Ciudad de México, 29 de oct (sinembargo.mx) – Cientos de indígenas chiapanecos e inmigrantes centroamericanos viven en una situación de esclavitud en las fincas cafetaleras propiedad de alemanes, “solapada y hasta fomentada” por el gobernador Juan Sabines Guerrero, denunció Olegario Carrillo Meza, presidente de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), quien además ha iniciado una campaña para informar ante organizaciones defensoras de derechos humanos en el país sobre las condiciones, prácticamente "feudales", con que son tratados los trabajadores cafetaleros.
Desde la segunda semana de octubre, Olegario Carrillo Meza, presidente de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), ha venido denunciando en diversos medios de comunicación, así como en organizaciones defensoras de los derechos humanos, que en las fincas cafetaleras de Chiapas hay irregularidades en el trato que reciben los indígenas e inmigrantes guatemaltecos que laboran en ellas, llegando a calificarlas como de "esclavitud".
El dirigente urge ahora a la Secretaría de Gobernación que intervenga para dar solución a este maltrato por parte de dueños extranjeros de esos ranchos cafetaleros, pues el gobernador, Juan Sabines Guerrero, no los ha querido frenar.
Explotación, abuso, discriminación e ilegalidad son los ingredientes de la mezcla de café amargo que se produce en las fincas chiapanecas, narra también una crónica publicada por El Universal y firmada por Carolina Rocha.
La periodista registró que el maltrato no sólo se da en los cafetales, sino también en las fincas de plátano, azúcar, caña y cacao.
“Como en la época de la hacienda feudal, está prohibido salir mientras dure el contrato de trabajo; el alimento, techo y cuidado lo provee el patrón; y lo que no da él, sale del bolsillo del trabajador al estilo de las tiendas de raya”, dice Rocha.
“Así es la vida del pobre, dichoso el que vive de otra forma” suelta con dolorosa crudeza uno de los trabajadores guatemaltecos que espera en la Casa Roja del Instituto Nacional de Migración, justo en la frontera de Talismán, su permiso temporal de trabajo.
De acuerdo con medios locales y diversas fuentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los pagos van de 50 a 100 pesos por jornada. Pero, también se denuncia que la CNDH no ha llegado al fondo de esto, porque hay lugares a los cuales no han tenido acceso ya que no hay vías de comunicación efectivas y se requiere de varios días de caminata para llegar hasta ellos.
Se especula, que es ahí donde la situación de maltrato laboral existe con mayor presencia, pues es donde más se refugian inmigrantes centroamericanos e, incluso, familias enteras.
La frontera sur del país tiene una extensión de 1,140 kilómetros. Cuatro estados de México colindan con la región centroamericana: Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.
Existen diversos cruces por donde indocumentados centroamericanos ingresan a México para poder llegar a los Estados Unidos. Según datos del Instituto Mexicano de Migración la frontera con Guatemala –que está en Chiapas– es la más concurrida para cruzar (de 40 mil a 80 mil personas cada año), pero también es de las más peligrosas.
Según casas de asistencia y la Comisión Nacional de Derechos Humanos existe un número indeterminado de casos de vejaciones, asaltos, tortura, explotación sexual, secuestro y asesinatos en esta zona. Se sabe que quienes están detrás de estos delitos son miembros del crimen organizado. Pero ahora, también se suman los empresarios que quieren sacar provecho de la situación de pobreza y hambre que viven los indocumentados.
Olegario Carrillo, un jornalero entrevistado por El Universal, asegura que los trabajadores carecen de herramienta o de equipo que los mantenga a salvo de algún animal o de los químicos que se rocían en los cafetales. Además que para los trabajadores no es fácil regresar a sus comunidades, pues la travesía y los caminos son riesgosos. Esto también impide que se cuente con servicios de salud dignos.
En el caso de los centroamericanos, según testimonios entrevistados por fuentes periodísticas, aceptan de inmediato cualquier paga bajo cualquier condición, pues “están desprotegidos en un país como México”. En ocasiones, autoridades mexicanas los contactan con los patrones de las fincas; y son estos mismo los que retienen sus papeles hasta que hayan cumplido su último día de trabajo.
Dentro de las fincas a los trabajadores se les mantiene siempre con hambre, así lo relata la crónica publicada por El Universal. Sin embargo, existen tiendas para que los jornaleros puedan satisfacer esa necesidad básica, pero eso cuesta dinero, que será descontado de su sueldo.
Hay niños, pero no hay escuelas. Ellos también deben trabajar, aunque a un ritmo más lento. Hay dormitorios, se les llama “galleras”, y son unas literas de madera sin colchón, así es como describe ese mundo la periodista Carolina Rocha.
El líder nacional de la UNORCA aseguró que a la explotación de indígenas y campesinos en Chiapas se suma la persecución judicial que ha emprendido el mandatario estatal chiapaneco, Juan Sabines, en contra de militantes y dirigentes de esa organización por exigir la restitución de 271 hectáreas de las que fueron despojados cientos de familias. “Probablemente hasta niños estén trabajando”, dice una fuente de la CNDH al sitio web Periodistas en Línea.
Carrillo Meza dijo que ya solicitó la intervención directa del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, para que el mandatario estatal deje en libertad a Juan Diego Gálvez Gómez, Jerónimo Díaz López e Ignacio Díaz López, detenidos "injustamente" por haber emprendido acciones para la recuperación de sus tierras en el predio Santa Elena, municipio de Tapachula, que fue reclamado por Everardo Bensftorff, hijo de alemanes, pero que hoy vive en Estados Unidos.
–Fotos: Cuartoscuro-
