A casi dos años de su anuncio, ¿qué pasó con el Plan Nacional de Infraestructura para modernizar a México? Expertos exigen que el gobierno explique en qué quedó, tras la crisis financiera y escándalos de corrupción.
Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).– En la presentación del Plan Nacional de Infraestructura, el Presidente Enrique Peña Nieto afirmó: “a mayor y mejor infraestructura, hay más oportunidades de atraer inversiones, generar empleo y mejorar el ingreso de las familias”, y añadió que la zona sur-sureste sería la que tendría la mayor prioridad del Plan Nacional de Infraestructura (PNI), por ser la región “que más lo necesita”.
Se plantearon entonces la construcción de trenes de pasajeros, acceso a Internet de alta velocidad, pozos petroleros de aguas profundas, infraestructura para la extracción de gas shale, plantas hidroeléctricas que aseguraran el agua destinada a consumo humano y riego, así como protección contra inundaciones, gasoductos, infraestructura en salud, y viviendas. Esto es, 743 programas y proyectos de inversión, en el que seis de cada 10 pesos los pondría el Estado, el resto sería de inversión privada.
Para el doctor Marcelo Delajara, director de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el actuar del Gobierno federal demuestra poca congruencia con lo que anunció “con mucha fanfarria”: su Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, “que preveía inversiones multimillonarias durante ese periodo de tiempo, en el que incluso estaban las obras detalladas una por una, pero que, por lo que se observó con la cancelación del Tren a Querétaro es que ese Plan venía, de origen, con fundamentos débiles”.
Sin duda, continua Delajara, hay poca congruencia en el tiempo de un mismo gobierno en términos de lo que promete y lo que hace. Y si bien es cierto que la caída en los precios del petróleo fue inesperada, el PNI está muy en entredicho, y mínimo debería haber un pronunciamiento del gobierno en el que informe en qué quedó.
En esto coincide Edna Jaime, directora de México Evalúa, quien destaca que hoy la confianza en el país está erosionada porque cada licitación se acompaña de escándalos por conflictos de interés, al grado que la nueva Ley de Obras Públicas, que está ahora en discusión en el Senado de la República, es llamada ya “Ley casa blanca”.
La inversión en infraestructura es también un motor de desarrollo social, al ser una fuente importante en la generación de empleo. Como lo indicó en entrevista para SinEmbargo el investigador Julio Boltvinik Kalinka, una política de crecimiento económico es una política para mejorar e incluye la forma en cómo se puede combatir la pobreza. Sin embargo, en este caso y de acuerdo con la apreciación de la doctora María Fonseca Paredes, la infraestructura no coincide con ese argumento: se ha frenado por la baja producción de las empresas y esto se traduce también en menos empleos y salarios más bajos.
El Gobierno federal estimó que de 2014 a 2018, el crecimiento económico se ubicaría entre 3.5 y 3.8 por ciento anuales, pero con la implementación de las reformas y del PNI se ubicaría en 4, 4.8, 5.1, 5.4 y 5.5 por ciento, también para cada año. La realidad es que el pasado agosto, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) estimó que la economía crecerá este año entre 1.7 y 2.5 por ciento, la cuarta reducción a la baja que hace en 2015. En tanto, mantuvo la previsión para 2016 a un rango de 2.5 a 3.5 por ciento.
Analistas de la calificadora Moody’s también se han pronunciado al respecto y sitúan un crecimiento para el país de 2.3 por ciento para la economía mexicana para este año y entre 2.5 a 3 por ciento para 2016. Incluso sostienen que, a este ritmo, un crecimiento de 3 por ciento podría alcanzarse hasta finales de la década.
Pasaría lo mismo con la Reforma Energética, de la que se verían resultados en mediano plazo; es decir, más o menos a finales del sexenio actual.
Alertaron que la posible caída de los convenios y otras transferencias, comúnmente utilizadas para financiar proyectos de infraestructura, que están programadas para disminuir 23.58 por ciento respecto al monto aprobado en 2015, puede llevar a un aumento en el endeudamiento, dado que los estados pudieran optar por financiar proyectos de infraestructura planeados a través de deuda.
LA CORRUPCIÓN, UN LASTRE
El principal objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, de acuerdo con l Tercer Informe de Gobierno, es llevar a México a su máximo potencial, es convertirlo en una nación más próspera y equitativa.
“Con la puesta en acción de las seis Reformas Transformadoras en materia económica, el país cuenta con mejores condiciones estructurales para alcanzar un crecimiento más elevado, sostenido, sustentable e incluyente, que facilite el desarrollo y el bienestar de la población”, asegura el documento.
Y así lo afirmó también el Presidente durante su mensaje a la Nación, en el que se debe perseverar en la implementación de la reformas –que seguirán siendo prioridad– para beneficiar a las familias mexicanas.
Dijo que concluirán las grandes obras de infraestructura que tienen proyectas o que ya están en construcción y “continuaremos edificando sobre las bases que hemos cimentado en la primera mitad de esta administración” transformando las instituciones y las políticas, así como cambiando las situaciones cotidianas de inseguridad, injusticia y corrupción.
Para organizaciones civiles, el escenario con menos obra pública, aunado a débiles mecanismos de transparencia, puede profundizar la percepción de corrupción que rodea al Gobierno federal.
“La confianza está erosionada porque cada obra pública importante está acompañada de un escándalo”, destacó Edna Jaime, directora de México Evalúa, al respecto de la Ley de Obras Públicas que está por votarse en el Senado de la República, y que especialistas han bautizado como “Ley casa blanca” o “Ley OHL”.
En el mismo sentido, Eduardo Bohorquez, director de Transparencia Mexicana, alertó que dado que el gasto público se irá reduciendo, las condiciones de competencia al rededor de los contratos podrían ser también más delicadas.
“No habrá más competencia, necesariamente, pero sí puede haber una competencia desleal que siempre incorpora a la corrupción. Menos recursos significan menos proyectos, y más jugadores que buscarán atajos para obtenerlos. Preocupa que el próximo año se tenga un presupuesto acotado y que quienes quieran encontrar la ruta fácil de la corrupción logren hacerlo de manera legal. La corrupción puede legalizarse en México a través de instrumentos como éste”, expuso.
En abril de 2014, Peña Nieto sostuvo que la infraestructura actual era insuficiente; 2015 fue un año de recortes presupuestales y de perspectivas de crecimiento corregidas continuamente a la baja. Para 2016, estas tendencias continúan y las principales reformas parecen no avanzar.
LO QUE SERÍA EL PNI
-Sector energía
Según el Statistical Review of World Energy, en 2013, México ocupó el lugar 6 a nivel mundial en producción de petróleo crudo y el 14 en producción de gas natural. El objetivo del PNI en este ámbito, era el de asegurar el desarrollo óptimo de la infraestructura para contar con energía suficiente, con calidad y a precios competitivos.
Para este sector se planearon 93 proyectos como centrales eólicas, gasoductos, subestaciones eléctricas, redes y líneas de transmisión, construcción y remodelación de plantas, terminales de almacenamiento, ductos, etcétera.
El financiamiento sería a través de la instrumentación de la reforma energética “será posible atraer inversiones complementarias que permitirán mantener el superávit energético”.
“El aumento en la inversión estará logrado tanto al incremento del PIB generado por el efecto combinado de las distintas reformas estructurales en proceso de instrumentación y por las oportunidades de negocios que se abren bajo el nuevo marco legal y regulatorio del sector energético en nuestro país”, puede leerse en el documento que desglosa el PNI.
Se preveían entonces hasta 20 mil millones de dólares anuales de 2015 a 2018 a partir de la Reforma.
Sin embargo, la realidad ha sido diferente. La energética, en la que más se han invertido esfuerzos, tuvo un primer descalabro el pasado 15 de julio, al adjudicar solo 2 de los 14 bloques de exploración y extracción de hidrocarburos. La empresa que los ganó, el consorcio integrado por Sierra Oil & Gas S. De R.L. de C.V., Talos Energy LLC y Premier Oil PLC, fue creada apenas en 2014, “es la primera empresa mexicana independiente de petróleo y gas”– según la descripción de su página de Internet– y recibió recursos por 75 millones de dólares de Infraestructura Institucional, entonces propiedad de Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari.
La Ronda Uno fue, o es, el primer paso histórico para abrir los hidrocarburos al capital privado, luego de décadas de férreo control estatal. Representa, además, la consolidación de la Reforma Energética, parte del paquete de “cambios estructurales” promovidos por el Presidente Enrique Peña Nieto.
-Comunicaciones y Transportes
En el Índice de Competitividad Global de 2012 del Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar 50 en carreteras, 60 en ferrocarriles, 64 en puertos y 64 en aeropuertos de un total de 144 países. Asimismo, ocupa el lugar 81 de 142 países en infraestructura de telecomunicaciones y contenido digital conforme al índice de conectividad.
En el discurso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), presidida por Gerardo Ruiz Esparza, se ha enfatizado en la importancia de fomentar la construcción de nueva infraestructura de transporte, sobre todo, al ferroviario, al que se le han destinado en dos años, 15 mil 878 millones 400 mil pesos.
Entre los proyectos ferroviarios propuestos en el PNI están el Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, el Tren Interurbano México-Toluca, el Tren Transpeninsular, la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la zona metropolitana de Guadalajara, la implementación de Transporte masivo en el Oriente del Estado de México, la Línea 3 y 4, y Ecovía en Monterrey, la modernización del transporte público de la región Lagunera y Sistema de Transporte Articulado en Tijuana.
En lo que respecta a Telecomunicaciones, entre los principales proyectos están la Red Compartida, que tiene un costo de 130 mil millones de pesos; Proyecto México Conectado, que busca dotar de Internet todas plazas públicas del país, para el que se destinaron 18 mil 600 millones de pesos; y el Sistema Satelital Mexsat, con el que se haría el despliegue de tres satélites de vanguardia tecnológica y alta capacidad.
Otros como agilizar el despliegue de redes a través de la reutilización infraestructura, la Transición Digital Terrestre y la puesta en marcha el Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico (que incluiría las bandas de 700 MHz y 2.5 GHz).
Sin embargo, analistas han señalado que estas políticas públicas, que tienen como principal objetivo el acercamiento de contenidos audiovisuales de mejor calidad y alcanzar una mayor cobertura de telefonía e Internet, al quedar en manos de la SCT, han fallado en su implementación, además de que por su alto costo, el entorno económico también pone en la cuerda floja una puesta en marcha satisfactoria.
Ernesto Piedras, director General del Competitive Inteligence Unit, consultoría especializada en regulación de telecomunicaciones, considera que los objetivos de la reforma son ambiciones muy altas que se buscan implementar con mecanismos aceleradores.
“Se pone la fecha y se intenta forzar al sistema para llegar al objetivo. Eso lleva al fracaso de Tijuana –en la primera edición del apagón la red analógica–, que poco tiempo después se encendió de nuevo porque no estaban listas las condiciones”, dice el experto.
Sostuvo que un factor que durante la discusión de la Reforma y sus leyes secundarias no se previó fue el de las finanzas públicas y la situación de la economía mexicana, y que ahora pueden dificultar la calendarización. “Esta administración va en un buen cauce, pero se tiene un récord de postergación en las fechas”, agregó.
En este sector se ha advertido una especie de castigo en las inversiones, factor que contribuyó a que México tenga el precio por megabit por segundo, de 1.69 dólares, el más caro de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este precio es aproximadamente tres veces más caro que el promedio entre los países miembros, aunado a los bajos niveles de penetración de banda ancha fija y móvil, poco interés de servidores de llegar a regiones marginadas, baja calidad, baja cobertura y altos costos.
-Sector hidráulico
A principios de 2013, el país contaba con infraestructura hidráulica relevante: más de 5 mil presas y bordos para el almacenamiento de 138 mil millones de metros cúbicos de agua para atender las necesidades de consumo humano e industrial, generación de electricidad, uso agrícola y otros usos. En lo que corresponde a las plantas potabilizadoras, se tienen registradas 699 instalaciones con una capacidad instalada total de procesamiento de 135 mil 135 litros por segundo.
El objetivo para este sector, era el de incrementar la infraestructura hidráulica, tanto para asegurar agua destinada al consumo humano y riego agrícola, como para saneamiento y protección contra inundaciones.
Los proyectos del PNI (en total 23), son canales, más acueductos, plantas de tratamiento, túneles emisores y la construcción de la tercera línea del Sistema Cutzamala. La fuente de financiamiento corre por parte de los Gobiernos estatales, municipales e iniciativa privada. Según el documento, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) enfatizaría en esta última, para dar la oportunidad de “potenciar” los recursos del gobierno.
Uno de los principales era el de Monterrey VI Región Norte, con el que se pretendía mejorar el abasto e incrementarlo, a través de un acueducto que tomará agua del río Tampaón. La inversión era de 18 mil 283 millones de pesos.
El proyecto está en manos de Concretos y Obras Civil del Pacífico, filial de Grupo Higa, y también fue una de las promesas de Enrique Peña Nieto como candidato a la Presidencia. Organizaciones civiles consideran que esta obra no es necesaria, pues la licitación se hizo bajo la premisa de que la zona a la que abastecerá enfrenta escasez de agua, cuando estudios técnicos comprueban que sin el acueducto, la zona cuenta con el vital líquido suficiente hasta el año 2030.
-Sector salud
Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en 2011 México contaba con 1.7 camas por cada mil habitantes, mientras que el promedio para los países miembros de la OCDE es de 4.8, por tal razón, se planeaba fortalecer y optimizar la infraestructura interinstitucional en salud para garantizar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.
Se contemplaban nuevas torres de hospitalización, hospitales, fortalecimiento de la infraestructura, nuevos institutos, producción de vacunas; 38 proyectos en total.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), alrededor de 21.8 millones de personas viven con carencia en servicios de salud; en dos años, la política sólo benefició a 3.5 millones de personas, y acotó que un factor no evaluado era la calidad de los servicios.
Otro factor a considerar es el del presupuesto que se prevé otorgar en 2016, que estima una reducción de 5 mil 181 millones de pesos en comparación con lo aprobado en 2015, lo que para el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), evidencia que el gasto que México destina a salud está muy por debajo del promedio que los países mas desarrollados gastan en este rubro.
-Turismo
Este sector que abona al crecimiento económico nacional, es puerta de entrada de divisas y genera empleos. Si bien es un sector que camina conforme la buena aplicación de otros también requiere de atención ya que, por ejemplo, algunas zonas son las que más basura generan en el país.
Los proyectos fueron: rescate de playas, rehabilitación de centros históricos, programas de apoyos a pueblos mágicos, protección de patrimonios, construcción de centros de convenciones, modernización de puertos, nuevos accesos carreteros, destinos sustentables.
