La CIDH informó que envió este día a la CoIDH el caso Atenco y aseguró que «este caso ofrece una oportunidad para que la Corte Interamericana profundice sobre la necesidad de investigar de manera integral todas las posibles responsabilidades, incluidas las derivadas de la cadena de mando, así como las derivadas tanto de las acciones u omisiones que dieron lugar a los hechos en sí mismos y también de las que pudieran haber obstaculizado su esclarecimiento».
Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este día ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el caso Atenco.
11 mujeres han buscado instancias internacionales tras no haber hallado justicia en los tribunales mexicanos, y hace dos semanas se dio el anuncio de que la CIDH remitiría el caso, formalmente llamado Mariana Selvas Gómez y otras, a la CoIDH, lo que ocurrió este día.
En un comunicado la Comisión señaló que «el caso se relaciona con violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, en el marco de las detenciones y traslados realizados en los operativos policíacos que tuvieron lugar en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, respectivamente, en el contexto del conflicto y las protestas de floricultores y otros grupos».
Señaló que estableció que la detención de las once mujeres «fue ilegal, arbitraria y sin ser informadas sobre las razones de su detención, ni sobre los cargos respectivos» y que acudieron a rendir su primera declaración sin contar con información mínima ni defensa técnica.
Apuntó que tras analizar la prueba disponible, la Comisión consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual en contra de las once mujeres, y de violación sexual en el caso de siete de ellas, por parte de agentes estatales,.
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Señaló que encontró que las mujeres sufrieron «tortura y determinó que las once mujeres fueron víctima de diversas formas de tortura física, psicológica y sexual en el marco de su detención, traslados y llegada al centro de detención». Mientras que sus familiares tuvieron «afectaciones a la integridad psíquica y moral».
Respecto al Gobierno mexicano señaló que la «Comisión también estableció que el Estado mexicano incumplió con su obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable».
Detalló además que la CIDH recomendó «al Estado disponer una reparación integral a favor de las víctimas por las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe, incluyendo el aspecto material y moral, y brindar tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico».
Además de «continuar investigando de manera efectiva, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma integral, e identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad, desde la autoría material hasta posibles autorías intelectuales y otras formas de responsabilidad», lo que incluye, dice el comunicado, «las responsabilidades derivadas de la cadena de mando, de las distintas formas de participación de diversos cuerpos de seguridad tanto de nivel estatal como federal, así como de posibles actos de encubrimiento u omisión».
Y «disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a los distintos factores de denegación de justicia identificados en el informe. Además de «adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole, para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas en este caso».
La CIDH recordó que durante la tramitación del caso el Estado mexicano reconoció su responsabilidad por algunas de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, sin embargo, señaló que tras haber evaluado el estado de la implementación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo, «la Comisión estableció que el Estado no había avanzado integral y sustantivamente en el cumplimiento de las mismas».
Y señala «Pasados más de diez años de ocurridos los hechos, no existe un esclarecimiento judicial de las violaciones ocurridas en perjuicio de las once mujeres ni se ha emitido sentencia alguna en los procesos penales al respecto».
«Este caso ofrece una oportunidad para que la Corte Interamericana profundice sobre la necesidad de investigar de manera integral todas las posibles responsabilidades, incluidas las derivadas de la cadena de mando, así como las derivadas tanto de las acciones u omisiones que dieron lugar a los hechos en sí mismos y también de las que pudieran haber obstaculizado su esclarecimiento», señaló la CIDH.
