En México, veintiún entidades del país, en donde habita el 61.8 por ciento de la población en pobreza, carecen de elementos básicos para transparentar el presupuesto y las reglas de operación de mil 370 programas sociales. De acuerdo con el Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social 2018, sólo 552 (40.29 por ciento) programas publicaron su padrón de beneficiarios y 122 (8.91 por ciento) definen y cuantifican a la población potencialmente beneficiaria.
Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- Veintiún entidades del país, en donde habita el 61.8 por ciento de la población en pobreza, carecen de elementos básicos para transparentar el presupuesto y las reglas de operación de mil 370 programas sociales, de acuerdo con el Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social 2018 (IDES 2018).
El IDES, realizado por la organización GESOC, reveló que casi el 60 por ciento de estos programas aplicados en los estados no publican su padrón de beneficiarios y sólo 122 (8.91 por ciento) definen y cuantifican a la población potencialmente beneficiaria a la que orientaron sus esfuerzos.
De las entidades evaluadas, sólo tres estados cuentan con capacidades institucionales adecuadas para implementar una política social robusta, transparente y participativa, condición necesaria para reducir los rezagos sociales y la pobreza.
Javier González, Oficial Nacional de Gobernabilidad Democrática de PNUD México, manifestó que, “se requiere que los gobiernos locales incorporen el uso de evidencia para diseñar e implementar políticas públicas incluyentes y que logren incidir de forma positiva en el Desarrollo Sostenible.
Enfatizó que se requiere promover enfoques participativos para la solución de problemáticas sociales locales, para “no dejar a nadie atrás”, lo que implica nuevos retos relacionados con la inclusión y la corresponsabilidad entre los actores locales.”
El Índice produce un ranking que clasifica a las 32 entidades federativas de mayor a menor nivel de desarrollo de capacidades. En una escala de 0 a 100, las entidades federativas obtuvieron una calificación promedio de 58.9. El primer lugar lo obtuvo el estado de Jalisco con una calificación de 87.5 (sobre 100), seguido por la Ciudad de México (83.7) y Guanajuato (80.9).
Por el contrario, los estados con el nivel más precario de capacidades para el desarrollo social son Nuevo León (43.5), Tlaxcala (43.1) y Sinaloa (41.0). Otros estados como Michoacán, Aguascalientes y Chihuahua se ubicaron en los primeros 10 sitios del ranking.
En el caso del Estado de Coahuila, debido al conflicto post electoral derivado de la elección en 2017 para elegir al nuevo Gobernador de la entidad, no fue posible identificar información suficiente para evaluar al estado, por lo que no se incluye dentro del informe anual del IDES 2018.
PROGRAMAS SOCIALES
E IDES también arrojó que la gran mayoría de los mil 370 programas sociales implementados por las entidades federativas carecen de elementos básicos de institucionalidad como transparentar su presupuesto, contar con Reglas de Operación, identificar a su población potencialmente beneficiaria, aparecer en la Cuenta Pública estatal o contar con indicadores estratégicos y de gestión.
De acuerdo con el estudio del GESOC, sólo 391 programas sociales implementados en las entidades, que equivale al 28.54 por ciento, contaban con un presupuesto aprobado reflejado en el Presupuesto de Egresos Estatal.
Respecto a los programas que transparentan la ejecución de presupuesto para su implementación en la Cuenta Pública Estatal, el estudio encontró que 411 cumplen con la medida, lo que equivale al 30 por ciento.
Únicamente 137 programas implementados han sido evaluados en cuanto a su diseño (10 por ciento), 71 han sido calificados en cuanto a su ejecución de procesos (5.18 por ciento), y 24 han sido diagnosticados en cuanto a sus resultados (1.75 por ciento).
El número de programas que cuentan con indicadores de gestión y estratégicos (Actividad, Componente, Propósito y Fin) se ubica en 404, un 29.48 por ciento.
Acerca de los programas normados bajo Reglas de Operación, sólo 606 cumplen con esta condición (44.23 por ciento), y sólo 552 (40.29 por ciento) publicaron su padrón de beneficiarios.
Respecto a los programas que definen y cuantifican a la población potencialmente beneficiaria a la que orientaron sus esfuerzos (población potencial, población objetivo y población beneficiaria), el estudio encontró que sólo 122 (8.91 por ciento) cumplía con esta regla.
