Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).– Un día como hoy, hace 18 años, un grupo de 40 campesinos integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) salió muy temprano de sus viviendas. Se trasladó a un mitin, a varios kilómetros de su hogar. Exigía al gobierno la presentación con vida de uno de sus miembros detenido.
Todo parecía normal; otro día de protesta social en Guerrero. Hasta que los campesinos llegaron al vado de Aguas Blancas.
Ahí, un grupo de policías de las extintas corporaciones Judiciales y Motorizada lo estaba esperando.
Las autoridades los hicieron descender de un vehículo. Pronto todo se volvió un caos.
–¡Al suelo! ¡Pronto! !Al suelo! –les gritaban mientras se iban tendiendo en el camino de terracería.
Poco después, los disparos. Muchos a quemarropa. El resultado: 17 campesinos muertos y 23 heridos.
Allí quedaron sus cuerpos: innertes en el camino, con sus ropas humildes ensangrentadas, llenas de polvo del camino. Los sobrevivientes yacían entre los cadáveres o estaban sentados mientras esperaban que su destino se decidiera.
La versión oficial del Gobierno del estado, según la “Cronología sobre lo ocurrido en Aguas Blancas” del CISEN, indicaba que los campesinos agredieron a los policías desatándose un enfrentamiento, tras el cual numerosas armas de grueso calibre y municiones útiles fueron halladas en el lugar.
Todo era una mentira. Un video desmintió a las autoridades. Se trató, simple y llanamente, de una masacre.
El documento detalló en su oportunidad que el Ejecutivo guerrerense, el entonces Gobernador Rubén Figueroa Alcocer, justificó el choque entre ambos bandos como “resultado de una actitud violenta” de los lugareños.
Según él, las autoridades del retén comenzaron el diálogo con gente que viajaba en un camión rumbo a Atoyac cuando arribó a la zona un segundo camión con más de 20 personas, algunas de ellas presuntamente agredieron con machetes a un uniformado. Tras este hecho, dijo, los miembros de la OCSS dispararon a los policías, quienes “repelieron la agresión”.
Figueroa Alcocer responsabilizó de los hechos a Benigno Guzmán Cruz, líder de la organización. Negó posibilidad en nuevos brotes de violencia.
La versión fue secundada por Antonio Alcocer Salazar, quien fungía como Procurador General de Justicia del Estado. Él se encargó de dar a conocer un documento de 11 puntos sobre los hechos, destacando que fue un enfrentamiento derivado de “una actitud de provocación” por parte de los campesinos.
Alcocer Salazar nombró a Adrián Vega Cornejo como Fiscal Especial para dar seguimiento al caso y esclarecer los hechos.
El ex Procurador refirió que el chofer de la segunda unidad, identificado como Saulo Luna Nava, declaró ante el Ministerio Público haber sido retenido por los integrantes de la OCSS y haberlos llevado hasta ese lugar “en contra de su voluntad”.
LA OTRA VERSIÓN
Pero la versión de los campesinos no era la misma. Los sobrevivientes dijeron que no iban armados y algunos testigos revelaron a los medios que se trató de una emboscada.
La versión quedó confirmada cuando la cadena CNN presentó un video de los acontecimientos. En la grabación destaca un campesino muerto, señalado por los policías como uno de los causantes de la refriega, con un revólver en la mano, pero en otra imagen aparece el mismo hombre, en la misma posición, pero sin arma alguna. Comenzó a hablarse entonces de que se recreó una escena para inculpar a los inocentes.
Derivado de los hechos, se pidió suspender de su cargo al Director General Operativo de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, el Mayor Manuel Moreno González, quien presuntamente estuvo al frente del operativo. Diferentes actores políticos de oposición pidieron la cabeza de Rubén Figueroa Alcocer, quien se negó en un principio a separarse de su cargo, asegurando que “aplicaría la ley” contra los responsables.
Recibió incluso el apoyo de la Secretaría de Gobernación, encabezada desde el día de la masacre por Emilio Chuayffet, actual Secretario de Educación.
Arturo Núñez, quien se desempeñaba como subsecretario de dicha dependencia, dijo a los medios que no existían “elementos para que Rubén Figueroa Alcocer solicite licencia al cargo por su presunta responsabilidad en la muerte de 17 campesinos en el municipio de Coyuca de Benítez”.
Rodulfa Miranda Cortés, viuda de Daniel López, uno de los muertos, dijo que Figueroa les pidió “discreción” al entregarles las indemnizaciones por 50 mil pesos, es decir, no quería que se presentaran denuncias por los hechos.
Para el 3 de julio de 1995, Figueroa ya consideraba a la OCSS como una “naciente célula guerrillera”.
Finalmente el 12 de marzo de 1996, con sólo tres años de gobierno, solicitó licencia al Congreso de Guerrero y fue sustituido por Ángel Aguirre Rivero como mandatario interino.
LA INVESTIGACIÓN
En marzo de 1996, a petición del entonces Presidente Ernesto Zedillo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que investigaría lo ocurrido en Aguas Blancas «por tratarse de hechos de excepcional gravedad que conculcan las garantías constitucionales», informó Chuayffet.
«Queremos que en el caso que nos ocupa se distinga muy bien la materia central de la investigación, la manera como ésta se ha llevado a cabo y las responsabilidades que deben fincarse en consecuencia, pero sobre todo, y a fin de cuentas, queremos justicia», expresó.
Chuayffet dijo que acontecimientos como el de Aguas Blancas no deben repetirse, y que los mexicanos quieren justicia, no impunidad. «El reclamo de justicia no es sólo para los agraviados, sino para toda la sociedad», dijo.
De acuerdo con informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el propio ex Gobernador sabía que se llevaría cabo ese mitin por lo que tomó las medidas necesarias.
Según el organismo, un día antes de la masacre fueron retirados todos los policías municipales de Atoyac y se avisó en el hospital regional que estuvieran preparados para recibir a los heridos.
La Comisión de Derechos Humanos de México emitió la recomendación 104/95 en la que quedaron detallados los hechos, que en un principio fueron negados por Figueroa y sólo se avocó a destituir a funcionarios de primer nivel.
Por su parte, el actual Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, afirmó en entrevista con CNN México que su administración está trabajando directamente con las viudas y afectados.
Luego de la masacre, un grupo de quince policías estatales, entre ellos un comandante, fueron despedidos y acusados de haber participado en la matanza. Permanecieron en prisión poco más de tres años, alegando que su aprehensión tenía más motivaciones políticas que jurídicas.
Los policías han declarado que llegaron al vado en acato a una orden de sus mandos superiores, que los convocó bajo el argumento de que participarían en el operativo de búsqueda de un niño secuestrado.
De acuerdo a las indicaciones, instalarían un retén en el lugar en que fueron acribillados los campesinos.
Francisco Sandoval Medina, ex coordinador regional de la policía estatal, antes conocida como policía motorizada, aseguró a los medios en 2011 que cuando él y 14 de sus hombres de confianza llegaron al lugar, ya se había comedido el crimen.
Aseguró que cuando se les practicó la prueba de Harrison su resultado fue negativo, con lo que se confirmó que al menos él y los elementos no dispararon contra los campesinos.
Los ex policías han exigido su liquidación. Incluso hace un año iniciaron una huelga de hambre para reclamar su indemnización y el pago de salarios caídos.
EN FUNCIONES…
A 18 años de la matanza, algunos personajes vinculados a la investigación del caso continúan estando presentes en la escena política.
• RUBÉN FIGUEROA
El priista sólo gobernó Guerrero medio sexenio, de 1993 a 1996. Es hijo de Rubén Figueroa Figueroa, también ex Gobernador de la entidad.
En sus últimas apariciones públicas ha causado polémica. Primero, a inicio de año el ex Edil de Acapulco, Manuel Añorve, lo llamó asesino.
Posteriormente, Figueroa declaró que la autodefensa -predominante en Guerrero-, es ilegal y tiene que ser erradicada, esto de acuerdo a la ley que prohíbe la creación de grupos armados en donde es muy probable que se infiltre la delincuencia organizada.
También mostró su respaldo a quien fuera su sucesor, Ángel Aguirre, para que los maestros que violen la ley sean detenidos y encarcelados porque un gobierno no puede estar bajo el control de cualquier grupo social.
• ÁNGEL AGUIRRE
El ex priista ocupó el cargo de Gobernador interino de Guerrero de 1996 a 1999.
Al frente del Ejecutivo estatal tuvo que encabezar las investigaciones sobre la matanza en Aguas Blancas, pero hasta la fecha es señalado por familiares de las víctimas y ONGs como encubridor de los responsables.
En 2003 fue electo por segunda ocasión Diputado federal, siendo nombrado presidente de la Comisión de Comunicaciones y luego de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En 2006 fue postulado como candidato a Senador por el PRI.
Desde abril de 2011, Aguirre ocupó nuevamente el cargo de Gobernador, ahora mediante una elección en la que fue postulado por el PRD.
• ERNESTO ZEDILLO
Al concluir su periodo presidencial en 1994, se dedicó a su vida privada, tiempo después formó parte del consejo ejecutivo de las empresas estadounidenses Procter and Gamble, Alcoa y Union Pacific; además de colaborar con asesorías para Citigroup, Global Development Network, Sistemas Electrónicos de Datos, y Coca-Cola Company International Advisory Board.
Se desempeñó también como director del Centro para el Estudio de la Globalización de la Universidad de Yale y como consejero de la Fundación Bill & Melinda Gates.
En 2008, Zedillo encabezó una comisión que tenía como objetivo modernizar el Banco Mundial (BM), institución fundada en 1944.
El 18 de abril de 2012, se dio a conocer que el ex Presidente fue designado por segundo año consecutivo como consejero de Citigroup, una de las instituciones financieras más importante en Estados Unidos.
Fue denunciado por la matanza de 45 indígenas tzotziles en la localidad de Acteal en el estado de Chiapas en 1997; sin embargo, el pasado 28 de mayo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa rechazó un amparo con el que se impugnó una solicitud de México de solicitar al Departamento de Estado de Estados Unidos inmunidad al ex Presidente. También desechó la petición de los demandante para pedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera el caso, por lo que el juicio quedó cerrado.
• EMILIO CHUAYFFET
Antes de la matanza de Aguas Blancas se desempeñaba como Gobernador del Estado de México. Posteriormente fue designado Secretario de Gobernación.
Tras la derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones presidenciales de 2000, Chuayffet fue operador entre los grupos políticos del PRI que en 2002, tras encumbrar la fórmula Roberto Madrazo-Elba Esther Gordillo, se disputaban el control de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con Proceso, junto con Manlio Fabio Beltrones presionando la salida de Gordillo y el distanciamiento de ésta con Roberto Madrazo, episodio en el que se convirtió en «enemigo político» de «La Maestra».
En 2003 fue Diputado federal en la LIX Legislatura en la que ocupó la presidencia de la Mesa Directiva y coordinador del Grupo Parlamentario del tricolor.
Los reporteros Jesusa Cervantes y José Gil Olmos documentaron que el priista pactó con el ex Presidente Vicente Fox el desafuero de Andrés Manuel López Obrador para tratar de evitar su participación en las elecciones federales de 2006.
En 2011 fue presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Actualmente es Secretario de Educación.
• ANTONIO LOZANO GRACIA
El abogado fue designado el 1 de diciembre de 1994 como Procurador General de la República.
Fue removido de su cargo por Zedillo luego de las primeras investigaciones sobre el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, mismas que incluyeron a una vidente.
Desde entonces se dedicó ejercer su profesión de forma particular.
• ANTONIO ALCOCER SALAZAR
De acuerdo con La Jornada, antes de convertirse en Procurador de Guerrero, fungía como juez en Acapulco y «prefabricaba» procesos contra supuestos guerrilleros.
Datos periodísticos de 2012 indican que se desempeñaba como presidente de Justicia Partidaria en Guerrero, bajo las órdenes de Cuauhtémoc Salgado, actual dirigente del PRI estatal.
