Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).– Amnistía Internacional instó al Presidente Enrique Peña Nieto a investigar debidamente las miles de desapariciones ocurridas en el país y recordó que de los casi 25 mil casos registrados desde 2007 la mitad se han registrado en su administración.
La organización defensora de derechos humanos mencionó, con motivo de la celebración del Día de los Desaparecidos el 30 de agosto, que “no es normal” el tema de las desapariciones forzadas e indicó que éste acaparó los titulares internacionales en septiembre de 2014, tras la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela normal rural de Ayotzinapa.
“Aunque el asunto [de los normalistas] ha suscitado atención internacional, las autoridades no ha investigado debidamente todos los aspectos del caso, ni siquiera las preocupantes denuncias de complicidad de las fuerzas armadas. No obstante, han sacado a la luz la connivencia entre funcionarios locales y bandas delictivas”, denunció Amnistía.
Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, ofreció el apoyo de la organización a todas las personas del mundo sometidas a desaparición forzada y detención ilegal por las autoridades del Estado, así como a sus familiares. “Los gobiernos de los países donde se producen desapariciones forzadas deben recibir mayor presión aún para que acaben con esta aborrecible práctica.”
“Gobiernos de todas las regiones del mundo, desde Siria hasta México y desde Sri Lanka hasta Gambia, podrían tener a centenares de personas, e incluso miles, recluidas en secreto. En muchos países, las autoridades continúan sometiendo a hostigamiento e intimidaciones a quienes buscan a sus familiares desaparecidos. La lucha por la justicia no debe cesar”, señaló Shetty.
Amnistía refirió cómo ha organizado una campaña de envío de cartas para instar al Presidente Enrique Peña Nieto a investigar debidamente los millares de desapariciones ocurridas en el país. Bajo el hashtag #NoEsNormal se ha exortado al Jefe del Ejecutivo federal a reconocer que las desapariciones y desapariciones forzadas en México forman parte de la crisis de su gobierno.
Las desapariciones son un problema que continúa “imbatible” en el mundo, remarcó la organización defensora de los derechos humanos, que criticó especialmente el uso de la desaparición forzada por parte de los Gobiernos para “silenciar a sus críticos” e “infundir miedo a la población”.
El organismo internacional dijo que las desapariciones forzadas las cometen agentes del Estado” o personas que actúan en su nombre y se niegan a reconocerlo u ocultan la suerte y el paradero de la víctima, dejándola fuera del alcance de la protección de la ley”.
Las desapariciones suelen seguir unas pautas: una vez detenida, la víctima casi nunca comparece ante un tribunal, y casi nunca hay constancia en ningún registro de su ‘delito’ ni de su detención. Una vez fuera de la vista, la persona sometida a desaparición forzada está muy expuesta a sufrir malos tratos, tortura, e incluso la muerte”.
Por ello dijo que este año está instando a decenas de gobiernos, entre ellos el de México, que hacen uso de la desaparición forzada contra quienes se oponen a ellos a que dejen definitivamente de emplear esta táctica. “Con ocasión del Día Internacional de los Desaparecidos, la organización pone de relieve casos de cada una de sus regiones globales” refirió.
DESAPARICIONES POR MOTIVOS POLÍTICOS
En lo que va de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto 81 personas defensoras de los derechos humanos han sido víctimas de desaparición forzada, reportó el Comité Cerezo este día en su informe “Defender los derechos humanos en México: la represión política, una práctica generalizada”.
El documento difundido este viernes abarca el periodo que va del primero de junio de 2014 al 31 de mayo de 2015 en donde se contabilizó que 52 personas defensoras de los derechos humanos fueron víctimas de desaparición forzada “por motivos políticos”.
El Comité expone el nombre de las 52 personas víctimas de este delito, de los cuales los 43 son los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 de septiembre de 2014 por agentes municipales coludidos con el crimen organizado. El reporte también da cuenta de casos en los que las personas fueron liberados y otros en donde fueron ejecutados.
Menciona que en el caso de los normalistas de Ayotzinapa dice: “la desaparición forzada de un grupo grande de personas, integrantes de un movimiento social, es la primera en su tipo en el México contemporáneo”.
El reporte menciona que la cifra de desapariciones forzadas representa un incremento del 50 por ciento en los casos de personas defensoras de los derechos humanos víctimas de desaparición forzada respecto al sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
“El Gobierno federal continua sin reconocer la magnitud de la práctica de la desaparición forzada y, ante los cuestionamientos de las organizaciones internacionales de derechos humanos, acepta que existen casos de desaparición forzada pero afirma que son aislados y que no corresponden a una política de Estado”, refiere el reporte.
El refiere que la suma de todos los actos de Violaciones a los Derechos Humanos (Agresiones, hostigamiento, amenazas, detención arbitraria, ejecución extrajudicial y desaparición forzada) es de 860 casos “lo que indica un incremento en el uso de las estrategias de control social, represión política y contra insurgente por parte del Estado mexicano en contra de los defensores de derechos humanos”.
El comité dice que Guerrero es el estado con mayor número de actos de Violaciones a los Derechos humanos (VDH) en general (202) cometidas contra los defensores de los derechos humanos; seguido del Distrito Federal con 140; Chiapas (64) y Oaxaca (55) continúan en los primeros lugares como estados donde las estrategias de represión política se mantienen y los estados donde no se había manifestado en tales cantidades estos actos de VDH y que aparecen en este informe son: Baja California (75), Puebla (62) y Quintana Roo (62).
“Con estas cifras y el presente informe no sólo pretendemos visibilizar las graves VDH que ocurren en México contra las personas que se atreven a organizarse y defender sus derechos, también intentamos contribuir en el fortalecimiento de las organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos para que puedan seguir cumpliendo con el valioso trabajo que hacen, pero con acceso a más herramientas que les permitan disminuir el riesgo y los ataques que esto les implica”, dice el informe.
