Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo/ZonaFranca).- La joven María de la Luz Salcedo Palacios, mejor conocida como Lucero, enfrentará mañana su última oportunidad para obtener justicia de parte de las autoridades del gobierno de Guanajuato: el juez responsable del caso tendrá que analizar lo sucedido la madrugada del 12 de septiembre de 2013 y determinar la sanción para el agresor de la joven.
Hace poco más de cuatro meses, el caso de María de la Luz o Lucero, se hizo público a nivel local y pronto alcanzó una dimensión nacional e internacional. Bastaron sólo unas horas para que la indignación de la sociedad de Guanajuato, y de todo el país se manifestara no sólo a través de los medios de comunicación sino también por medio de las redes sociales.
El 12 de septiembre pasado, muy cerca de Dolores Hidalgo, la joven, de 18 años de edad, fue brutalmente golpeada por un conocido a identificado como Miguel Ángel Jasso Manríquez, a quien se atrevió a denunciar, primero como «una muestra de solidaridad para las mujeres víctimas de violencia» y después como «un enérgico llamado a las autoridades a actuar» y atender de manera oportuna casos como el de ella.
Lucero, como la llaman sus amigos y familiares, tuvo que enfrentar las trabas burocráticas y puso en evidencia los errores existentes en los protocolos de atención para las mujeres víctimas de violencia en Guanajuato y también la poca sensibilidad sobre el tema del actual Gobernador Miguel Márquez Márquez.
En respuesta a la presión social, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajauto (PGJEG) avanzó rápidamente en el caso. La primera audiencia, en la que Lucero se volvió a topar de frente con su agresor se realizó el 30 de septiembre, una semana y media después de hacer pública la denuncia.
REVICTIMIZADA E IGNORADA
En la audiencia de vinculación a proceso, Lucero fue revictimizada cuando en la audiencia pública se revelaron datos personales que no tenían mayor relevancia en el caso, denunciaron agrupaciones defensoras de los derechos de las mujeres.
El caso de la jovencita que fue golpeada por negarse a tener relaciones sexuales con un conocido traspasó las fronteras. A la denuncia pública se sumaron medios nacionales e internacionales, todos en busca de Justicia para Lucero.
El 4 de octubre, en una entrevista para la cadena internacional CNN, el Gobernador Miguel Márquez negó que su gobierno cubriera la negligencia de las autoridades judiciales en el caso: «Tengo hija, esposa, tengo madre. He actuado con respeto a la mujer, lo aprendí en casa, a nadie se le desea esto. Por eso he sido muy claro, una actitud férrea, donde se aplique la ley, donde nadie quede impune en la violencia contra las mujeres, no se debe permitir. Aquí ya será un asunto del Poder Judicial para que revise el actuar de la juez», dijo entonces.
A través de redes sociales se convocó a la sociedad en general a seguir el caso y brindar su apoyo a la joven guanajuatense. Se creó el hashtag #JusticiaParaLucero, además de que la página de Facebook abierta expresamente para su caso tiene actualmente más de 6 mil 600 seguidores.
El caso de Lucero fue tomado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para investigar posibles violaciones a los derechos de la jovencita, asunto que todavía no resuelve ese organismo.
También intervino el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) que mandó un documento dirigido al Gobernador Márquez Márquez y al entonces presidente del Poder Judicial, Alfonso Fragoso Gutiérrez, para que se revisara la actuación de los servidores públicos. Sin embargo en ambos casos se omitió la solicitud del Inmujeres.
En el transcurso del proceso se fueron sumando las muestras de apoyo y solidaridad a la joven, de manera activa estuvo siempre presente la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez.
A finales de octubre del 2013, el caso llegó a los tribunales federales con el apoyo de un grupo de abogados del CIDE; la solicitud fue que se reclasificaran los delitos por los que se denunciaba a Miguel Ángel Jasso Manríquez.
En la carpeta de investigación que integró la Procuraduría de Justicia del Estado se establecían solamente delitos menores como: abusos eróticos sexuales y lesiones.
La petición desde un inicio de Lucero, de sus familiares, de activistas sociales fue que se reclasificaran los delitos por tentativa de violación y tentativa de homicidio.
Después de la presión social la Procuraduría de Guanajuato solicitó la reclasificación de los delitos. Por lo que mañana será un dial crucial para Lucero, que ha enfrentado a las autoridades para que su caso no sea uno más de las estadísticas de la violencia contra las mujeres en México.
