Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).– En el marco de su XXI aniversario, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinollan, presentó su informe: “Desde las trincheras de Ayotzinapa: la defensa por la educación y la vida de los hijos del pueblo”, en el que denuncian los mecanismos de impunidad de la justicia mexicana para encontrar a los 43 normalistas desparecidos el 26 de septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero.
El documento de más de 400 páginas registra el trabajo que a lo largo de los últimos 11 meses han realizado activistas como Abel Barrera, el abogado Vidulfo Rosales, los padres de los estudiantes desaparecidos, pobladores de la región de La Montaña y organizaciones para buscar a los estudiantes.
“Nunca imaginamos cuán cruenta y riesgosa sería esta búsqueda. Compartir desde el primer día que llegaron a la Normal la angustia y sufrimiento de los padres y madres que día y noche luchan por encontrar a sus hijos, ha sido el mayor desafío que hemos enfrentado como defensores y defensoras de los derechos humanos en este tramo por la justicia y la verdad”, señala la organización.
El informe tiene como objetivo dar voz a la comunidad normalista rural y a la de las familias víctimas de la impunidad y la colusión estatal.
“En México, hoy nos faltan 43 estudiantes de Ayotzinapa y decenas de miles de desaparecidos más. Todos los dolores y todas las lágrimas de los más de 26 mil desaparecidos y las más de 100 mil ejecuciones en México, han encontrado cauce en este movimiento inédito de las 43 madres y padres de familia”, refiere el texto.
Añade que las graves violaciones a derechos humanos cometidas el 26 de septiembre en Iguala se perfilan a convertirse en uno de los más graves eventos singulares de violaciones ocurridas en México durante las últimas décadas.
“Lo ocurrido en Iguala mostró con brutal crudeza la persistencia de condiciones que favorecen la comisión de graves violaciones a derechos humanos y la profundidad de los circuitos de connivencia entre las autoridades instituidas y los carteles del narcotráfico”, detalla el documento.
En estados como Guerrero, acusan, las mismas instituciones de justicia que protegen a los responsables de los más deleznables crímenes, son expeditas y severas cuando se trata de perseguir a luchadores sociales o de criminalizar a quienes careciendo de los más elemental se atreven a reivindicar sus derechos.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña refiere en su informe que revisar la actuación de las autoridades en la investigación del caso Ayotzinapa permite entender el carácter sistémico de la impunidad en México, las familias de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, dicen “han experimentado los mismos patrones de zozobra y revictimización que hoy lastima a los familiares de los más de 26 mil desaparecidos que se buscan en México”.
A partir de la noche del 26 de septiembre las autoridades de los tres niveles de gobierno se mostraron omisas en sus responsabilidades frente a estos hechos, denuncia el informe, añade que las acciones gubernamentales a nivel estatal y federal distaron de ser coordinadas o acordes a la urgencia de la situación.
Tlalchinollan recuerda que la indiferencia federal frente a las atrocidades ocurridas en Guerrero y su complacencia ante la incapacidad de las autoridades guerrerenses no es novedosa. De hecho, dice, “si las desapariciones forzadas que veían ocurriendo en Iguala se hubiesen investigado oportuna y diligentemente, seguramente la desaparición de 43 jóvenes se habría evitado”.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! es el clamor generalizado que cimbra hoy en México a un mes de que se cumpla un año de los acontecimientos del 26 de septiembre, por ello, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Centro de Derechos Humanos de la Montaña con el apoyo de la sociedad, advierte que continuará con la búsqueda de los normalistas.
“Seguiremos denunciando nuestro hartazgo ante tanta violencia e impunidad y caminaremos bajo la guía de las 43 familias que hoy son la luz de esperanza, para que nuestro país cambie y sea en el futuro un país sin víctimas”, finaliza el informe.
Los 43 jóvenes desaparecieron el 26 de septiembre en el municipio de Iguala, Guerrero, después de haber sido atacados a tiros por policías municipales, en un hecho que además dejó seis muertos, tres de ellos estudiantes.
De acuerdo con la PGR, los estudiantes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron entregados por los policías al grupo criminal Guerreros Unidos, que los mató e incineró. Sin embargo, hasta ahora sólo se han identificado restos calcinados de uno de los jóvenes con análisis de ADN.
El 6 de septiembre expertos del grupo interdisciplinario de peritos designados para investigar la desaparición de los alumnos presentarán el informe final de los seis meses de trabajo que realizaron. En un informe anterior expresaron su preocupación por la pérdida de pruebas, como grabaciones, por el ocultamiento de prendas de los estudiantes y por no poder entrevistar a militares de un batallón asentado en Iguala.
