Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- ¿El grado de desigualdad de la sociedad mexicana puede determinar qué tan peligrosa es? Un estudio del Banco Mundial demuestra que sí: la desigualdad está ligada a la criminalidad, de modo que cuando la primera aumenta, lo mismo hace la segunda, y viceversa.
Si bien la relación puede parecer obvia, y ha sido abordada previamente en otros estudios, la contribución del trabajo de Ted Enamorado, Carlos Rodríguez-Castelán, Hernán Winkler y Luis Felipe López-Calva es que analizó el efecto de la desigualdad sobre la criminalidad de forma aislada, explica a SinEmbargo el economista López-Calva, uno de sus autores y líder de la Unidad de Pobreza, Equidad y Género para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.
Eso significa que sin tomar en cuenta otros factores que inciden en el aumento de la criminalidad, el efecto de la desigualdad sobre ésta aun se mantiene, de acuerdo con el estudio Desigualdad de ingresos y crimen violento. Evidencia desde la Guerra contra las Drogas en México, publicado el pasado junio.
Tal conclusión toma mayor relevancia si se considera que el periodo de tiempo que abarcó el análisis fue de 1990 a 2011; es decir, que incluyó casi todo el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, cuya política de un supuesto combate al narcotráfico provocó, entre otras consecuencias sociales, un aumento significativo de la cantidad de homicidios.
El estudio del Banco Mundial, que se basó en datos oficiales, así lo refrenda: el número de homicidios se había reducido durante la segunda mitad de los noventa, pero en 2007 “comenzó a incrementar dramáticamente”. Este aumento se dio particularmente en los homicidios relacionados con el narco, que de representar el 27.6 por ciento del total de muertes en 2007, pasaron a sumar el 73 por ciento de las muertes registradas en 2011.
El análisis de las estadísticas oficiales también les permitió a los investigadores detectar que en mil 32 de los 2 mil 456 municipios que había en ese momento (es decir en 42 por ciento) había cárteles de la droga operando dentro de sus límites, para el año 2011. Casi la mitad de esos municipios se concentran en apenas siete de las 32 entidades del país: Michoacán, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León y Zacatecas.
Tal concentración de la presencia de grupos criminales implicó que los homicidios también se focalizaran: casi dos tercios de las muertes relacionadas con el narco ocurrieron en cinco estados (Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero y Durango).
López-Calva subraya que el propósito de su trabajo no fue analizar específicamente el fenómeno de la criminalidad durante la llamada “guerra” contra el narco. Por el contrario, dice, el trabajo sólo pretendió ver si las políticas públicas que reducen la desigualdad pueden contribuir a disminuir la violencia.
“Nuestra respuesta es sí, aun en un contexto como el de México donde la violencia aumentó encontramos que el efecto aislado de la desigualdad de hecho habría ayudado a reducir la violencia. Es decir, si tienes políticas que te ayuden a reducir la desigualdad, muy probablemente van a tener un efecto de reducir el nivel de violencia y de conflictividad”, expone.
En 2005, México era un país donde 5.1 millones de personas vivían con menos de 1.25 dólares al día (unos 13 pesos actuales) y donde el 3.7 por ciento de los ingresos totales del país se repartía entre el 20 por ciento de los más pobres, mientras que el 55.8 por ciento de la riqueza estaba en manos del 20 por ciento más adinerado del país, de acuerdo con datos del Banco Mundial.
Ese mismo año, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública referidas por el organismo internacional, había 11 muertes por cada 100 mil personas; para 2010 la tasa era de 18.5 por cada 100 mil. El estudio del Banco Mundial señala que este incremento se debió principalmente al aumento en el número de muertes violentas asociadas con el narcotráfico.
“Cuando vamos a ver por qué la desigualdad tiene un efecto sobre el crimen, nosotros sugerimos, sin probar, porque no lo podemos probar, que tiene que ver con que cuando el crimen se generaliza, se pasa un cierto nivel de criminalidad […] el costo de involucrarse en actividades criminales se vuelve menor, por varias razones: porque es menos probable que la policía te detenga, porque la policía se vuelve mucho más ocupada en otros crímenes, porque de hecho hay menos oportunidades de actividades legales, digamos que el costo relativo de meterte en actividades criminales baja, y eso puede ser un factor que explica que sobre todo la población joven se involucre en actividades criminales”, comenta López-Calva en entrevista telefónica desde Washington, DC.
MÁS DESIGUALDAD, MÁS CRIMEN
“Nuestro análisis trata de entender el efecto de la desigualdad sobre el crimen en general, no sobre el crimen relacionado con drogas. Lo que no hacemos en el estudio es tratar de entender qué determina la intensidad del crimen relacionado con las drogas, y eso ciertamente se puede hacer, pero no es la intención de este estudio”, aclara el economista.
Mas insiste en la conclusión principal de su trabajo: cuando hay mayor desigualdad, hay más crimen.
No obstante, en el análisis de los datos los especialistas descubrieron un comportamiento que parecería contradecir esa tesis, pues entre 1990 y 2010 hubo una reducción de la desigualdad en 67 por ciento de los municipios del país, y durante el periodo de 2005 a 2010 -que se empata con el de la “ guerra” contra el narcotráfico- alrededor de 50 por ciento de los municipios tuvieron una reducción de la desigualdad por encima de la media nacional, de acuerdo con el estudio.
Al respecto, López-Calva explica: “Lo que pasa es que en la segunda parte del periodo que analizamos en México, la desigualdad de hecho cae y el crimen aumenta. Eso no quiere decir que la relación sea negativa, lo que quiere decir es que hubo otros factores que compensaron la caída en la desigualdad e hicieron que el crimen en total aumentara”.
Los factores a los que se refiere fueron, por una parte, el aumento atípico de la criminalidad relacionada con el combate al narcotráfico en esos años. Por otro lado, que en ese periodo se redujo la desigualdad de los salarios y la focalización de los programas sociales también contribuyó a que las tasas de desigualdad disminuyeran.
Además, hubo otros factores coyunturales, asociados con el clima de violencia en esos años: la migración selectiva de los hogares más ricos en las zonas más violentas provocó que la desigualdad se redujera entre quienes se quedaron, pues las personas de menos ingresos no tenían posibilidades de migrar; mientras que el aumento de los crímenes en ciertas zonas devaluó el valor de las casas y, en consecuencia, afectó los ingresos de sus propietarios.
Por ello, el economista insiste en enfatizar que la contribución esencial del estudio fue comprobar que, a pesar de este comportamiento, cuando se aísla el efecto de la desigualdad sobre la criminalidad, la relación permanece: si una crece, la otra también lo hará.
“La importancia de esto es que algo que en la literatura se ha dicho como una hipótesis, lo que esto muestra es que los datos comprueban esa idea: que no solamente es bueno reducir la desigualdad por sí misma, es bueno reducirla porque tiene un valor instrumental, porque te ayuda a reducir otros problemas, en este caso te ayuda a reducir también la violencia”, expresa.
EL RETO
La importancia de reducir la desigualdad fue recientemente abordada por el director de la sede subregional en México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Hugo Beteta, quien el pasado 26 de septiembre propuso cambiar el paradigma económico en la región y situar en el centro a la igualdad.
Dijo que se trataba de una visión que ya es compartida por muchos economistas. “Hemos llegado a una extraña coincidencia: a que la desigualdad no es buena para el crecimiento”, dijo en su conferencia magistral durante el XX Congreso Nacional de Economistas: Agenda para un México con menor desigualdad.
El reto, expresó, está en cómo reducirla.
Al respecto, planteó las propuestas de la Cepal: aumentar los niveles de inversión; aplicar una política industrial de largo plazo y revisar las políticas laborales para que el mercado de trabajo sea el principal receptor de las ganancias de productividad; crear políticas sociales con sistemas de protección social universal y una política fiscal que permita al Estado impactar en la distribución del ingreso; y fortalecer la institucionalidad ambiental respecto al costo social del deterioro ambiental.
