Según informó la ONG en un comunicado, los dos episodios, en los que hubo medio centenar de muertos, se registraron en Apatzingán el 6 de enero pasado y en Tanhuato el 22 de mayo.

La nota señala que en el caso de Apatzingán fueron ocho los civiles que murieron después de que policías federales dispersaran a grupos de autodefensa ciudadana.

Uno de los heridos en ese incidente le dijo a HRW que los policías dispararon a civiles desarmados y dos de ellos recibieron balazos en la cabeza “mientras se encontraban en el suelo intentando resguardarse, y luego colocaron armas junto a sus cuerpos”.

En Tanhuato, 42 civiles y un policía fallecieron cuando fuerzas federales “realizaron una redada en un rancho que supuestamente estaba ocupado por una banda criminal” no identificada por HRW.

De acuerdo con tres testigos de los hechos de Tanhuato entrevistados por un investigador de la organización, después de los disparos iniciales varios policías mataron “a personas que estaban escapando del lugar o estaban bajo custodia policial”.

HRW recuerda que en ambos casos el Gobierno ha negado el “uso ilegítimo de la fuerza letal” y ha mostrado a las víctimas como agresores de las fuerzas de seguridad.

“Sobre la base de la evidencia disponible, pareciera que estamos ante otras dos graves atrocidades cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas”, dice en la nota el director gerente para las Américas de HRW, Daniel Wilkinson.

“Si bien el Gobierno insiste en que la Policía actuó correctamente en ambos casos, los hechos relatados por los testigos claramente sugieren que hubo ejecuciones extrajudiciales”, agregó.

La ONG reporta que ningún policía ha sufrido consecuencias en relación con los incidentes.

“Una y otra vez, el sistema de justicia de México ha demostrado ser incapaz o no querer que miembros de las fuerzas de seguridad respondan por los abusos que cometieron”, señaló Wilkinson.