El Gran Bosque de Agua atraviesa la Ciudad de México, Morelos y el Estado de México, este espacio corre el riesgo de ser devastado. Desde hace 20 años, la comunidad de San Juan Atzingo, ubicada en el municipio de Ocuilán de Artega, Estado de México, comenzó la defensa de sus bosques en 1998. San Juan está enclavada en el Gran Bosque de Agua, que abarca 120 mil hectáreas en las sierras de Las Cruces, el Ajusco, el Chichinautzin, Zempoala y el sistema Cadera.

El Gran Bosque alberga casi dos por ciento de la biodiversidad mundial, incluyendo especies en peligro de extinción; ayuda a regular el clima y la calidad del aire de la región; proporciona tres cuartas partes del agua que se consume en la Ciudad de México, el total de la que se consume en Cuernavaca, parte del agua de Toluca y abastece a dos de los ríos más importantes del país: el Lerma y el Balsas.

Esta importantísima zona está perdiendo una superficie equivalente a nueve canchas de futbol al día, a pesar de que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) declaró parte de esta zona como una de las regiones terrestres prioritarias para la conservación en México. El principal enemigo es, además de los cambios de uso de suelo, la tala ilegal. Las autoridades no se dan abasto –o no quieren- detener la destrucción. Y aquí es donde intervinieron la familia Zamora y los habitantes de San Juan Atzingo.

Ildelfonso pagó el precio de encabezar la defensa del Bosque del Agua en un país en el que la represión se ha convertido en cosa de todos los días. En diciembre de 2005, Ildefonso y otros comuneros presentaron una denuncia penal acompañada de videos y fotografías que mostraban a los talamontes en flagrancia. En abril de 2006, Ildefonso y Greenpeace interpusieron una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la que la delegación del Estado de México comenzó a vigilar constantemente la zona y a realizar operativos en los que se detuvo a varios talamontes. En noviembre de ese año, el Ministerio Público solicitó 47 órdenes de aprehensión contra conocidos taladores de la zona, pero fueron denegadas con el argumento de que no había elementos constitutivos de delito.

Aldo y Misael Zamora, hijos de Ildefonso, colaboraron del 2006 al 2007 con Greenpeace en la colecta de datos para hacer un estudio sobre los impactos de la tala ilegal en los bosques de San Juan Atzingo. Por estas actividades, la familia Zamora fue objeto de múltiples amenazas que se comenzaron a cumplir muy pronto. En 2006, en el transcurso de una marcha en contra de la tala ilegal, presuntos taladores le dijeron a Ildefonso: “tienes tus días contados; si no le bajas, te vamos a dar en dónde más te duela”.

Ildefonso mantuvo su lucha pacífica y tuvo como resultado el asesinato de su hijo Aldo a manos de los talamontes. El 15 de mayo de 2007 al caer de la noche Aldo y Misael fueron emboscados por cuatro personas en Santa Lucía, Ocuilán, mientras viajaban con tres de sus familiares de regreso de una inspección en la zona para detectar a los criminales. Aunque su hermano intentó protegerlo, Aldo murió. Misael fue herido en un pulmón y los otros familiares resultaron ilesos.

Unas semanas después, el 5 de junio, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, le otorgó a Ildefonso y a su comunidad la mención honorífica del Premio al Mérito Ecológico; al igual que el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, Calderón prometió hacer justicia y defender los bosques. La justicia llegó lenta e incompleta, pues tuvieron que pasar más de tres años para que las autoridades detuvieran a dos de los cuatro agresores. Los otros dos permanecen prófugos hasta el día de hoy.

El 20 de noviembre de 2015 Ildefonso fue detenido con violencia y sin mediar orden de aprehensión. Las irregularidades judiciales no comenzaron ahí, sino en el hecho de que se ordenó su captura por una investigación iniciada tres años atrás y de la que nunca fue notificado.

El camino que siguió fue el que recorren los miles de presuntos culpables que abundan en México: con base únicamente en las declaraciones idénticas de testigos, Ildefonso fue recluido junto a dos de los asesinos de su hijo en el Centro de Readaptación Social de Tenancingo, Estado de México. Sin derecho a fianza, pues el delito del que lo inculparon es grave, la primera pelea en la cárcel fue para que lo alejaran de los homicidas de Aldo y para que le aseguraran atención médica. La pelea afuera es por demostrar que el proceso jurídico es totalmente irregular, violatorio de sus derechos, y es contra un andamiaje jurídico acostumbrado a dictar sentencias violatorias de derechos humanos.

La familia nunca ha tenido duda de que detrás de la acusación están personajes políticos ligados a los criminales; han sostenido una y otra vez, junto con las organizaciones que les acompañan, que se trata de represalias por su labor en defensa del bosque. Ildefonso mismo señaló desde la cárcel: “Haber logrado el reconocimiento de tierras comunales de San Juan Atzingo y combatir la tala ilegal me ha costado muy caro, pero no estoy acabado, porque lo que ya realicé quedó en los libros de la historia, son y serán huellas imborrables. Sigo firme y con dignidad”.

Este mismo mes, Amnistía Internacional lo reconoció como preso de conciencia, lo que certifica que está encarcelado por su lucha y que ésta es pacífica. Las firmas de decenas de miles de ciudadanos exigiendo su libertad, el reconocimiento de su labor por parte de los habitantes de San Juan y, ahora, el amparo otorgado por el juez hacen que surja la esperanza de que es cada vez más posible que Ildefonso vuelva a respirar, en libertad, el aire de los bosques que ha ayudado a defender y reforestar.

¿De quién depende que se haga justicia? La decisión está en manos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, de modo que no impugnen el amparo.
En solidaridad con un comunero valiente y comprometido con los espacios que nos oxigenan, estaremos atentos del proceder de la Procuraduría y de su protección una vez que sea liberado.

Maite Azuela

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Analista Política y Activista por los derechos humanos y la rendición de cuentas. Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Concordia, Canadá. Colaboradora de Uno Noticias. Dirige la organización Dejemos de Hacernos Pendejos y forma parte de redes ciudadanas para el impulso de los derechos políticos y la defensa de los derechos humanos. Fue servidora pública durante una década y entre las instituciones para las que laboró están el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI).

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