Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).– La “verdad histórica” no sobrevivió 24 horas de su propia historia. Los primeros en rechazar la versión del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, fueron los padres de los 43 normalistas que el martes mismo brincaron sobre la versión oficial.
Y ayer, antes siquiera de que hubieran pasado 24 horas de la conferencia en la PGR, las mayores organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA, por sus siglas en inglés) se unieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a más de 70 organizaciones civiles mexicanas en el rechazo a lo que fue interpretado como un nuevo intento del gobierno de México para cerrar el caso Ayotzinapa.
El martes pasado, el Procurador Murillo Karam dio un reporte sobre la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, hace más de cuatro meses, donde reiteró la versión que ha defendido desde noviembre pasado: que los jóvenes fueron asesinados e incinerados junto con sus pertenencias en el basurero de Cocula, Guerrero, por integrantes del cártel Guerreros Unidos.
“Esa es la verdad histórica de los hechos”, afirmó el funcionario federal, en un intento vano por convencer que su investigación está completa y, peor aún, cerrada.
Acompañado de Tomás Zerón de Lucio, director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Murillo expresó que la versión inicial se reforzó tras la detención, el jueves 15 de este mes, de Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Terco” o “El Cepillo”, jefe de sicarios del grupo criminal y quien, según las autoridades, participó en el secuestro, homicidio y desaparición de los normalistas.
La versión fue refutada unas horas después por los padres de los desaparecidos, quienes señalaron una serie de incongruencias y contradicciones en la versión ofrecida por la PGR y anunciaron que llevarán el caso hasta el Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Ayer, José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización internacional Human Rights Watch (HRW), expresó en entrevista radiofónica que la información ofrecida por Murillo Karam “no es una verdad histórica, es una versión oficial”.
Manifestó que el hecho de que se haya hablado primero con los medios de comunicación en lugar de con los padres de familia, “da la impresión de concluir mediáticamente el caso”.
“Ha habido negligencia, empezando por la Procuraduría, que se tomó 10 días para tomar el reclamo de los padres”, reclamó.
El miércoles, Murillo Karam y el abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales, debatieron en distintos medios de comunicación sobre la presencia del Ejército en la noche de la desaparición de los normalistas, el pasado 26 de septiembre, ya que los familiares no abandonan la exigencia de que los militares deben ser investigados sobre su rol en la noche de la tragedia. Pero las autoridades parecen haber dado ya carpetazo a esa duda.
“No hay nadie que los acuse [a los militares] de nada”, dijo Murillo Karam.
“Sostener que el Ejército no tenía nada que ver, es una posición política”, respondió por su parte el representante legal de los padres de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Desde el 5 de noviembre pasado, SinEmbargo dio a conocer, en un amplio reportaje, que el Ejército estuvo allí la noche de la tragedia, algo que apenas ha sido recogido por algunos medios a partir de la exigencia de los padres.
EL CASO AYOTZINAPA NO SE CIERRA: CNDH
Por su parte, Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dijo ayer que el caso no podrá cerrarse hasta que se lleve ante la justicia a todos los responsables y se aclare el destino de los 43 estudiantes desaparecidos, de los cuales, hasta ahora sólo se ha logrado presuntamente identificar los restos de uno.
“El expediente de Ayotzinapa para la Comisión Nacional sigue abierto por lo que hace a su propia actuación, pero también falta ver qué dicen los jueces, qué dicen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y faltan los resultados que se mandaron a periciar al extranjero, y entonces es un expediente que no está cerrado, que no debe estar cerrado que no debe hablarse de conclusión y que para la CNDH sigue abierto”, dijo González Pérez luego de presentar el Informe Anual de Actividades 2014 ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados.
Expresó que lo ocurrido la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, lugar en el que desaparecieron los normalistas, es “el ejemplo más significativo de lo que está mal en nuestra sociedad, sobre todo de la infiltración del crimen organizado en algunas estructuras del Estado, de la displicencia y las omisiones”.
“Hay que desmontar este entramado perverso de complicidades y colusiones cuyo trasfondo no es otro que la corrupción”, comentó.
Dijo que continuará con el análisis exhaustivo de los acontecimientos ocurridos el pasado 26 de septiembre en donde desparecieron 43 estudiantes normalistas, a pesar de que la PGR prácticamente dio por concluida su indagatoria.
Agregó que la CNDH mantendrá su acompañamiento a los familiares de los normalistas y sus representantes, para determinar si hubo violaciones graves a los derechos humanos de las víctimas por parte de todas las autoridades implicadas.
“Para la Comisión Nacional es un expediente abierto, en desarrollo, y una vez agotadas todas las actuaciones que tenemos que hacer, haremos el pronunciamiento que corresponda”, afirmó el ombudsman nacional luego de entregar a la Comisión permanente su informe de labores.
CUATRO PUNTOS DE AMNISTÍA INTERNACIONAL
La organización Amnistía Internacional exhortó en una amplia carta, a que la Procuraduría General de la República (PGR) continúe con la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero, y argumentó que las pruebas son pocas y las declaraciones de los detenidos fueron obtenidas con tortura.
La carta es firmada por Erika Guevara Rosas, directora del Programa Regional para América. Se dirige a Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República.
“Reiteramos la necesidad de continuar la búsqueda en vida de los estudiantes normalistas desaparecidos, fortaleciendo todos los mecanismos, hasta tanto no agotar todas las líneas de investigación posibles. En este sentido, es imprescindible que la Procuraduría a su cargo genere, en conjunto con los familiares de las víctimas y las organizaciones que los acompañan, una estrategia integral y un plan de búsqueda, que tenga como sustento la investigación y que esté apoyado por el uso de la tecnología y otros medios útiles para ello”, dice el comunicado dirigido a las autoridades mexicanas.
El alegato de Amnistía Internacional se centra en cuatro puntos de la investigación de hechos:
1. Las dudas sobre el incendio en el basurero de Cocula
“Nos parece preocupante que la teoría sobre lo que pudo haber sucedido con los estudiantes, de acuerdo con los datos presentados públicamente por la Procuraduría, se basa sobre todo en declaraciones de personas imputadas. Las probanzas señaladas por usted en su reciente conferencia de prensa podrían ayudar a confirmar que en el basurero del municipio de Cocula ocurrió un incendio en el que fueron destruidos restos humanos, pero la vinculación de ese hecho con los estudiantes desaparecidos se sostiene sólo por declaraciones autoinculpatorias, y con un mínimo de pruebas periciales”.
2. Las dudas sobre los hallazgos en el basurero de Cocula
“Al parecer, la única prueba pericial que señala la posible presencia de los estudiantes sujetos a desaparición forzada en el evento ocurrido en el basurero de Cocula es la identificación de restos óseos encontrados en un río cercano. Sin embargo, recordamos que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ha señalado que, pese a su presencia en la zona y su participación en otros hallazgos, ‘el EAAF fue convocado por la PGR al lugar cuando ya se encontraba la bolsa de restos abierta y la muestra en cuestión ya se encontraba junto con otras sobre un área de limpieza’.
3. Algunos imputados han alegado tortura durante los arrestos
“Ha sido de nuestro conocimiento que algunos de los imputados han alegado haber sido torturados durante la detención. Como sabe, Amnistía Internacional ha manifestado que la tortura en México es una de las problemáticas de derechos humanos que más preocupa a nuestro movimiento internacional y, por lo tanto, le hacemos un llamado para que se investiguen todas las alegaciones hechas por los detenidos y se determine si han sido víctimas de tortura.
4. Se rechaza a abrir otras líneas e investigar a las fuerzas armadas
“Resulta de suma gravedad que hasta el momento ninguno de los detenidos haya sido sometido a proceso por cargos de desaparición forzada, siendo que las obligaciones del Estado mexicano, de acuerdo con sus compromisos internacionales, así lo exigen. Por otra parte, preocupa el reciente anuncio hecho por la PGR sobre el agotamiento de líneas de investigación y, en particular, la negativa a abrir otras líneas que impliquen atender denuncias sobre la posible participación de las fuerzas armadas en los hechos de desaparición, ya sea por omisión o acción”.
Amnistía Internacional dijo que cree firmemente que “cualquier investigación debe tomar en cuenta las demandas específicas de las víctimas que, en este caso, han solicitado desde un principio que se investiguen las denuncias sobre el conocimiento de la colusión entre el crimen organizado y autoridades de la zona, en especial del Batallón 27 en Iguala”.
“El testimonio de los estudiantes sobrevivientes de los hechos de septiembre de 2014 indica una interacción hostil y amenazante con efectivos militares durante la noche en que desaparecieron sus compañeros, ante esto, no es suficiente alegar la falta de pruebas sobre la participación militar, sino que, precisamente, se debe investigar dicha posibilidad para encontrar las pruebas que apoyen o descarten esta tesis. Consideramos que el contexto de violaciones de derechos humanos en México, y del Estado de Guerrero en particular, en donde se ha documentado en diversas oportunidades el involucramiento, por acción u omisión, de agentes militares en abusos a los derechos humanos de la población civil , deberían inducir a la PGR a impulsar esta línea de investigación de forma eficiente y transparente y no descartarla”, planteó la organización internacional.
Amnistía, expuso, “lamenta el incidente ocurrido el pasado 12 de enero en el que soldados del Batallón 27 de Iguala se enfrentaron con los padres de los normalistas, en el intento de estos últimos de ingresar a las instalaciones militares. Estas acciones llevadas a cabo por los familiares, son producto de su frustración ante la falta de una investigación exhaustiva que incluya atención a las denuncias de involucramiento de fuerzas militares en los actos del 26 y 27 de septiembre. Preocupan, además, las declaraciones de algunos voceros del gobierno que resaltan la labor de las fuerzas armadas y deslegitiman el interés de los familiares en que se abran nuevas líneas de investigación; acusándolos de ‘querer generar desconocimiento’ o querer involucrar [al] Ejército, como declaró el Secretario de Gobernación”.
Preocupa también, agregó, “las descalificaciones que han venido realizando instituciones gubernamentales contra las y los defensores de las víctimas. El trabajo de las y los defensores de derechos humanos es una tarea absolutamente vital en todo Estado. Su integridad física y su ética profesional deben ser protegidas por las autoridades de cualquier país en el que desarrollen su labor”.
“MÉXICO ESTÁ ATRAPADO EN UNA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS”
En un comunicado, WOLA consideró que es prematuro y alarmante que las autoridades federales hayan dado por concluida la investigación sobre la “desaparición forzada” de los normalistas. Mientras que el Presidente Peña Nieto claramente quiere superar este caso, que ha herido gravemente tanto su popularidad interna como su credibilidad internacional, todavía hay muchas preguntas sin respuesta sobre el caso.
Según Maureen Meyer, la Coordinadora Principal del Programa de México en WOLA, “declarar concluida la investigación sobre el caso Ayotzinapa, cuando aún quedan varios pendientes a resolver, sólo reforzará la percepción de que el gobierno no está comprometido con el Estado de Derecho”.
“Es preocupante el peso que el gobierno le da a las confesiones de los supuestos autores materiales, sobre todo cuando hay acusaciones de que algunos de los detenidos en el caso fueron torturados”, dice Meyer. Además, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), expertos reconocidos internacionalmente quienes fueron contratados a petición de las familias, ha dicho que no hay suficiente evidencia científica para certificar la versión del caso del gobierno.
Otro aspecto preocupante del anuncio, según la organización, es que no se ha dado tiempo para que el grupo de expertos externos de asistencia técnica, cuyo apoyo fue acordado entre el Estado mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y representantes de las familias en noviembre, lleve a cabo su labor. Parte de este convenio de colaboración es justamente analizar si “se están agotando correctamente todas las líneas de investigación” en la desaparición de los estudiantes.
Advierte que el caso de los estudiantes desparecidos no es aislado, pues el Estado mexicano no ha podido dar respuestas contundentes a los miles de familias de víctimas de desapariciones forzadas y otras víctimas de violaciones graves a los derechos humanos en el país y tampoco ha investigado y sancionado a los agentes responsables, a cualquier nivel. Meyer concluye que:
“México está atrapado en una crisis de derechos humanos de una magnitud que parece no entender el presidente Peña Nieto”.
“DELEZNABLE” ACTUACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL
Por su parte, más de 100 organizaciones civiles mexicanas firmaron una carta en la que reprueba que el Gobierno federal no cumpla con los acuerdos firmados con los padres, madres de familia, estudiantes y sus representantes, y sin mayor explicación pretenda poner fin a la investigación que esclarezca uno de los hechos que más ha herido a nuestro país en los últimos años.
“Desde septiembre de 2014 organizaciones de la sociedad civil, defensoras/es de derechos humanos, hemos sido testigas/os de la fuerza y dignidad que han mantenido de pie a padres y madres de familia, quienes sin pensarlo, asumieron la búsqueda de sus propios hijos frente a la dilación e ineficaz respuesta de las autoridades municipales, estatales y federales de nuestro país”.
La misiva destaca que aunque existen personas detenidas, ninguna está siendo procesada por “desaparición forzada”, a pesar de que las evidencias y testimonios muestran que se trata de este delito. De igual forma, no se ha detenido a todos los autores materiales e intelectuales. Tampoco se han esclarecido los vínculos y complicidades de las autoridades de distintos niveles con grupos delincuenciales.
También establece que la participación del Ejército no ha sido investigada a cabalidad, lo que ha derivado en que organizaciones internacionales como Amnistía Internacional se manifiesten denunciando que “la Procuraduría General de la República ha fallado en investigar adecuadamente todas las denuncias de complicidad de las fuerzas armadas y otras autoridades en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa”.
Las organizaciones exigen que no se cierre el caso hasta que exista certeza y jurídica del paredero de los normalistas y hasta que todos los autores materiales e intelectuales sean sancionados, se creen mecanismos eficaces para garantizar la no repetición de los hechos, se agoten todas las líneas de investigación y ee creen mecanismos institucionales para que los cuarteles militares sean abiertos e inspeccionados por los padres y madres de familia de los normalistas desaparecidos y sus represenantes, a fin de garantizar el ejercicio de su derecho a la verdad y se cercioren si sus hijos se encuentran o no en dicho lugar.
También piden el cese a la represión, el desprestigio y la criminalización contra miembros de la sociedad civil, de los estudiantes, de los padres de familia y de los defensores de los derechos humanos.
Entre los firmantes se encuentran la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” Conformada por 74 organizaciones en 21 estados de la República.
LA COMISIÓN LEGISLATIVA
El 6 de octubre, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó crear la Comisión Especial para dar seguimiento a la investigación sobre los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, “para que colabore y se tenga una visión completa de esos hechos”.
Dos días después se creó la comisión con siete diputados federales. De acuerdo con su informe preliminar, durante el primer mes de labores sostuvo una serie de reuniones internas con representantes de distintas instancias de gobierno y representantes de derechos humanos, pero no con los padres de los desaparecidos.
Desde el 13 de noviembre no registra actividad alguna, según la Diputada por el Partido del Trabajo (PT) e integrante de la misma, Lilia Aguilar Gil.
