México, 27 sep (EFE).- La Presidencia de México tiene una estructura excesiva y no es un ejemplo a seguir para el resto de la Administración Pública en materia de gasto público efectivo, concluyó una investigación publicada hoy por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
El estudio, elaborado por la directora general de la ONG México Evalúa, Edna Jaime, y Eréndira Avendaño, investigadora de esa misma organización civil, señala que en la oficina de la Presidencia mexicana trabajan 1,594 personas.
Dicha cifra supera por amplio margen el personal de esa institución en Canadá (1,040 personas), Francia (1,031), Guatemala (969), España (640), Australia (631), Brasil (623), Argentina (620) y Chile (478).
De los 13 países analizados en el texto, a México sólo lo supera Estados Unidos, que tiene 1,888 funcionarios en la oficina presidencial.
En cuanto a los sueldos de los presidentes (o primeros ministros), el mandatario mexicano se ubica en la tercera posición más alta, con un sueldo de tres millones 559 mil 110 pesos, sólo por debajo de Francia (unos cuatro millones 332 mil 250 pesos) y EU (alrededor de seis millones).
Sin embargo, el sueldo del jefe de Estado mexicano es aún más "desproporcionado" si se usa como criterio de comparación el producto interior bruto per cápita de los 13 países seleccionados.
Bajo esa luz, el sueldo de presidente mexicano es 32.7 veces mayor que el ingreso promedio de cualquier habitante del país, al que le siguen los gobernantes de Brasil (24.3), Colombia (22.6), Ecuador (17.1), Chile (17), Perú (15), Uruguay (13.7), EU (9.8 veces), Francia (8), Argentina (6.4), Canadá (4) y España (3.2).
El caso más excesivo es el del mandatario de Guatemala, que gana 48,9 veces el PIB per cápita de los habitantes de su país.
México Evalúa se dedica a la vigilancia y evaluación de políticas públicas en el área de seguridad pública y gasto gubernamental.
El estudio forma parte de la serie "El uso y abuso de recursos públicos", dentro del proyecto "Public Security Expenditure in Mexico" que se lleva a cabo en el CIDE con el apoyo de la fundación estadounidense William y Flora Hewlett.
Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo, coordinadores del proyecto en el CIDE, afirman en la nota introductoria de la investigación que en México "los recursos públicos son utilizados discrecional e irresponsablemente para generar redes clientelares, hacer favores a los parientes y amigos o para eludir decisiones políticamente complicadas".
"En todas las áreas del sector público y en todos los niveles de Gobierno se observan gastos injustificados y excesos inexplicables", apuntan.
No obstante, el estudio destaca que la apertura de información pública permite que la Presidencia esté bajo "la lupa del escrutinio público", y reconoce que en los últimos 25 años se ha reducido el margen de discrecionalidad en el manejo del gasto a disposición de esa institución.
De otra parte, las especialistas critican que la oficina del presidente mexicano no "cuenta con perfiles profesionales específicos" y que las labores de sus funcionarios son demasiado específicas, "lo que dificultad impulsar la agenda gubernamental".
"La oficina presidencial no es un ejemplo a seguir para el resto de la Administración Pública en materia de gasto público efectivo", y si bien "rinde cuentas y es transparente", no es posible saber "si es efectiva en términos de su desempeño", agregan.
Asimismo, aseguran que "realiza contrataciones y adquisiciones sin criterios claros de calidad o capacidad profesional". EFE
