Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).– Organizaciones ciudadanas analizan interponer un nuevo amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Auditoría Superior de la Federación (ASF), luego de que el Poder Judicial, mediante un Tribunal Federal, desestimara el recurso contra las omisiones del ente fiscalizador, que no determinó responsabilidades administrativas ni promovió denuncias contra servidores públicos que cometieron actos de corrupción o desvío de recursos públicos.
Luis Pérez de Acha, representante legal de Justicia Justa, detalló a SinEmbargo que un grupo de ciudadanos documentó diversas irregularidades en los resultados de las cuentas públicas de 2009 a 2011 del órgano superior de fiscalización, específicamente en la falta de acción contra servidores públicos que incurrieron en desvío de recursos en los rubros de seguridad pública y educación, omisiones que a juicio de los demandantes, fomentan la corrupción y la impunidad.
“La Constitución prohíbe que haya despilfarro, prohíbe que haya opacidad, prohíbe que haya corrupción. Y porque se violó la Constitución fue que presentamos el juicio de amparo. Y lo dijo la Auditoría no lo inventamos nosotros. Pero no pasa nada de parte de la Auditoría y el Poder Judicial, mediante los tribunales federales, no aceptan el amparo”, lamentó el representante legal.
Esta acción ciudadana cobra relevancia en un país en donde anualmente se cometen más de 200 millones de actos de corrupción con un costo aproximado de 400 mil millones de pesos, según el último Índice de la Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, lo que ubica a México como uno de los países más corruptos del mundo.
Las organizaciones reconocen que la Auditoría Superior de la Federación ha realizado, en general, una buena labor de verificar el gasto público que ejecutan los tres Poderes de la Unión, los organismos constitucionalmente autónomos, los gobiernos estatales y municipales, así como cualquier particular que ejerza recursos públicos federales.
Sin embargo, el problema mayúsculo para la Auditoría deviene cuando se trata de determinar responsabilidades administrativas. Pues a pesar de que promueve un número determinado de observaciones y recomendaciones, se quedó corta en las denuncias de hechos en contra los servidores públicos federales y estatales que incurrieron en las irregularidades.
“[La Auditoría] presenta dos, tres, cinco denuncias penales, pero estamos hablando de decenas de miles de millones de pesos, que son desviados, además se presentan las denuncias penales en contra de ‘peces pequeños’ ¿y dónde están los peces gordos?”, cuestionó el abogado Luis Pérez de Acha.
Según datos de la propia Auditoría Superior de la Federación, desde su creación en 1998 al 2011, ha presentado un total de 310 denuncias de hechos de las cuales se ha logrado la consignación en 19 casos. Mientras que 274 se encuentran todavía en integración del Ministerio Público.
Gráfica 1
Denuncias Penales Presentadas por la ASF. Cuentas Públicas 1998-2011
| ESTADO DE LAS DENUNCIAS | NUM. |
| CONSIGNADAS | 19 |
| NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL | 5 |
| ACUMULADAS | 8 |
| EN INTEGRACIÓN DEL MP | 274 |
| EN RESERVA | 4 |
| Total | 310 |
Fuente: ASF
En el periodo documentado por las organizaciones civiles, la Auditoría presentó 268 denuncias de hechos, algunas de ellas a FIRCO Jalisco y FIRCO Guerrero; a la Secretaría de Agricultura (Sagarpa); a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA); a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); entre otras dependencias. Pero ninguna en materia de seguridad pública o educación.
Esto provocó la denuncia ciudadana de las organizaciones antes citadas.
“No van por todo el dinero desviado, no queremos que vayan por dos o tres pesos, queremos que regresen todo el dinero, porque es nuestro dinero, cada vez que un funcionario público está desviando dinero indebidamente, que lo están despilfarrando, es nuestro dinero que se están llevando a los bolsillos”, afirmó Luis Pérez de Acha.
LOS AMPAROS
Las asociaciones civiles Mexicanos Primero, Causa Común y Justicia Justa verificaron los resultados de las cuentas públicas de la ASF de los años 2009 y 2011, en dos rubros específicos: educación y seguridad pública. En ambos casos, la investigación ciudadana arrojó que la ASF advirtió mal uso del dinero público y desvíos injustificados. No obstante que el propio órgano fiscalizador advirtió todas estas fallas.
De hecho, las cuentas públicas de 2010 y 2011 fueron las que más número de denuncias de hechos registraron, con 232 de las 268 totales, presentadas desde 2009.
Gráfica 2
| CUENTA PÚBLICA | NÚMERO DE DENUNCIAS | AÑO QUE SE DENUNCIÓ |
| 2009 | 34 | 2010 Y 2011 |
| 2010 | 100 | 2011 Y 2012 |
| 2011 | 132 | 2012 Y 2013 |
Fuente: ASF
AMPAROS DE GRUPOS CIVILES
Aunque es importante que se detecten las diversas ilegalidades y se busque su sanción, ninguna de las denuncias de hechos presentadas abordó el tema de seguridad pública, asunto primordial de la agenda del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien hizo de la “guerra contra el crimen organizado” la punta de lanza de su administración.
Uno de los dos amparos promovidos, se basó en el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública (FASP), por parte de las entidades federativas.
El FASP se creó en 1999 como una fuente de financiamiento de la seguridad pública, debido a la evolución que presentó la inseguridad en México y a que en el país no existían instituciones policiales adecuadas para enfrentarla, por lo que fue necesario diseñar e instrumentar un nuevo modelo de seguridad.
“Tomamos como punto de partida de nuestro trabajo como abogados, los informes de resultados que presentó la ASF por los años de 2009 a 2011 en un rubro muy concreto, que es el Fondo de aportaciones a entidades federativas y municipios para seguridad pública, todos sabemos que el tema de seguridad pública es crítico, que ha ido agravándose, de allí nuestro interés”, detalló Luis Pérez de Acha.
De los resultados de las cuentas públicas 2009, 2010 y 2011, las organizaciones civiles documentaron múltiples irregularidades cometidas por la mayoría de los gobiernos estatales.
En el Diagnóstico sobre la Opacidad en el Gasto Federalizado, la Auditoría determinó que aunque el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) establece la obligación de que “por lo menos el 20.0 % de los recursos del FASP se distribuya entre los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal” para la aplicación de programas de seguridad pública, es difícil conocer si el dinero se utiliza para lo que fue planeado.
“Existe poca claridad en los criterios que utilizan las entidades federativas para realizar esa distribución, ya que además, al no tener el carácter de obligatorio para las mismas, su observancia es discrecional”, agregó.
En el ámbito estatal, la Auditoría concluyó que la distribución de los recursos del FASP, no es “suficientemente transparente”. Detalló que aunque los recursos son de índole federal, su entrega corresponde a los gobiernos estatales, por ser coparticipes al financiamiento del fondo.
“Estos recursos, al tener el carácter de recursos propios del estado, no son fiscalizables por la ASF, lo que limita conocer su entrega oportuna y destino”, reconoció la Auditoría en el Diagnóstico en comento.
Este tipo de fallas estructurales, son precisamente los errores que se pretende erradicar, con el amparo promovido por diversas organizaciones.
“De las investigaciones de las auditorías practicadas por la ASF, esos dinero se manejaron mal, mal incluso con carácter delictivo, con irresponsabilidad, con dispendio. Hasta ahí el trabajo de la Auditoría fue insatisfactorio. Sin embargo, también nos percatamos que la ASF incurrió en una falla grande que es que no sancionó a los funcionarios públicos responsables de cometer esas irregularidades, y son servidores públicos de estados y municipios”, sostuvo Pérez de Acha.
El segundo amparo está relacionado con el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).
Claudio X. González y David Calderón, ambos representantes legales de Mexicanos Primero, junto con Luis Pérez de Acha, de Justicia Justa, promovieron un juicio de amparo en febrero de 2013 en el que reclamaron la omisión de la ASF así como la violación al derecho a la educación reconocido en la Constitución.
Los organismos detectaron malos usos, desvíos y aplicaciones incorrectas de los recursos en los resultados de las cuentas públicas 2009 y 2010 la Auditoría Superior de la Federación.
Por ejemplo, detectaron que se efectuaron pagos con cargo al erario a favor de trabajadores comisionados a labores sindicales, que por disposición oficial no tendrían derecho a sueldo alguno. No obstante la ASF no determinó responsabilidad en contra de los funcionarios que realizaron esos pagos, ni de los trabajadores que los recibieron.
Este amparo está pendiente de resolución.
ONG IMPULSAN EL TRABAJO DE LA ASF
Luis Pérez de Acha explicó que la determinación para que un grupo de ciudadanos interpusiera dos amparos contra la Auditoría Superior de la Federación tiene el propósito de defender el derecho constitucional de los mexicanos de que las autoridades competentes hagan buen uso de los recursos que entregan al Estado mediante sus impuestos.
Indicó que no es necesario ser abogado o experto en derecho constitucional para reconocer que la falta de contundencia contra la corrupción o el mal uso de recursos públicos genera entre la sociedad la impresión de que la clase política goza de impunidad.
De allí la necesidad de que la ASF realice bien su trabajo.
“Lo que es pésimo es que la Auditoría no procede en contra de los funcionarios corruptos o despilfarradores. Ante esta situación de que no hay sanciones, se ha ido incrementando la sensación de impunidad en todos ellos”, lamentó Pérez de Acha.
De parte del órgano superior fiscalizador, Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación, reconoció que “existe una complejidad conceptual que puede conllevar a ciertas confusiones a los ojos de la sociedad respecto a las labores que se llevan a cabo en materia de auditoría gubernamental, transparencia y evaluación, entre otras”.
Durante varios años, Portal Martínez ha solicitado a la Cámara de Diputados una serie de reformas a la Ley de la ASF, a fin de que pueda mejorar su trabajo.
El pasado 20 de febrero, en el marco de la entrega del resultado de la cuenta pública 2012, Juan Manuel Portal Martínez se pronunció por la creación de un órgano jurisdiccional para desahogar las responsabilidades administrativas.
A nombre de la Cámara de Diputados, su entonces presidente el panista Ricardo Anaya Cortés, coincidió en la necesidad de que México cuente con un tribunal sancionador, independiente, tanto de las partes fiscalizadas como de quien las audita, en este caso, la Auditoría Superior de la Federación.
Diputados de las principales fuerzas políticas coincidieron en que se debe crear un Tribunal de Sanciones y un Sistema Nacional de Fiscalización, ya que si bien la ASF cuenta con facultades para promover sanciones en el ámbito penal y administrativo, el modelo está concebido con una orientación primordialmente resarcitoria.
Sin embargo, pasa el tiempo y no hay visos de reforma alguna para fortalecer las capacidades de la Auditoría Superior de la Federación.
Es por esto, que una de las vías legales que queda a la ciudadanía es promover este tipo de amparos para fortalecer su derecho constitucional.
“La sociedad civil tiene que ser más combativa, si los tribunales se niegan a aceptar los amparos, hay que echarle la caballería a los tribunales, a la Suprema Corte, porque si la Suprema Corte no acepta eso, pues ya nos quedamos desarmados. Y nosotros no somos vasallos del Gobierno, nosotros somos quienes fondeamos el gasto público con nuestros impuestos”, reiteró Luis Pérez de Acha.
Aunque uno de los amparos fue desechado y otro está en espera de resolución, lo cierto es que su simple aparición propició que la ASF haya reconsiderado la forma de hacer su trabajo y hoy esté en búsqueda de mejorar sus procedimientos.
