Son múltiples los efectos que causan los megaproyectos en distintas zonas del país. Entre los impactos negativos se encuentran el uso desmedido de recursos naturales; la contaminación del aire, agua, flora y fauna; los conflictos sociales y la división de comunidades, la mayoría de ellas conformadas por indígenas, denunció el Cemda.
Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).– La legislación en México favorece el desarrollo de megaproyectos de distintos tipos, capaces de pisotear los derechos humanos de los habitantes –principalmente de comunidades indígenas– y de arrasar con los recursos naturales, denunció el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), durante el “Seminario de Agua, Ambiente y Derechos Humanos”, realizado en Cuernavaca, Morelos.
En entrevista para SinEmbargo, Andrea Daviede Ulisse Cerami, del Cemda, definió que un megaproyecto es cualquier obra o actividad de grandes dimensiones que produce un impacto ambiental, social o sobre los derechos humanos, y que no necesariamente es negativo: puede, por ejemplo, tener consecuencias en la forma de vida, en las actividades diarias y el desarrollo cotidiano de los seres humanos.
“Las personas tienen una forma de desarrollarse y un proyecto que modifique esa forma de desarrollo puede ser considerado un megaproyecto”, comentó.
Son múltiples los efectos que causan los megaproyectos en distintas zonas, entre los impactos negativos se encuentran el uso desmedido de recursos naturales; la contaminación del aire y agua; daños a la flora y fauna; los conflictos sociales y la división de las comunidades, ya que algunas están a favor de las obras y otras más en contra.
Por ello, Ulisse Cerami aclaró que el Cemda no tiene una postura absolutamente contraria a todos los megaproyectos, pues siempre es necesario evaluar cada caso.
“Hay megaproyectos que son muy útiles como la construcción de una escuela o de un hospital. El punto es que la sociedad debería fiscalizar las decisiones que toma la autoridad, no aceptar la decisión porque la tomó un Gobernador o un Presidente. Los ciudadanos deberían exigir que todos los megaproyectos cumplan con los requisitos, ya que estos deben ser necesarios, racionales y proporcionales”, destacó.
En ese sentido, el especialista denunció que muchas veces no existe control sobre los megaproyectos ni un sistema de gestión ambiental verdaderamente efectivo, y agregó que diversas empresas tienen una lógica que no les permite detenerse a pensar y evaluar los daños o la excesiva utilización de los recursos naturales y los efectos nocivos que podrían causar a las comunidades, principalmente indígenas.
EL ESTADO FAVORECE MEGAOBRAS
En México existen innumerables megaproyectos que afectan comunidades indigenas en todo el país, desde los mineros, turísticos, de infraestructura hidráulica, de generación de energía eólica, de agriculturas transgénicas, entre otros.
De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), quienes pretendan llevar a cabo alguna de las obras o actividades mencionadas, “requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental” de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
No obstante, el ambientalista expuso que uno de los problemas más graves “es que muchas veces la decisión empresarial del proyecto se basa solamente sobre una cuestión de gastos, de costos y no sobre una cuestión de cumplir con determinados tipos de criterios, ahí el Estado es quien debería exigir el cumplimiento de criterio, pero eso es lo que falta muchas veces en la implementación normativa”.
Aunado a ello, dijo, el Gobierno federal ha continuado con la política de otorgamiento de concesiones sobre recursos naturales en materia de megaproyectos, “es una política que venía ya de los gobiernos anteriores y han continuado con el otorgamiento de concesiones y hasta han cambiado el marco legal para hacer más fácil el emprendimiento empresarial sobretodo en materia energética, en materia de hidrocarburos para abrir el mercado a empresas privadas, pero más allá de eso nos preocupa el otorgamiento de concesiones petroleras, mineras, de eólicos, de recursos naturales cuando no hay una evaluación clara, estratégica del impacto sobre el territorio”.
“La legislación en materia podría ser mejorada, se le podrían dar más atribuciones a los organismos de control, sin embargo, falta la implementación de la legislación, más que la legislación”, aseguró.
MINERÍA, LA ACTIVIDAD MÁS NOCIVA
De acuerdo con Cerami, la minería es una de las actividades más nocivas para el medio ambiente, sin embargo, –reconoció– “es necesaria porque si no no tendríamos aparatos tecnológicos que actualmente la mayoría utilizamos: todos usamos computadoras, todos usamos celulares, es, lo llamamos, un mal necesario, el punto es dónde la llevan a cabo, si la hacen sobre un sitio sagrado de un pueblo indígena o sobre un área natural protegida, entonces sí tengo mis dudas”.
En cambio, dijo, si es realizada en lugares donde hay menos afectaciones y con una serie de medidas ambientales, puede traer más beneficios que perjuicios. Para ello propuso que no sea ejecutada a cielo abierto, sino subterránea.
No obstante, según el ambientalista, en nuestro país existen 29 mil concesiones mineras otorgadas por el Estado.
