Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).- Organizaciones de la sociedad civil criticaron que a tres años de la Implementación del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob), lejos de lograr un cambio significativo se ha mostrado un agravamiento.
Dijeron que hay “una falta de voluntad política” para garantizar el reconocimiento de los derechos humanos, en un contexto de violencia que vive el país.
Durante la presentación del Segundo Diagnóstico sobre la Implementación del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, diversas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, Artículo 19, Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT), Reporteros sin Fronteras, entre otras, criticaron que en este mecanismo existe “una falta de voluntad política, en un contexto de violencia contra defensores y periodistas, en el que se necesitan medidas de protección que aseguren el reconocimiento de sus derechos humanos”.
Las organizaciones detallaron diversas fallas en el mecanismo, entra las que destacan la ausencia de respaldo político, financiero y de recursos humanos, seguido de la falta de reconocimiento de la labor de las personas defensoras y periodistas; la descoordinación y falta de voluntad de las autoridades competentes de los distintos niveles de Gobierno, a pesar de la firma de los convenios de colaboración; así como las limitaciones en las investigaciones, y el desinterés en activar las herramientas que por ley se definieron para prevenir los abusos y ataques contra esta población.
“Todo ello es una muestra de los retos que enfrenta el mecanismo para reducir el riesgo y tomar medidas efectivas para su correcta implementación”, sostuvieron durante una conferencia de prensa realizada hoy.
precisaron que tienen registrados al menos 21 homicidios de periodistas tan sólo de enero de 2012 a mayo de 2014.
Destacaron además, que de junio de 2012 a mayo de 2015, fueron asesinados en el país 32 defensores de derechos humanos por su activismo. Oaxaca y Guerrero son las dos entidades en las que se registra el índice más alto de estos crímenes.
Mediante un comunicado dijeron que a tres años de la publicación de la Ley Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el balance del trabajo hecho por la federación demuestra que no ha logrado conseguir un cambio significativo en la situación de las personas defensoras y periodistas; y por el contrario muestran una agravamiento.
Lo grupos civiles dieron a conocer que el informe se elaboró a partir de la sistematización y análisis de 59 casos de personas defensoras de derechos humanos, de un total de 203 casos que se han reportado a los grupos civiles.
Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT), que agrupa a más de 70 organizaciones sociales en el país, dijo que la violencia a los activistas proviene principalmente del crimen organizado, los caciques, las empresas trasnacionales y funcionarios de los tres niveles de gobierno, entre otros.
Al que se suman las intimidaciones a los abogados de los activistas, las campañas en su contra en medios de comunicación , el allanamiento de oficinas de asociaciones civiles, además de leyes que pretenden criminalizar la protesta social y delimitar la libertad de expresión.
Pilar Talavera, de Propuesta Cívica, criticó entre las medidas que menos se aprueban es la atención médica y psicológica, pese a que es uno de los flancos más débil de un defensor y un periodista.
Para poder contrarrestar las deficiencias del Mecanismo de Protección y de los órganos responsables de su operatividad recomendaron brindar mayor información sobre el desempeño y los resultados del Mecanismo, cumplir los tiempos de respuesta establecidos por ley; asegurar un equipo y mayor especialización en la elaboración de análisis de riesgo, que permita determinar medidas de protección adecuadas según el caso en particular.
Además urgieron brindar capacitación y sensibilización a los funcionarios, y establecer mecanismos para proteger la identidad y privacidad de las personas solicitantes o beneficiarias.
