Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).– La iniciativa de Ley de Manifestaciones Públicas Libertad de Tránsito y Derechos de Terceros, que pretende coartar las protestas sociales en San Luis Potosí, presentada ayer por el Diputado panista Alejandro Lozano González, mejor conocido como “Boris”, es violatoria del artículo 9º Constitucional, alertó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jorge Vega Arroyo.
En entrevista con Pulso al Aire, dijo que la postura del organismo es que no se restrinjan los derechos constitucionales.
El funcionario hizo énfasis en que esta propuesta del legislador blanquiazul debe ser sometida a un análisis más amplio y en donde se dé voz a estudiantes, sindicatos, organismos civiles y hasta el sector comercio, para tomar en cuenta las propuestas e ideas de quienes se ven afectados por este tipo de ejercicios.
El trabajo de los diputados, dijo Vega Arroyo, es precisamente proponer y esto no quiere decir que ya sea un hecho que se promulgará dicha ley, pues se necesita tiempo de análisis, de observación, discutir sobre algunos puntos en específico y así llegar a una resolución, privilegiando el diálogo.
Además, el doctor en Derechos Humanos y catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Rosillo, expuso que la iniciativa de ley presentada ayer por el Diputado Lozano González para regular las manifestaciones en San Luis Potosí “es más parecida a un requerimiento del siglo XVI de los españoles, que sólo puede traer como consecuencia la legitimación de la represión hacia la libertad de expresión”.
“Probablemente al Diputado le urgía lanzar la iniciativa porque tiene varios puntos que no estructuró adecuadamente como la libertad de tránsito, si consideramos que esto se refiere directamente a impedir que se restrinja el paso de cualquier ciudadano mexicano por el país, cuando lo que debió proponer el diputado panista era proteger el derecho a la movilidad, aunque éste todavía no se encuentra en la constitución”, explicó.
El investigador planteó que si se habla de trasfondo político, es una ley que está dedicada a reducir las posibilidades de que la sociedad establezca sus propuestas como ciudadanos libres.
En cuestiones generales, criticó, “es una ley muy pobre en el sentido de que no aporta nada a la sociedad, ni va a solucionar los problemas sociales”.
LE GRITAN “¡FASCISTA!”
El Diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandro Lozano González, “Boris”, presentó ayer la iniciativa que plantea expedir la Ley de Manifestaciones Públicas, Libertad de Tránsito y Derechos de Terceros del Estado de San Luis Potosí. Durante su lectura ante el Pleno local, manifestantes que integran el grupo #YoSoy132 le gritaron con un megáfono: “¡Pinche fascista!”, además de mostrar carteles en su contra.
“Estás violando nuestro derecho a manifestarnos”, gritaron también mientras el panista explicaba el sentido de su propuesta. Cuando el legislador potosino hablaba sobre los derechos humanos y el derecho de terceros a transitar, el coro “¡fascista, fascista1” no se silenció e incluso también surgieron gritos llamándolo “¡represor!”.
Mientras al Diputado se le entrecortaba la voz, los manifestantes gritaron: “¡Quiere llorar!”, y luego externaron: “¡No nos vamos a callar!”.
Antes de terminar, el legislador dijo que solicitará a las comisiones dictaminadoras se realicen foros para conocer la opinión de la ciudadanía.
Sobre el tema, el Colectivo Universitarios Libres lanzó una petición a través de la plataforma Change.org donde denuncian que la ley es una clara violación a los derechos humanos pues limita los actos de protesta y de manifestación.
LA INICIATIVA
De acuerdo con la iniciativa, el Diputado pretende que las manifestaciones sólo se lleven a cabo de lunes a jueves en horarios específicos, de 9:30 a 12:00 y de 15:00 a 18:30 horas.
Además, la ciudadanía que pretende manifestarse deberá pedir permiso al generador de la inconformidad, es decir, al Estado y este decidirá si aprueba o no la manifestación. Las multas para quien no avise previamente por escrito serán de 50 a 100 días de salario mínimo y arresto de 36 a 72 horas.
Posteriormente, el legislador dijo que se trata de una propuesta apegada a los derechos humanos y que busca defender a los miles de potosinos que salen a trabajar diariamente y que en ocasiones se han visto afectados.
Mencionó que esta ley pretende garantizar de forma efectiva el derecho de los potosinos y sus distintas colectividades a manifestar su crítica o exigencia social a las autoridades. Para ello, dispone de un marco normativo que no tiene mayor pretensión que dar orden a las manifestaciones a fin de no entorpecer el tráfico que en ciudades como la capital del estado o Soledad de Graciano Sánchez tiene horarios y rutas francamente caóticas en distintos momentos del día.
De acuerdo con el panista, con esta ley se garantiza el derecho de las personas a entrar a sus centros de trabajo, escuelas, comercios o a entidades gubernamentales sin menoscabo de que las personas se manifiesten a las afueras de esos lugares.
Expuso que en esta nueva norma, se obliga a las corporaciones de seguridad pública a capacitar a sus agentes en protocolos sobre el uso legítimo de la fuerza y a los ciudadanos en general sobre desarrollo de manifestaciones y educación vial y dejo claro que si se realizan de forma pacífica y con un objeto lícito, nadie tiene derecho a impedir el derecho de manifestación pública.
Sobre las obligaciones de los manifestantes, dijo que entre ellas se prohíbe emplear violencia en contra de las personas y sus bienes, así como bloquear las vialidades. Además aseguró que en las manifestaciones se procurará no llevar a niñas y niños con la finalidad de no poner en riesgo su integridad y para favorecer su asistencia a la escuela.
ARTÍCULO 9 CONSTITUCIONAL
A la letra, el Artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos plantea lo siguiente:
“No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.
“No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”.
