Mayor contratista de Petróleos Mexicanos en los Gobiernos de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), Oceanografía cayó en desgracia en 2014. Fue inhabilitada cuando la Secretaría de la Función Pública descubrió que había inflado varios costos. Al mismo tiempo fue enajenada por la Procuraduría General de la República debido a un fraude en contra de Banamex Citigroup.
La historia de opacidades de Oceanografía no concluyó al iniciar el Gobierno de Enrique Peña Nieto, quien regresó al PRI a Los Pinos. En este sexenio, con tal de que la naviera recuperara flujo, un juez federal le autorizó ejercer nueve contratos con Pemex Exploración y Perforación por más de 4 mil 204 millones de pesos aun cuando estaba inhabilitada. Pero la empresa sólo cumplió con uno por 862 millones 332 mil 174 pesos. Ni así lo logró. En septiembre de 2016, fue declarada en quiebra.
¿A dónde fue a parar el dinero del contrato? ¿Con qué trabajadores se cumplió si para entonces ya sólo quedaban 400 de los 11 mil que integraron la nómina? Nada de ello quedó documentado. Del castillo que fue Oceanografía quedan ruinas. Y respecto a ella, en Pemex, un muro de opacidad.
OCTAVA Y ÚLTIMA PARTE DE UNA SERIE
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Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).– En 2014, por realizar cobros que excedieron al precio pactado por sus servicios, Oceanografía fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para trabajar para el Gobierno mexicano durante un año, nueve meses y 12 días.
Además, fue tomada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAEB) debido a un fraude comprobado por 400 millones de dólares en contra de Banamex Citigroup. La naviera fundada en 1967 con más contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) le debía también al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Por el fraude financiero, Amado Yáñez Osuna, el dueño en segunda generación, fue consignado ante las autoridades y permaneció en prisión durante dos años y medio.
Pese a sus problemas y su incapacidad legal para brindar trabajos al Gobierno federal, la naviera continuó con prestación de servicios para Pemex Exploración y Perforación (PEP) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2013-2014 y 2015) con un contrato por 862 millones 332 mil 174 pesos, según consta en una lista de empresas subcontratadas entregada a este medio digital mediante una solicitud de información hecha a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y que fue cotejada con datos del Portal de Obligaciones y Transparencia (POT).
Oceanografía pudo continuar como contratista de Pemex Exploración porque en febrero de 2016, el juez federal, Felipe Consuelo Soto (en estos momentos inhabilitado por el proceso que llevó Mexicana), determinó que Pemex debía prorrogar nueve contratos para que se pudiera dar flujo a los ingresos de la compañía. Entre esos convenios se encontraba el signado el 14 de noviembre de 2013 con el número 428233856 destinado a mantenimiento a instalaciones costa afuera y apoyo a perforación en la estimulación e inducción de pozos, en las instalaciones del Golfo de México, con apoyo de una embarcación con posicionamiento dinámico.
El juez también autorizó que se ejercieran los contratos 421002810, 421002811, 421002812, 421002813, 421002814, 428232833, 428232834 y 428233804, por Servicio de Transporte de Personal, Materiales y Equipos Ligeros con Abastecedor Rápido [sólo de flete], con un valor total de tres mil 342 millones 14 mil 223 pesos, firmados en 2012 y 2013 para servicios de transportación y otras obras de infraestructura. Pero ninguno de estos aparece en la lista de empresas subcontratadas por Pemex Exploración y Producción obtenida por este medio digital, lo que indica que esos contratos y ese dinero fue desechado por Oceanografía.
El dinero que le pagó Pemex a Oceanografía mientras estaba inhabilitada no resultó un respiro. Al contrario, se esfumó y no quedó registro de a dónde fue a parar. La empresa fue declarada en quiebra en septiembre de 2016. Tampoco hay pruebas que así, desmantelada e inhabilitada, Oceanografía haya cumplido a cabalidad con el único contrato que revivió para atraerse flujo.
De hecho, en esos años no contaba con trabajadores. Datos de la misma empresa indican que cuando fue enajenada por el SAE, la nómina era de 11 mil 419 empleados y una flota de 69 navíos. Para octubre de 2015, cuando se ejerció este contrato, tenía sólo 600 empleados.
El mismo año de la desgracia de Oceanografía, el Presidente Enrique Peña Nieto quien escribía los nuevos días del Partido Revolucionario Institucional en la Presidencia de la República, promulgó la Reforma Energética, un conjunto de leyes con las que se abrió el sector energético a la inversión privada. Una de las promesas fue la Transparencia. “El Gobierno promete abrir el sector al escrutinio de la sociedad con varias medidas de vigilancia”, fue una de las cláusulas en un listado ofrecido por la Presidencia de la República.
Pero Pemex Exploración se resistió a responder sobre cómo trabajó esos años con sus empresas subcontratadas, entre ellas, Oceanografía. A la pregunta expresa mediante el INAI regresó el oficio PEP-DG-SPBS-GMCG-135-2017 que indica:
“No se cuenta con un documento que contenga el número de trabajadores subcontratados, debido a que no existe obligación de contar con dicha información, ya que los contratistas o proveedores serán [por Ley vigente] los responsables de las obligaciones de contrato”.
Ese año en Ciudad del Carmen, Campeche, los trabajadores de Oceanografía bloquearon algunos de los accesos al muelle para reclamar el pago de sus salarios y liquidaciones. Pemex admitió que estas acciones entorpecieron las labores y el traslado de trabajadores hacia las plataformas. En alta mar unos cien trabajadores abandonaron el buque “Don Daniel” con ayuda de pequeños botes pesqueros.
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De 2000 a 2012, Oceanografía fue una gran contratista de Petróleos Exploración y Producción, filial de Petróleos Mexicanos. En esa década, la Presidencia de la República estuvo ocupada por los Gobiernos de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), un periodo que se conoció como la alternancia porque se trataba de hombres que no provenían del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
De 2003 a 2014, logró 110 contratos por poco más de 50 mil 981 millones 819 mil 596 pesos, según el POT (Los contratos de 2000 a 2003 no están publicados. La cantidad equivale a la inversión del sector salud en la compra consolidada de medicamentos e insumos durante 2017, el monto más alto en la historia de la salud pública.
El grueso de contratos se encuentra de 2003 a 2006, que correspondió a la última parte del sexenio de Vicente Fox. Fueron 37 contratos que significaron diez mil 530 millones 409 mil 673 pesos; es decir, 20.6 por ciento del total del dinero que obtuvo durante los Gobiernos panistas.
La buena fortuna continuó en el Gobierno de Enrique Peña Nieto cuando signó otra decena de convenios por unos cien millones de pesos cuando apenas tenía unos meses de Gobierno, según el mismo portal.
Pero en 2014, la desgracia la cubrió. Citigroup Inc informó en un comunicado que descubrió un fraude en contra de Banamex, su brazo en México, relacionado con la firma de servicios petroleros Oceanografía que le recortó su ganancia neta de 2013 en 235 millones de dólares. La operación fraudulenta involucró casi 585 millones de dólares en un crédito a corto plazo.
Casi al mismo tiempo, una investigación, contenida en nueve expedientes, probó que la empresa realizó modificaciones a contratos con PEP mediante convenios, con los cuales se incrementaron los cobros a la paraestatal hasta llegar a tres mil 250 millones de pesos adicionales, además de la omisión de casi 150 millones de pesos en fianzas de la empresa a la paraestatal.
Oceanografía fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para recibir contratos del Gobierno después de varias investigaciones de la dependencia que arrojaron que la empresa realizó cobros que excedieron el precio pactado por sus servicios.
Amado Yáñez Osuna, el dueño de la naviera, fue encarcelado luego de que el fraude fuera revelado. La autoridad intervino a la proveedora de servicios a empresas petroleras, incluida Pemex, y en 2016 se le declaró en concurso mercantil. Hace unos meses fue declarada en quiebra.
