Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).– Las autoridades federales preparan, además de la denuncia ya presentada contra quien resulte responsable por el derrame de tóxicos de la minera Buenavista del Cobre, propiedad del Grupo México, en los ríos Bacanuchi y Sonora, una segunda demanda penal por responsabilidad ambiental, debido a la dimensión del daño provocado a la economía de 24 mil habitantes de la región y a la ecología de la zona.
Por su parte, ambientalistas consultados por SinEmbargo coincidieron con las dependencias federales en que el drama ambiental crece día con día y no se dimensionará realmente hasta en semanas, meses o quizá años, debido a que ese derrame provocó “el peor desastre ambiental en la industria minera mexicana en las últimas décadas”.
El día de ayer en una conferencia de prensa conjunta, el titular de la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro; el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, y el titular de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Mikel Arriola, anunciaron que integran una averiguación previa para lograr la consignación de quien resulte responsable, además de que informaron que Grupo México no cuenta con el certificado de “industria limpia”
La demanda por responsabilidad ambiental para lograr la reparación de daños al entorno, contempla sanciones económicas por cerca de 40 millones de pesos, más el costo de la remediación de los sitios dañados por las pérdidas y la modificación del medio ambiente.
Sin embargo, expertos en materia ambiental afirman que es imposible cerrar los daños en una cifra fija pues las afectaciones se verán en semanas, meses e incluso años. Además, expusieron, las medidas aplicadas por los organismos responsables no contemplan la previsión de futuros accidentes ecológicos del mismo tipo, ni los actuales problemas por los que los habitantes de la región están pasando ya que están manifestando que “se vive un drama” ante el paro de producción gracias al “peor desastre ambiental en la industria minera del país en los últimos tiempos”.
DAÑOS INCALCULABLES
El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, afirmó que el derrame de 40 mil metros cúbicos de tóxicos de la mina Buena Vista del Cobre, en Sonora, a los ríos Bacanuchi y Sonora son imputables. Por ello, dichos organismos se están haciendo cargo de valuar las multas que remediarían los daños provocados.
Las estimaciones de las multas han sido variadas, pues van de los 40 millones de pesos hasta los 500 millones o lo que suma de 50 mil salarios mínimos. Sin embargo, Sinaí Guevara, coordinadora de la Campaña de Tóxicos de Greenpeace México, declaró que más allá de que esta cifra sea suficiente para remediar los daños, “hay que recordar que la multa la pone Semarnat, entonces es la reparación ambiental, no los daños al medio ambiente que se hayan hecho.”
Independiente de la multa que se ponga, posiblemente la empresa tendrá que invertir más en función de la necesidad que tenga para dar una limpieza y remediación al sitio y que lo devuelva a las condiciones en las que se encontraba antes del incidente.
Sobre todo ahora que tras la contingencia ambiental ocasionada por el derrame la actividad económica se ha estancado, de acuerdo con Jorge Gastelum López, productor agrícola, quien exige remediar cuanto antes las afectaciones ocasionadas por la contingencia tras el derrame del sulfato de cobre y otras para recuperar la marca con que comercializan sus productos.
Explicó que los 22 mil pobladores de los municipios sonorenses de Arizpe, Banámichi, San Felipe de Jesús, Baviácora, Ures, Huépac y Aconchi tienen su principal sustento en empresas familiares que producen y comercializan productos agropecuarios.
“Es urgente trabajar en la remediación de la marca ‘Río Sonora’ para recuperar las ventas de queso, miel, bacanora, entre otros productos”, destacó y también dijo que aún se desconoce a cuánto ascienden las pérdidas económicas ocasionadas por esta situación.
SANCIONES JUSTAS
Las sanciones desde el punto de vista administrativo, son las que contemplan la Ley Federal Ambiental que son los 50 mil salarios mínimos o incluso los 100 mil días si hay reincidencia.
En segundo lugar se puede dar una clausura que puede ser parcial, total o definitiva o permanente. Una tercera opción de sanción tiene que ver con la revocación de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones.
La Semarnat declaró carecer de la facultad para ello. Sin embargo, Gustavo Alanís Ortega, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), declaró que “la Semarnat no podrá revocar las concesiones, pero lo que puede hacer en este caso es revisar si la autorización que otorgó en materia de impacto ambiental se está cumpliendo al pie de la letra.”
Cuando se otorga una autorización en materia ambiental, se condiciona, comentó. Sin embargo, “estas condicionantes pasan de noche; es decir, normalmente nadie se asegura de que esas condicionantes se cumplan”, añadió.
En estos casos, la Semarnat tiene la obligación de revisar de que las condicionantes que impuso antes de aprobar el proyecto, se estén cumpliendo o no. “Entonces si no se están cumpliendo entonces sí puede proceder una revocación de la autorización en materia de impacto ambiental, en donde sí tiene autoridad”, agregó Alanís Ortega.
Hay que contemplar que hay otras acciones legales que se pueden llevar a cabo en contra de Grupo México, como acciones colectivas, existe la posibilidad de que se acuda a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violación del derecho constitucional de un ambiente sano.
PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA
Lo que hace falta es la prevención de estos desastres y es el enfoque que busca Greenpeace México. “No basta que se pongan grandes multas si se va a seguir permitiendo que hayan este tipo de accidentes y daños, y que las multas sean un derecho por contaminar, en donde pago y me olvido del daño.”
Desde que se informó del derrame de tóxicos en los ríos sonorenses, Greenpeace México está buscando que “haya transparencia en el uso de fondos, además de que las comunidades afectadas tengan derechos de voto sobre cómo se usan y gestionan los recursos que se están dando para reparar los daños.”
Considera que la empresa además de remediar las afectaciones, debería de crear un fondo abierto y flexible en caso de que aparezcan nuevos daños al ambiente y estar monitoreando que se cumpla la solución y saneamiento de la cuenca, además de la protección a la ciudadanía.
No se puede permitir que el asunto se minimice, pues al parecer la empresa ha tomado una actitud así con los informes que dio la semana pasada. “Hay que reconocer que hay un problema y resolverlo. Lo grave al final del día es la salud de las personas y del medio ambiente”, informó el director.
“Hay que cerciorarse de que los protocolos se implementen atinadamente. Hay una parte importante que es la preventiva, pues la ley exige que cuando vas a llevar a cabo una actividad, implementes todo aquello para que los riesgos existentes en todo proyecto disminuyan o no sucedan”, agregó.
Sinaí Guevara informó que se requiere una nueva Ley General de Aguas. “Ya existe una propuesta ciudadana que ha hecho tanto Greenpeace con otras organizaciones que propone la participación de los mexicanos, precisamente para evitar este tipo de catástrofes y la voz de la ciudadanía no sea ignorada”, y que incluye el derecho humano al agua de todos los mexicanos.
CANANEA NO ES, NI SERÁ EL ÚNICO
A pesar de que este haya sido el derrame más notorio que ha habido, esta es una situación que se repite todos los días en cientos de ríos del país. De acuerdo con las declaración de Sinaí Guevara, “el 70 por ciento de los cuerpos superficiales de agua presentan contaminación. Estas son cifras fueron dadas por Conagua”.
Los cuerpos de agua contaminados no sólo se contaminan por una industria minera, ya que a todas las industrias se les permite tirar tóxicos al agua. Los defensores del medio ambiente consideran necesario que se actualicen las normas, que desde 1996 no se han modificado.
Afirman que con la Reforma Energética se abrió la puerta a proyectos que desarrollan energía nuclear y a su vez generan agua radioactiva, como es en el caso de fracking. “El mensaje que se está dando es que en México se puede contaminar con total libertad, porque es un paraíso de leyes laxas que permite que las empresas desarrollen cualquier tipo de industrias”, agregó Sinaí Guevara.
“Grupo México ahora no es el gran enemigo del ambiente sino la legislación y los organismos encargados de cumplirla”, agregó.
LAS CULPAS DE GRUPO MÉXICO
Además de ser el responsable de daños ambientales, Grupo México también ha sido acusada de la muerte de cientos de mineros que por falta de medidas de seguridad, han perdido la vida en derrumbes y otro tipo de accidentes relacionados con las minas.
El accidente más importante, y que abrió las puertas a un sinnúmero de investigaciones al sector minero, fue el sucedido en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en Coahuila. La tragedia se registró el 19 de febrero de 2006 y ahí murieron un total de 65 mineros luego de una explosión provocada por una alta concentración de gas metano.
Antes del accidente ocurrido en Pasta de Conchos, la empresa debió de haber pagado aproximadamente 1 millón de pesos de multa por minero muerto. Por el accidente ocurrido en la mina de Charcas la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) impugnó una multa por más de 13 millones 445 mil pesos. Se indemnizaron 400 mil pesos por cada minero fallecido, cifra a la que se sumará las pensiones de los hijos de los trabajadores. La cifra cobrada por la multa aunque sea “histórica”, en realidad equivale al 0.22 por ciento de las utilidades de un trimestre de la empresa.
El último accidente fue el que se registró el pasado 12 de febrero en la mina de Charcas, ubicada en San Luis Potosí, en donde cinco trabajadores mineros perdieron la vida a causa de la ruptura de los cables guías de una calesa que transportaba 8 toneladas de carbón.
