La jornada federal de junio de 2012, cuando su coalición con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) le dio la votación más alta de su historia en una elección federal, nueve escaños en el Senado y 34 diputaciones.
Por Sandra Rodríguez Nieto y Juan Luis García Hernández
Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).– El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha sido ejemplo de que la violación de la Ley no es obstáculo para crecer en el sistema político ni para llegar a la administración pública.
La ilustración más clara fue el aumento de posiciones que ganó durante las elecciones de este año, como en la jornada federal de junio de 2012, cuando su coalición con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) le dio la votación más alta de su historia en una elección federal, nueve escaños en el Senado y 34 diputaciones. En Julio siguiente, en Chiapas ganó la mayoría absoluta en el Congreso local y en 59 de las 122 alcaldías.
Y estos triunfos, pese a que en la elección federal cometió tantas irregularidades –como anunciarse en cines fuera de los tiempos de campaña y repartir miles de tarjetas de descuento en comercios– que se hizo acreedor a la segunda multa más alta de la historia nacional por delitos electorales. En Chiapas, mientras, la Fiscalía Electoral de la Procuraduría General de Justicia del Estado reportó que la campaña de dádivas en el estado con mayor proporción de población en condiciones de pobreza generaba denuncias a razón de siete probables delitos electorales diarios, o uno cada tres horas.
El mensaje enviado a la sociedad con cada triunfo, planteó en junio la investigadora en materia de elecciones y Estado de Derecho, Sandra Ley Gutiérrez, es que violar la ley “está bien” y no tiene consecuencias.
“Si yo como ciudadano veo que mi autoridad no respeta la ley, y que no hay ninguna autoridad capaz de aplicar la ley o que las sanciones realmente duelan y no sean sólo simbólicas; si puedo seguir sacando préstamos para pagar las multas, si puedo seguir participando en las contiendas y termino ganando con el partido en el poder, el mensaje es que está bien violar la ley, que no pasa nada, que no hay consecuencias”, dijo Ley, experta en comportamiento electoral y violencia e investigadora, entre otros centros, del Instituto Kellogg para Estudios Internacionales.
El mensaje de impunidad fue reforzado en septiembre, cuando en medio de las críticas e incluso de peticiones ciudadanas para que el Verde perdiera su registro, la Secretaría de Gobernación nombró al vocero nacional de ese partido, Arturo Escobar y Vega, como Subsecretario, precisamente, de Prevención y Participación Ciudadana.
La designación motivó mensajes públicos de ruptura de relaciones con la Secretaría de Gobernación (Segob) por parte de organizaciones de la sociedad civil que cuestionaron no sólo la falta de experiencia de Escobar en materia de prevención social y sus posiciones a favor de la pena de muerte, sino, sobre todo, las conductas delictivas en las que probablemente incurrían él y su partido.
“¿Por qué se nombró a una persona que forma parte de un partido político que destaca por hacer gala de conductas ilegales y violaciones sistemáticas a la Ley, como es el Partido Verde Ecologista de México; siendo que una de las responsabilidades de este cargo es liderar un programa de promoción de la cultura de la legalidad?”, cuestionó la organización Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide), que también lanzó un posicionamiento en la plataforma Change.org en contra el nombramiento.
Escobar había sido vocero del Verde –carente de dirigente oficial– desde 2012, cuando este partido, en alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), postuló a Enrique Peña Nieto como candidato a la Presidencia.
En septiembre pasado, fue colocado por Osorio Chong al frente de las políticas de prevención del delito aun cuando ya era parte de la averiguación previa iniciada en marzo por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) que, el miércoles, pidió un orden de aprehensión en su contra por un contrato para el reparto de miles de tarjetas electrónicas para descuentos comerciales durante la campaña federal.
“Se consignó la Averiguación Previa relacionada con presuntos delitos electorales cometidos por un dirigente de un partido político [Arturo Escobar] y empresarios por las aportaciones en dinero y en especie cuando existe prohibición legal para ello, contemplado en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Así como por el diverso contemplado en el artículo 7 Fracción XXI, relativo a proveedores no autorizados por la autoridad administrativa [Instituto Nacional Electoral]”, informó la Fepade.
UN CASO EXTRAÑO
La consignación de la averiguación previa, sin embargo, fue tomada con reservas. Para Alberto Aziz Nassif, profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), resultó incluso “extraño” que la Fepade actuara cuando su trayectoria carece de resultados y menos contra algún subsecretario.
“Es un poco extraño porque la Fepade no suele emitir este tipo de órdenes de aprehensión; ha sido bastante blanda a través de los años, y es una suerte de instancia a la cual los que hacen los delitos electorales no le temen, precisamente, porque su actuación deja mucho qué desear”, dijo.
De acuerdo con Pablo Javier Becerra, especialista en temas electorales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el caso del Verde pone en entredicho a tres instituciones: al Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos consejeros votaron en agosto pasado a favor de que el partido mantuviera su registro; al Tribunal Electoral, donde está pendiente de resolución una impugnación a la decisión favorable del INE, y a la misma Fepade, que con la petición de la orde aprehensión, dijo el investigador, “desvía la atención” del tema del registro.
La acusación contra Escobar se encuentra en la averiguación previa 618/2015, e inició por una denuncia presentada el 13 de marzo de este año por el Partido Acción Nacional (PAN), y otra del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del 9 de abril.
De ser encontrado responsable, el ex subsecretario podría pagar una multa de más de cinco mil días de salario mínimo o enfrentar una pena que va de cinco a 15 años de prisión.
