Como lo ofreció en campaña, Felipe Calderón Hinojosa, quien gobernó México de 2006 a 2012, sí logró ser el Presidente del Empleo. Pero del informal, precario y de bajo ingreso. En 2012, cuando le entregó la banda presidencial a Enrique Peña Nieto, la informalidad se había convertido en la fuente principal de ocupación. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo mostró ese año que casi 14 millones de mexicanos obtenían su ingreso del ambulantaje o trabajos eventuales, 649 mil más que los 13.32 millones de connacionales que tenían trabajo formal. Pero además estaba la Guerra. Esa Guerra que no consigue concluir y cuyos cálculos alcanzan a veces los cien mil muertos, 30 mil desaparecidos y cientos de desplazados. Tocado o no por el destino, con razones de peso o sin ellas, el ex Mandatario está detrás de este presente.
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Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo).– Fue el Presidente del empleo; pero del informal y precario. Además, fue el autor de una guerra. Los números –que ahora pueden recolectarse y compararse- arrojan la estampa: en 2006, cuando Felipe Calderón Hinojosa tomó posesión había una Población Económicamente Activa (PEA) de 44.4 millones y México era un país con un millón 600 mil 891 desempleados. Cuando concluyó su Gobierno en 2012, la PEA alcanzó apenas los 50.9 millones y dos millones 468 mil 62 mexicanos padecían las amarguras del desempleo.
Pero además, en ese fin de sexenio, la informalidad se convirtió en la fuente principal de ocupación en México. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) mostró ese año que casi 14 millones de mexicanos obtenían su ingreso del ambulantaje o trabajos eventuales, 649 mil más que los 13.32 millones de connacionales que tenían trabajo formal.
No se trata de un pasado que pueda sepultarse. En el presente, hay dos millones más de pobres que en 2012, según los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial, encuentra un vínculo directo con el viraje que dio México de la formalidad hacia la informalidad con ese número creciente de pobres.
“La mayor parte de los mexicanos obtiene su ingreso por su empleo. De su actividad. Hoy, los pequeños negocios son el mecanismo del bienestar. Así que empleos informales y precarios de bajos salarios condiciona un círculo de pobreza”, dice.
También los muertos se amontonaron. A la hora de la asunción del poder de Calderón Hinojosa, la tasa nacional de homicidios había bajado a ocho por cada 100 mil habitantes, de 19 para la misma proporción en 1992, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi). Cuatro años después –en 2011- ocurrieron 27 mil decesos. El año anterior habían sucedido 25 mil. De repente, los números se revolvieron y desde el Gobierno dejaron de publicarse los conteos. Y entonces, lo que importó fue la forma, la forma de la muerte. Los cuerpos de hombres, mujeres y niños aparecieron en casas, carreteras o centros comerciales. A veces estaban colgados, decapitados, desnudos, desmembrados o amoratados.
Un abultado expediente documentó ante la Corte Penal Internacional de La Haya, el máximo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas, 50 mil muertos y 10 mil desaparecidos, así como la brutal forma en que habían encontrado la hora última.
Felipe Calderón Hinojosa llegó al poder sin el voto de la mitad del electorado. “Espurio” lo llamó desde ese momento, Andrés Manuel López Obrador, quien con el abanderamiento del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue su más cercano contendiente en los comicios presidenciales de 2006. Así, al filo de la desconfianza, con el desconcierto sobre sus espaldas, el Mandatario debió elegir su impronta.
En esa hora de decisiones, lejos, muy lejos, quedaron sus palabras de candidato, cuando grabó un anuncio especial en el que usaba el tema del empleo como un último y directo ataque en contra de Andrés Manuel López Obrador. Decía: “Amigas y amigos, les he propuesto cómo generar empleos para que vivamos mejor. Cómo atraer la inversión para que haya trabajo bien pagado para todos, para los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores. Empleos en el campo, en más industrias, en el comercio, en más viviendas y en el turismo, que será mi prioridad. El PRD propone endeudar a México como ya lo hizo en el Distrito Federal y como lo hicieron gobiernos que nos llevaron a las peores crisis económicas. Hoy, tú vas a decidir entre el empleo y la estabilidad que yo te garantizo o la deuda y la crisis que propone el PRD. Soy padre de tres hijos y lucho por construir para ellos y para los tuyos un México mejor, un México justo, un México ganador, seguro y limpio donde puedan vivir en paz y ser felices. Este 2 de julio, a la hora de votar, piensa en tus hijos”.
Y así fue. Se convirtió en el Presidente del empleo. Pero del informal. Y también en el de la guerra.
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Que la legitimidad le importaba a Felipe Calderón Hinojosa está claro en el gasto de 141.6 millones de pesos que hizo en encuestas en sus primeros dos años de Gobierno. Según los archivos del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el 1 de diciembre de 2006 mandó preguntar a la población: “Para usted, ¿quién es ahora el Presidente legítimo de México? Las respuestas le susurraron: “Calderón con 93.1 por ciento y Andrés Manuel López Obrador con 4.8 por ciento”.
Pero, en los hechos, no había elementos suficientes para irse por el camino bélico. Cierto que en 2006, Michoacán –la tierra del flamante Mandatario– era la escena de una disputa. El cártel de Los Valencia, asociado con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, se enfrentaba al del Golfo y una organización delincuencial apenas efervescente: La Familia Michoacana. Cuando tomó posesión, Calderón recibió un informe: Jetzabel Abarca Parra, de 27 años, había sido asesinada a balazos en el municipio de Coalcomán, y dos personas más habían sido ejecutadas a balazos en los municipios de Aguililla y Cotija.
Crueldad, misterio y muerte en Michoacán. Todo era cierto.
Pero si se revisan las cifras del Inegi, retomadas por Fernando Escalante Gonzalbo en su artículo “Homicidios 2008-2009. La muerte tiene permiso” en la revista Nexos, la tasa nacional de homicidios había bajado ese año a ocho por cada 100 mil habitantes, de 19 homicidios en 1992. En realidad, no había un despunte de inseguridad a nivel nacional.
2009-2010: LA ÉPOCA DE LAS PÉRDIDAS
Habían transcurrido tres años de Gobierno y el mundo había colapsado por una crisis financiera. La fatídica historia se había iniciado el 15 de septiembre de 2008, cuando el banco de inversión Lehman Brothers se declaró en bancarrota. A partir de ese momento, la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos se deshizo y luego –por una u otra razón– siguió el resto de economías desarrolladas.
La Secretaría de Hacienda declaró recesión económica con una prospectiva de crecimiento económico negativo diferente al planteado al principio del Gobierno de un incremento del Producto Interno Bruto (PIB) de tres por ciento. A partir de ese momento, las proyecciones gubernamentales sufrieron repetidas correcciones que llegaron a plantear una contracción de 4.1 por ciento, la más grande desde la crisis de 1995.
Pese a ello, en medio de la crisis se acumularon frases que por su optimismo resultaron simbólicas. El entonces Secretario de Hacienda, Agustín Carstens, indicó el 2 de febrero de ese año que a México no le daría una pulmonía como en el pasado, si acaso, apenas un catarrito.
El entonces Jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón y las autoridades económicas anunciaron un programa de medidas para enfrentar la situación. Entre ellas destacó la ampliación del gasto de infraestructura, el cambio de reglas del ejercicio de ese gasto, la construcción de una nueva refinería para Petróleos Mexicanos (Pemex), el impulso de manera extraordinaria a las pequeñas y medianas empresas, y la desregulación y la desgravación arancelaria. El empleo no repuntó. Por el contrario: la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo encontró que 2.5 millones de mexicanos habían perdido su empleo con una tasa que se ubicó en 4.5 porcentuales.
En cambio, ese año, hubo algo espectacular.
Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas” estaba en una fiesta con el Rey del Acordeón, Ramón Ayala, y con Los Cadetes de Linares, en Morelos. Ahí llegaron los elementos de la Secretaría de la Marina. Intentaron capturarlo, pero se les fue. Con los días, lo persiguieron, a él y a sus huestes. En Cuernavaca, dieron con él, y lo mataron frente a cámaras de televisión. Cayó en una recámara llena de muñecas, como princesas. El Gobierno presumió la hazaña y demostró que más que nunca, estaba concentrado en la política en contra del crimen organizado.
A decir de José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, en esta parte del sexenio se perdió la oportunidad para generar empleo.
“Se subestimó el efecto de la crisis de Estados Unidos. En el discurso se habló del famoso catarrito y que estábamos blindados. Fue el primer evento económico que acabó marcando el sexenio. Nos fuimos a recesión en 2009 y no hubo plan b en materia económica ni de empleo. Los programas que se empezaron a proyectar en los primeros años de Gobierno de primer empleo para los jóvenes naufragaron”, explica.
Los desempleados surgieron por aquí y por allá. En octubre, decenas de soldados disfrazados de policías federales tomaron las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Mediante un decreto, el Presidente había requisado la paraestatal con el argumento de que era “un lastre”. Más de 44 mil trabajadores agremiados en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) perdieron su puesto laboral y se lanzaron a las calles a protestar.
14 ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro iniciaron una huelga de hambre en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México el 25 de abril de 2010. Pasaron tres meses y una noche, el dirigente sindical Martín Esparza alcanzó un acuerdo con el Gobierno federal en una reunión que se prolongó ocho horas. Con los años, vinieron reclamos prolongados y suspendidos.
En febrero de este año, Esparza anunció que el SME consiguió, en asociación con la empresa portuguesa Mota-Engil y con el apoyo del Gobierno, un nuevo contrato colectivo para operar 14 plantas eléctricas, cuatro central de ciclo combinado y la recuperación de una parte de la materia de trabajo en la operación de un paquete de mil 700 megawatts.
Así pasó 2010.
Y otro evento puso en los brazos del fantasma del desempleo a miles de trabajadores. El vuelo 886 de Mexicana de Aviación que partió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a las 14:15 horas con destino a Toronto el 28 de agosto de 2010, fue el último en la operación de la aerolínea que cayó en concurso mercantil.
Después de 43 meses, la titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Edith Alarcón, eliminó la posibilidad de que la aerolínea y sus filiales volvieran a volar.
Ocho mil 500 trabajadores desde trabajadores de mantenimiento, administrativos, sobrecargos y pilotos aviadores Cada uno protestó a su manera. Algunos llenaron algunos espacios del Aeropuerto con casas de campaña y pancartas. Un grupo de sobrecargos hizo un calendario. Los más, probaron por completo la amargura del desempleo.
En sentido contrario a la que alguna vez fue su pretensión principal, de ser Presidente del Empleo, en 2009, la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Minera (FITIM) interpuso ante la Organización Internacional del Trabajo, una queja contra la política laboral de México por privilegiar y avalar los contratos de protección en beneficio de los empresarios, y por la existencia de sindicatos blancos.
Luego, el 8 de abril de 2010, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex y el SE), entre otros gremios, acudieron al Tribunal Internacional de Libertad Sindical. Ahí, acusaron violación sistemática de los derechos laborales en México.
LA REFORMA LABORAL
Acorde con el perfil que promovió en campaña, como opción para encontrar la legitimidad, Felipe Calderón también tenía en la baraja a la reforma laboral y energética. El politólogo de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Enrique Toussaint, reconstruye que asesores como Germán Martínez Cázares y César Nava se empeñaron en aconsejar una estrategia armada en lugar de las enmiendas constitucionales.
De hecho, Calderón –quien se había anunciado como el Presidente del Empleo– esperó al tramo final de su Gobierno para enviar la iniciativa de la reforma laboral. El sábado 1 de septiembre de 2012, el expresidente mandó el documento con carácter de “preferente” para que a más tardar el 1 de octubre de ese año fuera votada en el pleno. Las enmiendas propuestas por Felipe Calderón se abrían a la “flexibilización del mercado laboral”, en dos vertientes: nuevas modalidades de contratación y la facilitación de la conclusión de la relación laboral.
El otro tema era los sindicatos. La iniciativa atacaba la anquilosada estructura del PRI. Proponía que las directivas gremiales fueran electas mediante el voto libre, directo y secreto, y no a mano alzada. Para Alfonso Bouzas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ni la Reforma Laboral ni la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto en mayo de 2015) lograron superar el escollo de falta de rendición de cuentas de los gremios mexicanos.
El impulso de la reforma laboral estuvo a cargo de Javier Lozano Alarcón Alarcón, el hombre-alfil de Felipe Calderón. De 2006 a 2012, la voz del entonces Secretario del Trabajo jamás varió en la defensa de la modificación de Ley Federal del Trabajo. Que era necesaria para incrementar la productividad. Que quienes se le oponían eran “cobardes, brutales, egoístas y miopes”. Era una campaña personal, diaria, por todos los medios: prensa, redes sociales, foros. Una obsesión al grado que esa ley hoy es conocida como Ley Lozano y no Ley Calderón.
A cuatro años de aquel impulso legal, Alfonso Bouzas, especialista en política laboral, hace una evaluación: “La deficiencia más importante de la Reforma Laboral es que no cambió nada. Ni para bien ni para mal. Lo único que cambió es la facilidad de correr a los trabajadores. Y lo más grave también es que dio paso a que se legalizara la tercerización que ya se practicaba desde la firma del Tratado de Libre Comercio, sin ser legal”.
Javier Lozano Alarcón, en su calidad de Secretario del Trabajo, asistió en 2011 a un encuentro con el Consejo Estatal para el Diálogo con los Sectores Productivos (Cedsip) de Aguascalientes y dijo lo siguiente: “Mienten cobardemente quienes dicen que estamos esclavizando el trabajo, que estamos yendo contra los derechos de los trabajadores. Eso es parte del procedimiento de una minoría que se autodenomina representante del movimiento obrero, de los derechos de los trabajadores y de los derechos humanos, cuando lo único que buscan son posiciones”. Luego, a quienes se oponían, no dejó de llamarlos “cobardes, brutales, egoístas y miopes”.
Según él, las bondades de la reforma se desgranaban y la principal era el aumento de productividad. Apenas se aprobó, exclamó que se había dado un paso adelante.
En sentido contrario al discurso triunfal, llegó la crítica. En su XVI Informe de Violaciones a los Derechos Laborales 2012, el Cereal definió en México la actitud de Calderón y de su secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, como una “violencia laboral de Estado”.
LA GUERRA DE CALDERÓN
Tocado o no por el destino, con razones de peso o sin ellas, detrás de la guerra en contra del crimen organizado hubo un hombre: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Los porqués para lanzar la ofensiva más cruenta de la historia moderna se hallan en su circunstancia política, pero también en su biografía y personalidad. ¿Por qué la guerra? ¿Por qué no el empleo? Alfonso Bouzas de la UNAM, responde: Porque jamás se lo propuso, porque en las condiciones económicas que se condujo al país evidentemente no podía ser el Presidente del empleo”.
A sólo 10 días de haber asumido la primera magistratura, Felipe Calderón envió al Ejército a Michoacán, Sinaloa y Veracruz. En palabras del entonces Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, el objetivo era abatir el poder del crimen organizado; sobre todo, del narcotráfico. Ese mismo día, el Secretario de Seguridad Pública Federal (SSP), Genaro García Luna, anunció un cambio en el perfil de los policías federales.
Conforme a la estrategia, se debilitaría el flujo de dinero, la red operativa y la distribución. Así que se atacaría al tráfico de armas, se abatiría al circulante y se tomarían las carreteras. Se empezaría por el negocio principal: la cocaína. La consideración: aunque su ciclo de retorno era más largo, su valor subía casi 56 veces en su recorrido de Colombia a las calles de Estados Unidos, principal mercado.
No ocurrió eso. No, hasta el momento. Los expertos en Seguridad de la Universidad Iberoamericana (UIA), Pablo Monzalvo y Eruviel Tirado, ya no observan una batalla; sino tres: familias del narco por territorios y mercados de distribución de la cocaína, la Policía Federal en contra del narcotráfico y el Ejército tras criminales. En las tres, se cometen errores que implican confusión sobre quién es el enemigo.
En seis años de Gobierno de Felipe Calderón, el presupuesto para Seguridad se incrementó en 76 mil 711 millones 874 mil 763 pesos, según el Presupuesto de Egresos de la Federación. Hay casi dos millones de mexicanos sumados a la pobreza según la medición del Coneval por ingreso. Millones salen a trabajar a empleos informales o precarios, de esos que no tienen ninguna condición social.
