“Ese es el modus operandi que se usaba en los mejores épocas de la mafia en Italia, donde a los políticos les avisaban días antes para que se escaparan”, dice en entrevista con SinEmbargo el investigador de Derecho y Economía de la Universidad de Columbia. “Es un modus operandi muy usual entre gobiernos de todos los partidos que han entrado a un comportamiento mafioso, como el mexicano”.
Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).– La impunidad que rodea el caso del Gobernador veracruzano con licencia Javier Duarte de Ochoa no es la excepción; es la regla en un sistema político-electoral basado en el intercambio de favores entre quienes ocupan cargos públicos. Así explica el académico Edgardo Buscaglia. La falta de ejecución, por parte del Gobierno federal, de la orden de aprehensión contra el mandatario veracruzano, girada días después de que pidiera licencia de su cargo, es el mejor ejemplo, dice.
“Es una simulación”, afirma el experto en marcos legales del combate a la delincuencia organizada.
“La política es una puerta giratoria: entra uno y sale otro. No es cuestión de un nombre, sino de un sistema que permite llegar al poder político dejando dinero o pagando a alguien; entonces, se responde a ese alguien y no al pueblo”, agrega.
Investigador de Derecho y Economía de la Universidad de Columbia, Buscaglia ha insistido tanto en sus libros como en foros y entrevistas, en la necesidad de que el combate a la delincuencia organizada pase por el aseguramiento de los bienes patrimoniales de los operadores, incluyendo a los políticos que protegen estos ilícitos.
También, en la urgencia de reformas a las leyes electorales que permitan que las candidaturas a los cargos de elección se definan a través del voto popular y no a discreción de los partidos, que tienden a seleccionar sólo a quienes garanticen protección ante los abusos de poder.
Pero como ese marco legal no es el actual en México, dice Buscaglia en entrevista sobre Duarte de Ochoa, no sorprende que el ex mandatario haya tenido tiempo de preparar su escape.
“Ese es el modus operandi que se usaba en los mejores épocas de la mafia en Italia, donde a los políticos les avisaban días antes para que se escaparan”, dice. “Es un modus operandi muy usual entre gobiernos de todos los partidos que han entrado a un comportamiento mafioso, como el mexicano”.
Javier Duarte de Ochoa fue expulsado el pasado martes del Partido Revolucionario Institucional, en donde una demanda interna busca castigarlos por corrupción a él y a los también ex mandatarios priístas César Duarte Jáquez, de Chihuahua; Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, y a Rodrigo Medina, de Nuevo León.
La medida fue posterior a las derrotas tricolores en los primeros tres estados durante la elección del pasado 5 de junio, atribuidas a las acusaciones de corrupción contra los ex mandatarios, y como medida preventiva del PRI ante otro voto de castigo en 2018.
En este contexto, Televisa anunció el pasado 17 de octubre que la Procuraduría General de la República había girado una orden de aprehensión contra el veracruzano por los probables delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita.
Cinco días antes, sin embargo, Duarte de Ochoa –que deja 35 mil millones de pesos sin explicar, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación– había solicitado licencia de su cargo.
“No dudo que (la ex Procuradora) Arely Gómez hubiera querido capturar a Duarte, pero quienes la rodeaban forman parte del pacto de impunidad (…) y hasta que no se rompa, no habrá investigaciones patrimoniales”, dice Buscaglia.
Ese mismo pacto de impunidad, dice, ayuda a explicar la remoción de Gómez de la PGR el mismo pasado martes 25.
“Un poco confirma esto. Me reuní con ella en varias oportunidades y, de lo que yo le decía, nunca dijo que no tuviera razón; pero con sus acciones me confesaba que no podía. El problema es que ella formaba parte de un grupo que no le dejaría actuar como debería haber actuado”, dice.
ADEMÁS:
En ese contexto, Buscaglia recuerda el caso del aún Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, que giró orden de aprehensión contra el ex vocero del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar, y luego él mismo fue investigado por presuntamente filtrar los datos.
“Arely Gómez generó una orden de aprehensión y ahí está”, dice. “Está también lo que le pasó a Santiago Nieto; hay un pacto de impunidad política en México”, insiste.
Otro de los planteamientos de Buscaglia es que ni la corrupción ni el crimen organizado internacional son problemáticas únicas de México, sino los vacíos legales e institucionales –como la falta de controles al patrimonio de los políticos y a la forma en la que llegan a sus cargos– que permiten la impunidad y, en consecuencia, los miles de asesinatos y desapariciones de la última década.
Otro faltante del combate a la corrupción y al crimen organizado, menciona, es un movimiento social que lo exija.
“Giovanni Falcone (el juez italiano destacado por su trabajo contra la mafia de ese país) tenía a la sociedad detrás de él, exigiendo, protegiéndolo”, cierra.
