Luego de que una indígena mexicana cumpliera injustamente más de tres años en prisión tras ser condenada a 21 años por supuestamente haber secuestrado de seis miembros de la ya desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), un tribunal ordenó a la PGR que resarce a la mujer quien fuera nombrada presa de conciencia por Amnistía Internacional en 2010, porque “se le negó un juicio justo y fue encarcelada por su situación social marginal de mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia”.
México, 27 de julio (EFE).- Un tribunal mexicano ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reparar el daño de manera integral a Teresa González Cornelio, indígena que pasó más de tres años en prisión acusada injustamente de secuestrar a seis policías, informó hoy Amnistía Internacional (AI).
La resolución del pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa “es de carácter inapelable” y ordena a la Fiscalía a “difundir en los medios de comunicación la inocencia de Teresa”, señaló la organización en un boletín conjunto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
La indígena hñahñu (otomí) fue condenada a 21 años de prisión en 2006 por el secuestro de seis miembros de la ya desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) que entraron vestidos de civil en un mercado de Santiago Mexquititlán, en el estado central de Querétaro, en un operativo en busca de drogas y DVD piratas.
Tras cumplir más de tres años de condena, González fue liberada por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque la Fiscalía general rechazó entonces reconocer su inocencia, recuerdan las agrupaciones.
Junto a González fueron detenidas otras dos mujeres más, que también fueron encarceladas y liberadas años más tarde.
En mayo pasado, otro tribunal ratificó la sentencia que ordena a la Fiscalía a reparar el daño a Jacinta Francisco Marcial en un plazo de cuatro meses.
Todavía queda pendiente de resolución el caso de Alberta Alcántara Juan, dentro del cual la PGR interpuso un recurso de revisión pidiendo revocar una orden de reparación del daño.
González fue nombrada presa de conciencia por Amnistía en 2010, porque “se le negó un juicio justo y fue encarcelada por su situación social marginal de mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia”.
Los casos de estas tres mujeres indígenas pueden suponer un “precedente fundamental” para que la Fiscalía se responsabilice por los daños del ministerio público cuando este incurra en actividades irregulares, señalaron las agrupaciones.
