Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).– Declaraciones como “le guste a quien le guste” o “ya me cansé” expresadas por los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), Jesús Rodríguez Almeida, y de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, respectivamente, han sido replicadas miles de veces en las redes sociales para evidenciar la visión de las autoridades respecto a la ciudadana que levanta la voz para exigir justicia.
Los dichos se suman a la colección de expresiones de la autoridad para justificar sus actos en medio de la crisis por los estudiantes desparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, en lugar de tranquilizar la indignación social y crispan el ánimo de miles de mexicanos cansados de que los propios encargados de impartir seguridad y justicia traten de justificar de forma tan lamentable sus abusos o ineficacias.
Mientras las autoridades intentan justificarse, la clase gobernante lanza discursos a la ciudadanía para anunciar que está abierta al diálogo y que utilizará la fuerza pública como último recurso para responder a las manifestaciones ciudadanas; sin embargo, especialistas consultados por SinEmbargo, consideraron que se trata de “enunciados discursivos” alejados de lo que realmente sucede en las calles del país.
“Lo que opera es una narrativa del discurso presidencial para decir ‘estaremos abiertos al diálogo y escucharemos sus reclamos’, pero en realidad no hay canales abiertos de comunicación, lo que hay es una criminalización de la protesta social”, aseguró Maricela Portillo Sánchez, coordinadora del doctorado en Comunicación de la Universidad Iberoamericana (UIA).
La profesora en comunicación aseveró que desde hace dos meses, cuando se dio a conocer a la opinión pública la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa han predominado las verdades a medias, no hay diálogo, ni explicaciones certeras para que la sociedad entienda lo que está pasando, lo cual dijo, son insumos para que crezca la inconformidad social.
“Claramente no [hay diálogo], es una expresión a nivel discursivo. El ‘estaremos dispuestos al diálogo’ pues no sé en qué espacios se esté dando este diálogo, lo que hemos estado constatando sobre todo en las últimas semanas es un recrudecimiento en términos de la represión y de la criminalización de la protesta social, tal como vimos el pasado 20 de noviembre”, detalló la especialista en entrevista.
Por su parte, la Diputada federal Zuleyma Huidobro, de Movimiento Ciudadano (MC), cuestionó la respuesta de la autoridad ante las manifestaciones ciudadanas. “¿A qué no enfrentamos? A un gobierno represor, que limita la libertad de expresión”, afirmó.
No sólo el secretario de Seguridad Publica capitalino se pronunció de forma favorable sobre el operativo del pasado 20 de noviembre, el presidente del Tribual Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, declaró la legalidad de las detenciones realizadas por la policía local en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
“Están hablando desde no se qué lugar. Hablan de una buena labor de la policía cuando en los videos que han circulado en la Internet lo que vemos es que la policía se fue contra la gente para desalojar la plaza sin detener a los pequeños grupos que estaban actuando de forma violenta”, afirmó la doctora Maricela Portillo.
“De ninguna manera pueden hablar de una buena labor de la policía, porque lo que vimos fue la confrontación de la policía contra quienes se estaban manifestando pacíficamente, y de eso hay bastantes pruebas”, explicó.
LA ONU PIDE DIÁLOGO EN MANIFESTACIONES
Para especialistas y activistas, empieza a entender que se han empalmado uno tras otro los casos de desapariciones forzadas o los actos de colusión de la autoridad con la delincuencia organizada, sin que haya castigo para los culpables.
Con esto coincidió Marcia de Castro, coordinadora Residente y Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quien destacó la importancia de las recientes manifestaciones en México.
“Los temas de Iguala [Guerrero], Tlatlaya [Estado de México], son ejemplos de situaciones más graves de fondo, de oportunidades que no son iguales para todos, de carencias en varios sentidos para gran parte de la población, de la necesidad de seguir invirtiendo en la calidad de las instituciones públicas en todos los niveles, para que hagan lo que les competen y que lo hagan de manera transparente y eficaz”, sostuvo.
La representante de la ONU indicó que la reconstrucción del tejido social en México solo será posible si el Estado en su conjunto tiene voluntad política, compromiso institucional y capacidad de diálogo democrático, a pesar de la complejidad de los temas, de los desafíos sociales, políticos o económicos que enfrenta el país.
“La construcción del tejido social es un acto permanente del Estado, yo no creo que tiene un principio, un medio y un fin. Es algo que se tiene que seguir haciendo permanentemente y se hace a través de políticas sociales, de políticas públicas importantes: la necesidad de invertir más en la formulación de políticas sociales”, expuso.
Marcia de Castro dijo que las protestas sociales crean espacios para que la población exprese su dolor y sus opiniones. Reconoció que las manifestaciones son vitales en democracias como la mexicana y en toda la región de América Latina, para exponer la expresión pública, tanto individual como colectiva.
“Yo creo que es muy difícil que no existan manifestaciones en los momentos que vivimos ahora en toda nuestra región. Yo creo que uno tiene que reconocer que están allí, trabajar con los diferentes grupos, dar espacios a sus aspiraciones, pero también traducir estas frustraciones, estas necesidades de diálogo, en otros espacios, en las universidades, en las escuelas, con modelos de participación más amplios en el seno del Congreso”, explicó en su pasada visita al Senado de la República, con motivo de la celebración de los Diálogos Públicos por un México Social.
