En 2014, la ASF dijo que el Atlas Nacional de Riesgos no contaba con información confiable y recomendó al Gobierno destinar más recursos en materia de gestión de riesgos. Incluso, reprendió a las autoridades por gastar más en reconstrucción que en preparación para desastres. A este llamado se atendió poco. Tres años después, en el presupuesto de 2017 se le recortó un 25 por ciento al financiamiento para varios proyectos contra desastres, y el de Protección Civil pasó de 8 mil 600 millones de pesos a 6 mil 400 millones de pesos.
El Centro Nacional de Prevención de Desastres, fundado tras el mortal sismo de 1985, tuvo un recorte presupuestario del 20 por ciento entre 2012 y 2016. El Fopreden, un fondo de prevención de desastres naturales, fue recortado en un 50 por ciento; en tanto que el de Fonden, un fondo más grande de ayuda para desastres, se redujo en un cuarto, de acuerdo con el presupuesto del gobierno de 2017.
El sistema del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, que detecta temblores y envía una alerta que da a los más de 20 millones de capitalinos tiempo para evacuar edificios, opera con menos de 30 millones de pesos al año, pero necesita más monitores para detectar aún más movimientos como el del 19 de septiembre, de 7.1 de magnitud.
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Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- Desde 2014 la Auditoria Superior de la Federación (ASF) alertó que el Atlas Nacional de Riesgos no contaba con información confiable, oportuna y suficiente, lo que restaba fortaleza al Sistema Nacional de Protección Civil.
Recomendó, en ese entonces, destinar más recursos en materia de gestión de riesgos, sin embargo, el Gobierno federal ha recortado el presupuesto para desastres hasta en un 50 por ciento en los últimos años, como parte de una reducción más amplia ante a la caída de los ingresos petroleros, que financian cerca del 20 por ciento del presupuesto federal.
“El diseño normativo de la política de protección civil, correspondiente al periodo 2000-2014, establece disposiciones que son congruentes con cada uno de los componentes de la política pública diseñada para atender tanto las causas como los efectos del problema diagnosticado por el Estado en protección civil; sin embargo, el Manual de Organización y Operación del SINAPROC data de 2006, por lo que fue elaborado con base en una Ley General de Protección Civil que ya no está vigente y, en consecuencia, no incorpora elementos fundamentales de la ley vigente y su reglamento, tales como la gestión integral de riesgos, lo que puede dificultar la operación de la política pública”, destacó la ASF en 2014.
El presupuesto de 2017 recortó en un 25 por ciento el financiamiento para varios proyectos contra desastres, y el de Protección Civil de México a 6 mil 400 millones de pesos este año desde los 8 mil 600 millones de pesos del año pasado, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El recorte a la prevención de desastres fue un tema que varios legisladores de oposición reclamaron a las autoridades al considerar que "abandonaba las responsabilidades del Estado con su población, ante los inevitables e impredecibles riesgos de desastres".
Ahora, después de los dos terremotos (7 y 19 de septiembre) y de los daños causados por los huracanes “Katia”, “Irma” y “José”, el Gobierno de México está presionado para encontrar maneras de reconstruir.
El martes, el Presidente Enrique Peña dijo que la reconstrucción en las zonas afectadas tendría un costo de más de 38 mil millones de pesos, cifra un poco menor de la que el Gobierno federal ha gastado en otros rubros como el de publicidad oficial, por ejemplo.
Ayer, las organizaciones en la Red por la Rendición de Cuentas y Fundar exigieron al Gobierno federal canalizar dinero público hacia la reconstrucción, específicamente el que se destina al gasto en publicidad oficial. De 2013 hasta el primer semestre de 2017 la cifra asciende a 37 mil 725 millones de pesos, lo que equivale a lo destinado para la atención y prevención de desastres naturales en 2015 y 2016.
MÁS RECORTES
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), fundado tras el mortal sismo de 1985, tuvo un recorte presupuestario del 20 por ciento entre 2012 y 2016.
Peña Nieto también disminuyó los presupuestos para 2017 de dos fondos gubernamentales que financian esfuerzos de ayuda en caso de desastres, según datos oficiales.
Se trata del presupuesto del Fopreden, un fondo de prevención de desastres naturales, fue recortado en un 50 por ciento; en tanto que el de Fonden, un fondo más grande de ayuda para desastres, se redujo en un cuarto, de acuerdo con el presupuesto del gobierno de 2017.
El sistema del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires), que detecta temblores y envía una alerta que da a los más de 20 millones de capitalinos tiempo para evacuar edificios, opera con menos de 30 millones de pesos al año, pero necesita más monitores para detectar aún más movimientos como el del 19 de septiembre, de 7.1 de magnitud.
Juan Manuel Espinosa, director del Cires, dijo a la agencia de noticias Reuters que una mejora en la detección pudo haber avisado hasta cinco segundos adicionales a los residentes de la Ciudad de México de que venía un sismo. En la práctica, muchos de los habitantes afirmaron haber escuchado la alarma cuando el sismo ya había comenzado.
“Repetidas solicitudes a Peña Nieto por parte del Cires obtuvieron un silencio olímpico", dijo Espinosa a Reuters.
De acuerdo con la organización de las Naciones Unidas (ONU), cada dólar gastado en preparación ahorra alrededor de siete dólares en respuesta. En 2014, la ASF reprendió al Gobierno por gastar más en reconstrucción que en preparación para desastres.
"Mi preocupación es que debe invertirse más en prevención. En primer lugar porque salvas vidas. En segundo lugar, porque te vas a ahorrar, te va a salir más barata que la reconstrucción", dijo a Reuters Enrique Guevara, ex director del Cenapred.
En México es común que los cargos públicos sean otorgados a personas que no están capacitadas para el puesto, tal es el caso de Luis Felipe Puente Espinosa, Coordinador General de Protección Civil.
SinEmbargo publicó un reportaje donde informó que durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto las vidas de los mexicanos quedaron en manos de una persona cuyo nivel máximo de estudios es una carrera técnica en Administración de Empresas Turísticas que cursó en la Escuela Mexicana de Turismo, y por la cual obtuvo una constancia, según confirmó este medio digital en esa institución, así como en la declaración patrimonial del funcionario ante la Secretaría de la Función Pública.
La Coordinación Nacional de Protección Civil de la que es titular Luis Felipe Puente Espinosa es la instancia eje de la Secretaría de Gobernación para realizar las tareas de la reconstrucción de México después de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados.
Por mandato legal, debe elaborar los censos de damnificados y las listas de víctimas mortales. Entre sus atribuciones, está elaborar planes para alertar a la población sobre los estragos de los desastres naturales.
Pero el currículum de Luis Felipe Puente Espinosa ante la Función Pública, no tiene un solo dato que indique que cuenta con experiencia en la Protección Civil, una carrera que según Carlos Zaldívar Edding, de la Comisión Especial de Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), requiere experiencia operativa en el terreno de los desastres.
Para que la reconstrucción tenga éxito, el Gobierno debe encontrar fuentes adicionales de financiamiento. Las estimaciones del costo serían de más de 38 mil millones de pesos, según el Gobierno.
Aparte de albergar a los damnificados y reconstruir, también debe asegurarse de gastar los fondos para desastres con transparencia, una tarea complicada para una administración que muchos mexicanos considera corrupta.
Los empresarios exigieron al Gobierno de México una reconstrucción libre de corrupción. “Que cada peso que han comprometido diferentes instituciones públicas, partidos políticos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil se utilice para devolverles la seguridad patrimonial a los mexicanos que la perdieron”, exigieron el pasado 25 de septiembre.
