Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).– El Alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, dijo que no tuvo conocimiento de los actos violentos que tuvieron lugar en el municipio la noche del viernes, donde tres estudiantes de la Normal de Ayotzinapa perdieron la vida y 58 se encuentran desparecidos porque estaba bailando: “no supe nada de los hechos de violencia, yo estaba bailando” dijo esta mañana en entrevista radiofónica el Edil.
“Cuando se dieron los hechos de violencia, yo estaba en un baile organizado por el DIF en Iguala”, comentó el Edil en entrevista con Radio Fórmula. Detalló que no tiene información ni de los policías detenidos y tampoco sabe nada de los 58 estudiantes normalistas desaparecidos. “La PGJ tampoco me ha informado nada de los 22 policías detenidos ni de los normalistas desaparecidos”, agregó.
Abarca se deslindó de los hechos ocurridos en contra de los estudiantes normalistas y aseguró que él no dio la orden a los policías municipales de disparar contra ellos. “No me enteré de la actuación de los policías”, reiteró.
La violencia desatada en Guerrero dejó el pasado fin de semana un saldo de siete muertos. Sólo en Iguala, entre la noche del viernes y la mañana del sábado pasado, tres estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron abatidos a balazos presuntamente por miembros de la policía local, otro más está gravemente herido con un balazo en la cabeza, mientras que otros cuatro civiles, entre ellos una mujer y un menor de edad, cayeron víctimas de tres diversos enfrentamientos en esa ciudad.
En el caso de los normalistas, grupos civiles y relacionados con la comunidad estudiantil acusaron que se trató de una “artera ejecución extrajudicial”, pues los alumnos no estaban armados y sólo huían de la persecución policiaca.
Además, ayer por la noche la Procuraduría General de Justicia de Guerrero informó que al menos 58 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos se encuentran desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, luego de los hechos acontecidos en la ciudad de Iguala, donde policías preventivos disparon contra estudiantes y civiles.
La dependencia indicó que, con base en la información proporcionada por el Comité Estudiantil de Ayotzinapa, se reportan 58 estudiantes en condición de desaparecidos. Por ello, se inició la averiguación previa No. AEBPNL/49/2014, realizándose las primeras acciones de investigación para su búsqueda y localización.
También, en Acapulco, el domingo pasado el secretario general del Partido Acción Nacional (PAN) en la entidad, Braulio Zaragoza Maganda Villalva, fue acribillado de tres balazos en un restaurante de ese puerto, en plena mañana y ante los ojos de decenas de testigos.
Zaragoza Maganda fue ejecutado por un sujeto armado que le disparó al interior del restaurante del hotel “El Mirador”, en el fraccionamiento Las Playas, ubicado en la zona turística de La Quebrada.
El Ministerio Público, del sector de Barrios Históricos, informó que alrededor de las 09:00 horas de este domingo un individuo ultimó al dirigente del blanquiazul cuando se encontraba en el área del restaurante de la hospedería.
También expuso que, según las primeras investigaciones, el dirigente local panista fue atacado por la espalda al momento de intentar correr de su agresor. Al lugar arribaron elementos de las policía Ministerial, Federal y Estatal, quienes acordonaron la zona, e iniciaron las investigaciones y búsqueda del o los responsables de la agresión.
A través de un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero informó que dio inicio a la investigación del homicidio de Braulio Zaragoza.
El líder nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, condenó enérgicamente el asesinato de Braulio Zaragoza Maganda, y exigió a las autoridades esclarecer de inmediato “este lamentable hecho”.
A través de un comunicado, Madero, a nombre del PAN, extendió sus más sinceras condolencias a la familia de Zaragoza Maganda, “quien se distinguió como un militante activo y comprometido con el trabajo político del partido”.
Madero Muñoz demandó que las autoridades estatales y federales realicen una investigación expedita y profunda sobre lo sucedido, y dijo que “ya no podemos permitir este clima de inseguridad en México ni que reine la impunidad”.
“Nuestro corazón está con sus familiares y con sus compañeros de trabajo ante la brutal pérdida de nuestro gran amigo”, expuso.
AYOTZINAPA, OTRA VEZ
El caso del asesinato de los normalistas de Ayotzinapa se convirtió rápidamente en un tema nacional. Aun está fresco en la memoria el día 12 de diciembre de 2011, cuando en un operativo dispuesto por la Policía Federal y la Policía Estatal se ordenó el desalojo violento de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en la carretera México-Acapulco, a la altura de Chilpancingo.
Policías federales y locales dispararon contra cientos de manifestantes asesinando a dos de ellos, los jóvenes Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, además a un empleado de una gasolinera.
Por esto hechos, que arrojaron más estudiantes heridos, golpeados, encarcelados e incluso torturados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió recomendaciones a la Policía Federal del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, así como a la administración del Gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Ahora, aquellos hechos se han revivido, luego de que 22 policías de Iguala fueran arrestados como probables responsables de la muerte de los tres estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que los detenidos tuvieron que ser trasladados al puerto de Acapulco el sábado por la noche, debido a que se apreciaron movilizaciones en contra de su aprehensión de un número considerable de personas, la mayoría familiares de los detenidos.
Las personas que buscaban ver a los policías trataron de impedir la labor ministerial y amenazaron con rescatar a los indiciados, lo cual motivó que se solicitará el auxilio de las Fuerzas Armadas para efectuar el traslado y donde se le hizo del conocimiento a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
La dependencia, a través del Ministerio Público, dijo que proseguirá con las investigaciones, recabando declaraciones, testimoniales y desahogando periciales en distintas materias a efecto de acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados, “dentro del término legal para determinar su situación jurídica”.
Sin embargo, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos de Guerrero y Puebla expresaron su repudio por la consideran es una “artera ejecución extrajudicial de estudiantes normalistas de Guerrero”.
Luego de los enfrentamientos que comenzaron el viernes por la noche y continuaron hasta la mañana del sábado pasado, los policías municipales de Iguala fueron desarmados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y detenidos en el Cuartel de la Policía Estatal es esa ciudad.
El titular de la PGJ de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera, confirmó que policías municipales de Iguala atacaron a los normalistas de Ayotzinapa, por lo que la principal línea de investigación “es el uso excesivo de la fuerza por parte de efectivos”, aunque también destacó que en las balaceras del viernes por la noche y la madrugada del sábado también participó la “delincuencia organizada”.
El secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez informó que la Policía Estatal, el Ejército y la Policía Federal asumieron a partir de ayer el control de la seguridad de esa ciudad, la tercera en importancia en la entidad, después de Chilpancingo y Acapulco.
LOS MUERTOS DE IGUALA
De acuerdo con el parte de las autoridades guerrerenses, en tres ataques a autobuses de pasajeros la noche del viernes en Iguala fueron asesinadas por policías municipales y un grupo armado seis personas: tres normalistas de Ayotzinapa, un futbolista de 15 años, una mujer y un chofer.
También se confirmó que en un primer ataque –a la 20:30 horas–, en la calle Juan Álvarez frente a la tienda Bodega Aurrerá, el normalista asesinado fue Daniel Solís Gallardo, originario de Zihuatanejo, quien iba en uno de los camIones tomados por los estudiantes.
Además fue asesinado el estudiante Yosivani Guerrero, de Tixtla, quien murió en el segundo ataque reportado a las 12:30 de la madrugada del sábado, cuando en el mismo lugar los estudiantes informaban a reporteros de los medios locales de la primera agresión.
Otro estudiante, identificado como “El Chilango”, fue encontrado muerto el sábado a las 11:00 de la mañana a unos 500 metros de donde ocurrió el segundo ataque.
Ayer se difundió que el joven Aldo Gutiérrez Solano, de 19 años, se encuentra en estado crítico luego de que fue herido por un disparo en la cabeza. De acuerdo con sus familiares, Aldo tenía apenas dos meses de haber ingresado a la Normal Rural Raúl Isidro Bustos.
GRUPOS CIVILES ACUSAN EJECUCIÓN
Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos que se encuentran reunidas en la audiencia final del Eje de guerra sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), capítulo México, emitieron una enérgica protesta y condena ante estos hechos que calificaron “de flagrante violación de los derechos humanos y de terrorismo de Estado”.
De acuerdo con La Jornada, estos grupos plantearon que “policías federales, estatales y municipales arremetieron sin consideración alguna contra los estudiantes inermes, accionando sus armas de alto calibre a quemarropa, con premeditación, alevosía y ventaja, con el claro propósito de asesinarlos. Los resultados lamentables para nuestro pueblo son tres estudiantes y dos civiles muertos, 30 heridos de gravedad varios normalistas detenidos y una cantidad incierta de desaparecidos”.
También expusieron que “estos hechos no son fortuitos ni aislados; obedecen a una política criminal diseñada desde Los Pinos, como parte de la guerra de baja intensidad que aplica el gobierno de Enrique Peña Nieto para tratar de desarticular toda voz de protesta y denuncia”.
La “represión, asesinatos, masacres, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecuciones y ejecuciones extrajudiciales contra luchadores sociales, periodistas y defensores de derechos humanos son la carta de identidad de los gobiernos priístas, a quienes se suman ahora perredistas, como el de Ángel Aguirre Rivero [Gobernador de Guerrero]”.
Por su parte, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RENDDH) y la Promotora CNTE manifestaron, en un comunicado oficial, una enérgica condena ante “la ejecución extrajudicial” de los estudiantes de la Normal Rural Raul Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.
“Nos solidarizamos con nuestros compañeros estudiantes normalistas en la exigencia del juicio y castigo a los responsables de los atentados y cumplimiento de sus demandas estudiantiles”, plantearon en el documento enviado a la opinión pública.
El pasado 26 de septiembre del año en curso los jóvenes normalistas se encontraban realizando actividades políticas como parte del plan de lucha de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).
Fue entonces cuando sufrieron dos atentados, el primero cerca de las 21:30 horas en el Periférico Norte de la ciudad de Iguala, cometido por policías municipales, “quienes a mansalva rodearon y dispararon contra los autobuses en que se trasladaban los estudiantes, en este primer atentado, el estudiante Aldo Gutiérrez Solano fue ejecutado con un disparo en la cabeza”, describieron.
El segundo ataque fue cometido por un comando armado vestidos de civil no identificado cuatro horas después, cuando los estudiantes denunciaban el ataque en el mismo lugar de los hechos con maestros y reporteros, fueron detonados al menos 200 disparos durante el atentado, con las que ejecutaron a otros dos normalistas de Ayotzinapa.
Para esas organizaciones, ese segundo ataque muestra que quienes lo perpetraron tienen el mismo modo de operar que los grupos paramilitares.
Además, explicaron, los estudiantes de las normales rurales agrupados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México se han caracterizado por luchar por una educación pública, y por las demandas más sentidas del pueblo, siempre críticos al sistema capitalista. “Por esto han sido criminalizados de forma recurrente por los gobiernos neoliberales que una y otra vez pretenden desaparecer a todas las normales rurales instaladas en el país”, añadieron.
