Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo/dpa).– Familiares del chileno Laurence Maxwell, políticos y organizaciones civiles del país sudamericano han expresado su malestar por el estado de los detenidos en el Zócalo capitalino el pasado 20 de noviembre en la manifestación por los 43 desaparecidos en Iguala. El arresto de Maxwell ha sido el detonante para que Chile aúne fuerzas y se movilice por la liberación de los detenidos.
El gobierno de Michelle Bachelet, en cuyo gabinete según la agencia dpa hay varios ministros cercanos a Maxwell, pidió su liberación a las autoridades mexicanas.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Chile acordó hoy enviar una delegación a México, en apoyo a Laurence Maxwell, porque, argumenta, existen muchas dudas sobre su detención.
“También se solicitará a la Cancillería realizar todas las gestiones posibles en el sistema internacional para reclamar la libertad y el debido proceso”, dijo el presidente de la comisión, Hugo Gutiérrez.
El parlamentario adelantó asimismo que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja solicitará una reunión con el embajador mexicano en Chile, Otto Granados. “Existen muchas dudas en torno a esta detención”, justificó Gutiérrez.
Amnistía Chile también manifestó al Presidente Enrique Peña Nieto y al Procurador Jesús Murillo Karam su “preocupación” por la situación jurídica de los 11 detenidos. Si las autoridades no presentan “pruebas contundentes”, enfatizó la ONG, “deben ser liberados inmediatamente”.
A la par, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Chile acordó hoy enviar una delegación a México, en apoyo al escritor y académico Laurence Maxwell, porque, argumenta, existen muchas dudas sobre su detención.
La organización con sede en el país sudamericano acusó en la misiva que “se les han imputado cargos penales graves y corren peligro de ser sometidos a un juicio injusto”.
Laurence Maxwell, el chileno de 47 años que cursa un doctorado en Letras en México, fue arrestado el jueves y enviado a la cárcel de máxima seguridad de Veracruz, mientras se define su situación jurídica.
Amnistía instó a respetar su derecho a no ser enjuiciadas o detenidas “sólo por ejercer su derecho legítimo a la libertad de expresión, asociación o reunión”. La organización subrayó que los detenidos han denunciado haber sufrido “malos tratos”: “Al haber sido trasladados a prisiones de alta seguridad, en lugares muy apartados, se les ha limitado seriamente sus posibilidades de ponerse en contacto con sus abogados y familiares”.
Amnistía Chile pidió a las autoridades mexicanas que lleven a cabo una investigación exhaustiva e inmediata sobre la presunta detención arbitraria y malos tratos de los detenidos. También les exigió que les proporcionen atención médica adecuada.
LOS FAMILIARES EXIGEN SU LIBERACIÓN EN MÉXICO
En México la familia de Maxwell calificó la situación como una “pesadilla” y un “atropello a los derechos humanos”. Dennis Maxwell, su hermano radicado en Estados Unidos, viajó a México para dar seguimiento al caso y visitó el lunes a su hermano en prisión.
“Una persona que va a una manifestación pacífica de pronto se encuentra en una cárcel de máxima seguridad en otro estado”, criticó Dennis.
“Si en México existe esta figura jurídica de presunción de inocencia, cómo es que una persona pasa a una cárcel de máxima seguridad si no se le ha confirmado ninguno de estos cargos”, agregó su hermano.
Dennis Maxwell dijo que el caso ha escalado a nivel de gobiernos, que “están tratando de solucionar esto de alguna forma” y celebró el apoyo que ha recibido su familia a través de las redes sociales.
Los ministros de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, y de México, José Antonio Meade, acordaron el lunes en Santiago de Chile mantener un diálogo permanente para dar seguimiento a la situación.
Meade, que había viajado a Chile para un seminario de integración regional, se entrevistó también con el padre de Maxwell, a quien le aseguró que su hijo contará con todas las garantías de la Justicia mexicana.
Dennis Maxwell afirmó que su hermano había regresado unas horas antes de la manifestación del 20 de noviembre de un viaje a Oaxaca con amigos chilenos y que acudió en bicicleta a la manifestación por los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre.
“Fue a su casa, cogió su bicicleta y caminó hacia el centro de la ciudad para un poco ser testigo de esta manifestación, cuando de repente se vio envuelto en esta especie de redada. La bici le estorbaba, la empieza a amarrar, se ve rodeado por policías y se produce la detención”.
Los cargos que se le imputan, sin derecho a libertad bajo fianza, son homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa y motín, derivados de protestas en las que un grupo de manifestantes se enfrentó de manera violenta con la policía al término de una marcha pacífica en la Plaza del Zócalo.
La familia recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para salvaguardar sus derechos.
La decisión fue confirmada a la agencia dpa por fuentes de la Defensoría Penal chilena, que colabora en la elaboración del escrito junto a juristas de la Universidad Diego Portales.
El chileno, ex líder de las protestas estudiantiles contra la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), fue trasladado hasta una cárcel de alta seguridad en Veracruz, donde fue obligado a cortarse el pelo.
El día de los arrestos unas 30 mil personas marcharon hacia la Plaza del Zócalo para exigir justicia y la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos hace dos meses, en un hecho que involucra a Policías de Iguala, autoridades municipales y al Cártel Guerreros Unidos.
Aunque la manifestación se desarrolló sin incidentes, al final un grupo de jóvenes -algunos encapuchados- arrancó vallas y lanzó petardos y cócteles molotov a policías que custodiaban el Palacio Nacional, la sede presidencial.
Hubo en total 31 arrestos, pero sólo 11 permanecen detenidos bajo cargos federales.
El Juez tiene plazo hasta el sábado para definir si hay elementos suficientes para someterlos a proceso o si quedan en libertad.
