más de 10 familias de manera simultánea), afirma el comunicado.
Las organizaciones aseguran que en los diferentes países de la región existe la dicotomía entre la seguridad nacional y la protección internacional, particularmente observada en los distintos controles de frontera (terrestre, marítima y aeroportuaria), lo cual representa, afirman, uno de los retos principales que enfrenta la región.
Ante ello demandan que además del interés legítimo en materia de seguridad nacional, los Estados incluyan la protección internacional de personas que por diversas causas la requieran en el marco del debido proceso.
Para la provisión de un proceso justo para personas desplazadas, las organizaciones indican que se debe contar con los procedimientos de admisibilidad, los plazos cortos para solicitar asilo, la falta de asesoría y representación legal, entrevistas inadecuadas, limitaciones al derecho de revisión o apelación y plazos largos para recibir respuestas a una solicitud.
Nancy Pérez, directora de Sin Fronteras, demandó castigo a los responsables del asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y, afirmó, “no pueden quedar impunes las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en septiembre del presente año” para que, dijo, prevalezca la verdad y la justicia para sus familiares.
