El PRI pretende que Raúl Cervantes Andrade, actual PGR, se mantenga a la cabeza de esta institución una vez que se convierta en Fiscalía General de la República, lo que a los ojos de la oposición sería un intento de blindaje del Presidente Enrique Peña Nieto para esta gestión y la siguientes.
Cervantes carga con una PGR a la que diversas organizaciones e incluso la Auditoria Superior de la Federación le han documentado su ineficacia en la impartición de justicia y hoy su parcialidad está bajo escrutinio por los escándalos de espionaje en contra de periodistas y activistas y la acusación en contra del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, quien supuestamente recibió sobornos de la constructora Odebrecht.
“Lo que estamos viendo es que no solo hay una incapacidad, sino también una posible complicidad de parte del Procurador para no investigar, ni perseguir con la acción de la justicia a ex gobernadores como [César] Duarte Jáquez, [Humberto] Moreira, o en Nayarit, donde empiezan a surgir irregularidades. A eso agreguémosle el caso Odebrecht, donde no hay ninguna investigación seria por parte de la PRG, que sepamos. Somos el único país donde no se haya hecho nada al respecto”, sostiene Víctor Sánchez Orozco, legislador federal por el partido Movimiento Ciudadano y parte de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
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Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- La promoción de Raúl Cervantes Andrade para ser el eventual Fiscal General de la República es un intento por blindar la corrupción y la impunidad que se ha cometido durante este sexenio, acusaron legisladores de oposición.
La falta de procuración de justicia en México ha sido resaltado por diferentes instituciones y organizaciones. La última alerta se dio a conocer este día por parte de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) en su Índice Global de Impunidad (IGI) 2017.
A grandes rasgos el documento expone que México ocupa el primer lugar de impunidad en el continente Americano y el cuarto de un total de 69 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El próximo viernes iniciará el penúltimo periodo ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura en el Congreso de la Unión y se tiene previsto que se nombre al Fiscal Anticorrupción y el marco legal sobre el paso de la Procuraduría General de la República a Fiscalía General de la República.
“Evidentemente, aparte de que no tiene la capacidad sería permitir blindar al Presidente Peña Nieto y a todo su Gobierno ante una posible acción de la justicia una vez que termine su Gobierno”, dijo Víctor Sánchez Orozco, Diputado federal por el Partido Movimiento Ciudadano (MC) y quien es parte de la Comisión de Justicia.
Recientemente el Senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Presidente de Mesa Directiva de la Cámara Alta, Pablo Escudero Morales, manifestó su interés de impulsar la designación de Cervantes al frente de la Fiscalía.
Una designación que contradice una iniciativa mandada por el Presidente Peña Nieto, en noviembre del 2016, para modificar el transitorio constitucional que dará vida a la Fiscalía y prohibir que un funcionario titular pase en automático de Procurador a Fiscal.
“No hay todavía un acuerdo en el grupo parlamentario sobre el artículo 102, que es el pase automático.[…]. Lo someteré a votación, par ver cuál es la decisión final sobre si vamos a ir a aprobar este artículo 102”, dijo Manlio Fabio Beltrones, jefe de la bancada priista, apenas el pasado 24 de agosto.
El PRI presiona al PAN, en donde Escudero ha buscado encontrar eco para que apoyen la candidatura de Cervantes. Y lo ha encontrado en figuras como la del Gobernador de Durango José Rosas Aispuro Torres, quien apoya a Cervantes.
Sin embargo, al menos para la dirigencia panista, la elección de Raúl Cervantes como nuevo Fiscal sería un grave retroceso.
“No vamos a permitir que el actual Procurador, con militancia priista, coordinador jurídico de campaña Presidencial de Enrique Peña Nieto sea el Fiscal durante lo que está de este sexenio, todo el siguiente y una tercera parte del que seguirá”, dijo Ricardo Anaya, presidente del PAN .
En esta misma línea lo han seguido el coordinador de la bancada en el Senado, Fernando Herrera Ávila, quien sostuvo después de la plenaria blanquiazul del fin de semana que buscarán dictaminar la iniciativa presidencial que prohíbe el pase automático.
La modificación del artículo 102 requiere dos terceras partes en el Senado, por lo que de negarse el blanquiazul, el PRI y el Verde quedarían casi imposibilitados para que convertir a Raul Cervantes en el primer Fiscal General de la República.
El Senador del PRI Miguel Ángel Chico Herrera, expuso en La Jornada: ‘‘Vamos a ver en la negociación quién tiene mayoría; vamos a convencer a los senadores que no son del PRI o del Partido Verde que pueden estar con nosotros’’.
CERVANTES, SIN CREDENCIALES
Los legisladores de oposición sostienen que Raúl Cervantes no puede ocupar el cargo ante la falta de persecución de los delitos en su gestión, que inició en octubre del 2016 cuando relevó a Arely Gómez González, quien hoy ocupa la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Ese podría ser el caso de los bienes del Joaquín “El Chapo” Guzmán, deportado en enero a los Estados Unidos. Una solicitud de información de SinEmbargo dio cuenta de que al capo sólo le han sido asegurado un inmueble desde 1994.
“Cervantes ha demostrado una gran incapacidad para llevar adelante la PGR. Como un claro ejemplo se sigue combatiendo al narcotráfico, y hay serias debilidades en establecer mecanismos para combatir el lavado de dinero. Ahí hay cero resultados”, dijo Orozco.
Sin embargo, también está en tela de juicio el peso de los colores durante la gestión de Raúl Cervantes. La PGR se ha visto incapaz de iniciar procesos bilaterales con Estados Unidos para pedir la extradición del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.
El 19 de junio, un Juez ordenó la captura de Duarte con base a una acusación de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) por el desvío de 79 millones de pesos.
Asimismo, el ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, junto a su hermano Rubén Moreira Valdez, carecen de investigaciones que hayan derivado en órdenes de captura.Pese a que el primero fue temporalmente detenido en España, el 15 de enero, por presunto lavado de dinero, y el segundo ha sido denunciado en la PGR por crear empresas fantasmas, acusación presentada por el Senador panista Luis Fernando Salazar Fernández.
“[Cervantes], aunque es un hombre reconocido por su honestidad, siempre va a generar en el ciudadano la duda de que va estar condicionado o alineado a los designios del Presidente, y cuando ya no sea Presidente [Peña], pues del ex Presidente”, dijo Waldo Fernández González, Diputado federal del partido de la Revolución Democrática (PRD).
Raúl Cervantes no ha sido capaz de acreditar pruebas en casos emblemáticos.
Dos semanas atrás, Guillermo Padrés Dagnino, hijo del ex Gobernador de Sonora Guillermo Padrés, quedo en libertad después de que la PGR considerase la falta de pruebas para sostener la acusación de lavado de dinero.
El caso de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos y denunciado por tres directivos de la constructora Oderbrecht de recibir sobornos que sumarían 10 millones de dólares, avanza apenas tras la presión de la prensa nacional e internacional.
Lozoya fue citado a declarar el 17 de agosto, y se abrió una carpeta de investigación de la que el ex director de Pemex dijo contiene pruebas en su contra.
“Lo que estamos viendo es que no solo hay una incapacidad, sino también una posible complicidad de parte del Procurador para no investigar, ni perseguir con la acción de la justicia a ex gobernadores como Duarte Jáquez, Moreira, o en Nayarit, donde empiezan a surgir irregularidades. A eso agreguémosle el caso Oderbrecht, donde no hay ninguna investigación seria por parte de la PRG, que sepamos. Somos el único país donde no se haya hecho nada al respecto”, dijo Víctor Sánchez Orozco.
Representantes de la oposición exigen que se investigue si el dinero que supuestamente recibió Lozoya ingresó a la campaña del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto, los diputados de Morena, incluso, han exigido que Cervantes se excuse del cargo debido a que fue coordinador jurídico de la campaña del mexiquense.
A este caso se suma que el caso de espionaje en contra de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas tampoco ha sido resuelto, pese a que las denuncias publicas datan desde el año pasado.
Una vez que se declare la autonomía de la Fiscalía General de la República, el Senado de la República deberá iniciar el procedimiento para nombrar al nuevo Fiscal General.
El 10 de febrero del 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma político-electoral que detallaba la constitución de la PGR en una Fiscalía, cuyo titular saldrá de una terna propuesta por el Senado y enviada para la selección al Ejecutivo.
Pese a que el primer Fiscal pasará nueve años en su cargo. La designación no comenzará sino hasta que se expida la Ley de la Fiscalía General de la República, que se congeló en el Senado. La oposición lejos de retardar la designación del próximo Fiscal, asegura, se encuentra dispuesta a entrar al debate.
“Peña quiere negociar la impunidad. Pero nosotros no caemos en ese juego. Urge que se elija al nuevo Fiscal, pero que sea un académico, no al dedazo. Debe surgir de la sociedad, que no tenga relación con ningún partido político”, dijo Alfredo Basurto Román, Diputado federal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
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Basurto, quien también es miembro de la Comisión de Justicia, sostuvo que aunque su partido no tiene mayoría en las Cámaras, el acercamiento de las elecciones hará que los partidos oficiales se inhiban de proponer a Cervantes.
Sin embargo, la participación ciudadana en el proceso queda bajo reserva. El perredista Fernández Gonzáles señaló que es tarde para incluir a las organizaciones civiles en un proceso de designación.
“Hubiera sido muy buena esa posibilidad anterior al proceso, me parece que podrían hacerse algunos foros, pero la verdad es que es una facultad exclusiva del poder legislativo, en este caso de la Cámara Alta del Senado, hay que recordar que en teoría los Senadores y los diputados somos representantes populares”, señaló Fernández.
Este martes, organizaciones sociales presentarán sus propuestas para una Fiscalía General de la República “verdaderamente autónoma y eficaz”.
Decenas de grupos civiles y de académicos llamaron a ser incluidos en la discusión para conformación de esta institución y el proceso de los nombramientos.
