La noche del 13 de septiembre de 2013, hace casi cuatro años, el entonces Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, era el anfitrión de una fiesta a la que acudieron 300 personas, entre éstas ex mandatarios de la entidad, y donde se sirvieron deliciosas viandas, se escuchó mariachi y se bebió a raudales, mientras afuera iniciaba una de las mayores catástrofes en ese estado, provocada por “Ingrid” y “Manuel”, un huracán y una tormenta tropical que causaron la muerte de 157 guerrerenses.
Aguirre Rivero soportó el vendaval de críticas y se desentendió de las víctimas. Un año después llegaría otra tragedia a ese estado: la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el salvaje asesinato de otro de ellos y la agresión contra uno más que permanece en estado de coma. El ex priista, en ese momento perredista, renunció a su cargo en febrero de 2015, pero nunca fue investigado ni por la presunta corrupción en la reconstrucción de los daños de “Ingrid” y “Manuel”, ni por su responsabilidad en el caso Ayotzinapa.
La tragedia en Guerrero se trasladó entonces a manos del Gobierno federal, lo mismo que las acusaciones de irregularidades y presunta corrupción en las acciones destinadas a supuestamente repararlas. Un protagonista fue el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, entonces titular de la Sedatu en el Gabinete de Enrique Peña Nieto, quien actualmente es representante del PRI ante el INE y, además, aspirante a la candidatura del tricolor para el Gobierno de Yucatán.
Así, pasaron ya cuatro años. Los habitantes de los estados afectados, principalmente Guerrero, siguen a la espera de resarcimiento de los daños ocasionados por esos dos fenómenos naturales; el dinero para casas se pagó, pero la gente, lo dice todos los días, sigue esperando por ellas.
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Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).– Pasaron ya cuatro años de aquel 13 de septiembre en el que el huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel” desataron una de las mayores crisis en el sureste de México, misma que, desde entonces, ha sido atendida a cuenta gotas.
El suceso es ampliamente recordado porque a las imágenes de la gente sin casa y con sus muertos, a la deriva por una lluvia que no cesaba y con el escenario de una región que históricamente ha sido condenada a la pobreza, le antecedieron las de una fiesta para 300 personas que ofreció el entonces Gobernador de la entidad, el perredista Ángel Aguirre Rivero.
Mientras adentro se celebraba, afuera los afectados iban creciendo una cifra que llegó a un millón de personas afectadas por “Ingrid” y “Manuel”, y una cifra letal de 157 muertos, de los que 101 fueron de Guerrero, 14 de Veracruz, 10 de Oaxaca y el resto en otros 18 estados que también fueron blanco de los meteoros.
Cuatro años después, de acuerdo con el seguimiento del diario El Sur y con los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se sabe que las víctimas siguen esperando lo que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) –entonces encabezada por el priista yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín– les prometió: viviendas dignas, reconstrucción de sus comunidades, hospitales y escuelas, entre otras ofertas hechas por el propio Presidente Enrique Peña Nieto.
El 18 de septiembre de 2013, en una breve visita a Nuevo León, el Jefe del Ejecutivo federal dijo: “Los eventos climatológicos que se viven en el país no van a frenar el desarrollo”.
Horas antes, la Secretaría de Gobernación (Segob) había reportado que el número de muertos por los fenómenos naturales había llegado a 60, pero la probabilidad de que aumentara era alta, dada la desaparición de decenas de personas. Sólo en el poblado La Pintada, en la Costa Grande de Guerrero, un alud le había robado la vida a por lo menos 20 personas y había dejado entre su revoltura a otras sesenta.
Pero, aun cuando el Presidente prometió una reparación total, a la fecha no hay en las plataformas de datos abiertos información sobre los contratos que la Sedatu federal celebró para la compra de terrenos y construcción de viviendas, sólo comunicados de prensa y fotografías en las que se presume la entrega de casas a afectados, aunque en unos casos no se especifica el número.
De los datos abiertos, de acuerdo con información ubicada en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), en 90 contratos celebrados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) se pagaron 70 millones 987 mil 538 pesos para la atención y reparación de daños.
El contrato más caro fue uno de Pemex, destinado a la rehabilitación de caminos, pozos e instalaciones por 25 millones 977 mil 953 pesos. Le siguió uno de la CDI de 19 millones 154 mil 172 pesos para la adquisición de cobijas. Esas dos sumas, además, fueron similares a lo que la Sedatu, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, ha gastado en la compra de terrenos.
COMPRAS DE SEDATU Y CONAGUA
Pasada la crisis, llegaron las promesas desde el Gobierno federal, el estatal y de la Sedatu, dirigida por Ramírez Marín. Primero se atenderían los daños y luego sería la entrega de casas nuevas a quienes habían perdido la suya.
Pero hoy ya no está a cargo de Guerrero el perredista Aguirre Rivero y el priista Ramírez Marín ha cambiado de objetivo: hoy su prioridad es ser Gobernador de Yucatán.
Al mando de las continuidad de las obras quedó Rosario Robles Berlanga, quien llegó a la titularidad de la Sedatu, luegode que en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) aumentó el número de pobres en 2 millones, justo a los dos años de que ella era la encargada de la política para la erradicación de la pobreza en el país.
Información de El Sur plantea que sólo en el municipio de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, la Sedatu entregó a las personas damnificadas 30 de las 94 casas que hay en el fraccionamiento Nuevo Azinyahualco, a pesar de que se tenían 59 llaves que iban a ser entregadas.
El fraccionamiento Nuevo Azinyahualco fue un proyecto que, en un principio, buscaba la reubicación total de la comunidad, incluía la construcción de escuelas de nivel básico, la comisaría y el centro de salud, pero sólo se construyeron una primaria y 59 casas, de las cuales se entregaron llaves a sólo 30 de los damnificados.
Por dentro, las viviendas tienen espacio para sala, comedor y cocina; además de dos cuartos, un baño y una pequeña terraza. Sus techos son de lámina y, desde el mediodía, el calor dentro de las viviendas se acentúa y se vuelven un horno, dicen quienes las habitan.
Además, las casas que fueron entregadas a la población afectada en el fraccionamiento Nuevo Mirador –también en Chilpancingo–, fueron invadidas. Las familias comenzaron a abandonarlas pues estaban lejos de la ciudad, había escasez de agua potable y les representaba más gasto transportarse hasta escuelas o lugares de trabajo. Así que pronto regresaron a las casas que habitaban antes del impacto de “Ingrid” y “Manuel”.
En la revisión de las cuentas públicas de 2013 y 2014, la Auditoría Superior de la Federación detectó fallas cometidas por la Sedatu, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y también la Secretaría de Gobernación.
En la de 2014, se encontraron irregularidades por parte de la Sedatu en la compra de por lo menos 22 terrenos en los que se construirían casas para las personas que tenían que ser reubicadas y se estimó un daño a la Hacienda Pública por 23 millones 765 mil 228 pesos.
Los terrenos adquiridos tenían un precio mayor y la Sedatu no tuvo pruebas documentales de que hayan sido entregados a las familias damnificadas, lo que supondría otro daño a la hacienda pública por 11 millones 882 mil 614 pesos.
La compra se hizo a dos empresas privadas, pero hasta el momento no hay información pública sobre las compras que ha realizado la Sedatu y tampoco se sabe el número de beneficiarios reubicados, sus datos generales, la extensión recibida y evidencia de que tanto las propiedades, como las escrituras fueron entregadas.
“La SEDATU no demostró documentalmente cuál fue la justificación para realizar la adquisición de los terrenos independientemente de la declaratoria de desastres naturales, cómo se determinó la cantidad de terrenos, a quiénes se beneficiaría, qué superficie se requería, y qué estudios de factibilidad se realizaron para conocer que los terrenos eran los idóneos, además de que no existen dictámenes valuatorios para determinar el precio al que tenían que comprar los terrenos (adquisición a personas físicas) y el área encargada de vigilar y supervisar el ejercicio de los recursos”, expuso la ASF.
“Cabe señalar que no se proporcionaron las escrituras públicas de los terrenos adquiridos, ni tampoco las cesiones de dominio, los poderes notariales que acrediten a los representantes legales de las empresas vendedoras y a las personas a quienes se les realizó la transferencia bancaria; asimismo, no se demostró cómo se verificó la validez de las empresas vendedoras como propietarias de los terrenos en el Registro Público de la Propiedad”, agrega el documento.
Por su parte, la Conagua incurrió también en fallas.
Entonces a cargo de David Korenfeld Federman [quien dejó la dirección de la Conagua el 9 de abril de 2015, luego de que fueran exhibidos sus viajes personales en un helicóptero oficial] inició procedimientos de arrendamiento de 50 y 100 camiones tipo pipa para suministrar agua potable a los Municipios de Zihuatanejo, Chilpancingo y Acapulco.
De acuerdo con la dependencia, se cubrirían los periodos del 4 de noviembre al 3 de diciembre de 2013 (50 pipas) y del 4 al 18 de diciembre 2013 (100 pipas). Sin embargo, no se justificó cómo se determinó la cantidad requerida de pipas, la capacidad solicitada de 10 mil litros, ni los periodos de la prestación de los servicios y las localidades que serían beneficiadas.
Tampoco se realizó ni una mínima investigación para realizar la compra.
