Por Sanjuana Martínez
María Alejandra Cruz lleva días sentada afuera de la oficina ministerial de Matamoros, Tamaulipas. La acompaña Eliud su marido y sus dos hijos pequeños. Sabe que la policía, el Ejército y la Marina sigue encontrando narcofosas en distintos estados del país después de las de San Fernando y espera una “señal”: “Estamos resignados a lo que Dios diga”, dice con tristeza infinita.
Eliud tiene 17 años. Desapareció hace nueve meses en Matamoros. Salió a trabajar y no volvió: “Queremos que nos digan si es uno de ellos. Ya nos hicimos las pruebas. Queremos quitarnos este pensamiento. Y algún día dejarle una flor”.
María Alejandra no levanta la mirada. Fija sus ojos en el suelo. Las lágrimas corren por sus mejillas: “Eliud andaba en buenos pasos. Siempre volvía antes de las nueve de la noche. No andaba haciendo males, ni mucho menos. Le gustaban las computadoras. Trabajaba en la construcción como su papá”.
Su padre escucha, no habla. Moreno, estómago abultado, rasgos rudos; manos trabajadas con callos. Viste camiseta blanca y pantalón de mezclilla. Cabello negro azabache encrespado: “Es mejor saber y descansar. Mi hijo ya no está con nosotros. Ni modo”.
Los hijos pequeños juegan. Comen papitas. Beben agua. Ríen ajenos a la tragedia. Cuando ven quebrarse a su padre suspenden la diversión. Se acercan y lloran en silencio: “¿Por qué narcofosas?… Lo que no me deja dormir es saber que los torturan, los matan de una manera muy cruel, los matan a mazos, los mutilan… ¡Imagínese!… ¿Esas gentes no tienen madre? ¿No comprenden el dolor de una madre? ¿Por qué no los dejan en la calle? ¿Para qué echarlos a una fosa? ¿Qué ganan? Los cuerpos están echados a perder y la gente no los conoce… No entiendo. No entiendo”.
Hallazgos por miles
Las narcofosas han ido apareciendo a lo largo de los últimos años. En 2008 fueron encontrados 36 cuerpos en una fosa clandestina en Ciudad Juárez. El año pasado los hallazgos de este tipo aumentaron considerablemente: 55 cadáveres en Taxco, 18 en Acapulco, 69 en Nuevo León, 41 en Michoacán, 38 en Coahuila, 35 en Morelos y 12 en Sinaloa.
En los últimos meses, la cifra supera considerablemente las narcofosas encontradas en el pasado. Los números se incrementan inexorablemente con el avance de la narcoguerra: 47 fosas con 236 cadáveres en San Fernando, siete con 234 en Durango, una con cuatro en Michoacán, dos con cinco en Jalisco, tres con siete en Nuevo León y ocho con 14 en Acapulco.
Las estadísticas no son seguras, puede haber decenas de narcofosas más con cientos de cadáveres y la procuradora general de la República, Maricela Morales Ibáñez, lo sabe. Reconoce que existe un serio problema para la identificación: “Los cuerpos de Durango tienen mucho más tiempo de estar ahí en las fosas enterrados, y en un principio no se cuido la forma en que se extrajeron los cuerpos y también eso dificulta su identificación”.
Según información de “inteligencia”, la procuradora afirma que las narcofosas de Durango, por ejemplo, obedecen al asesinato entre bandas rivales y las de San Fernando y otros lugares fronterizos tiene que ver con el secuestro de migrantes en colaboración con policías municipales. La pregunta es: ¿cuánta gente inocente fue sepultada bajo este método de desaparición forzada?
La Comisión Nacional de Derechos Humanos calcula que hay alrededor de 9 mil cadáveres sin identificar, frente a los casi 20 mil desaparecidos denunciados, entre ellos migrantes.
San Fernando
A dos meses del hallazgo de las narcofosas de San Fernando, se ha identificado apenas una docena de cuerpos, entre ellos un ciudadano estadounidense, ocho de Guanajuato y tres de Querétaro. Hay 21 personas encarceladas por esos hechos, una parte son policías que colaboraron con los Zetas para secuestrar y asesinar a las víctimas.
Los resultados de las pruebas de ADN están resultando mucho más complejos y se han retrasado más de lo debido por la falta de infraestructura para el cruce de datos y la ausencia de un sistema nacional de identificación de cadáveres.
Por eso, María de Jesús Luevano de 60 años acude con regularidad a los servicios periciales de la procuraduría de Tamaulipas. Su hijo Luis Jaime Montalvo Luevano de 40 años desapareció en agosto del año pasado en Matamoros: “Fue a un mandado y no volvió. Me puse bien grave del hígado. Tal vez, me voy a morir primero de la pura pena”, dice mientras muestra su foto.
“Aquí hay mucho desaparecido. La gente está encerrada porque andan muchos locos por fuera. Hasta viejitos levantan, incluso niños. Casi nadie pone denuncia por miedo. Tengo seis hijos, él era el más grande. Bueno, es el más grande. Yo hasta que no me digan lo seguiré buscando.
Todo lo que hago es orar, pedirle a Dios. Pienso que no me puede pasar nada, porque ni yo, ni mis hijos hemos hecho nada malo. Somos gente decente”.
Luis Jaime trabajaba como vigilante. Su madre es de Aguascalientes: “Me dijeron que algunos cadáveres estaban enteros porque los mataron apenas. Pero no me quieren enseñar ninguna foto. Cuando supe dije me voy a investigar porque mi hijo no ha venido. Él ya me hubiera hablado o a sus hermanos”.
A su lado, hay otra mamá desesperada por su hijo desaparecido el 15 de diciembre. Tiene 26 años, casado con tres niños, el más pequeño de apenas un año y nueve meses. No quiere dar el nombre de él, ni el de ella, por su seguridad: “Puse denuncia con el Ejército en Ciudad Mante, pero nada, nada. Él estaba con su hermano en el depósito de su papá. Llegó un comando de nueve encapuchados. Venían en varias camionetas y los balacearon. Luego se lo llevaron. Dicen que iba balaceado de las piernas. Se llevaron también a otro y lo soltaron a los ocho días, pero no quiere decir nada. Tal vez está amenazado. Yo no quería venir por miedo, no por mí, sino por mis hijos. A mi que me hagan lo que quieran. ¿Usted cree que desde Ciudad Mante lo iban a venir a tirar acá?… Igual lo traen trabajando. Quién sabe. Por eso tengo miedo, que tal si se dan cuenta que lo ando buscando y me lo matan”.
Tambos crematorios
Otro de los métodos de desaparición forzada utilizado es la cremación, un sistema que impide totalmente la identificación. En los últimos meses se han encontrado auténticos campos de exterminio en donde a través de tambos de metal con orificios se queman o se desintegran personas.
En Coahuila, el Ejército encontró 37 pozos cerca de Piedras Negras con mil 314 fragmentos de huesos humanos a los cuales no se les podrá hacer la prueba genética. En la zona encontraron 59 casquillos, monedas, relojes, hebillas y otros objetos que pertenecieron seguramente a las víctimas.
En Nuevo León, concretamente en Salinas Victoria y Cadereyta, el Ejército también encontró dos crematorios clandestinos bajo el método de los tambos de acero con orificios. A los lugares se les denomina “narcocinas” porque “cocinan” cuerpos.
Estos hallazgos angustian aún más a los familiares que buscan desaparecidos. En su peregrinar por los anfiteatros del país tienen la esperanza de encontrarlos vivos o de saber finalmente su destino.
Ricardo Hernández Méndez tiene 26 años y desapareció el 10 de noviembre. Venía de Ciudad Victoria a Reynosa, una de las “carreteras de la muerte” de Tamaulipas donde han desaparecido decenas de personas. Vendía pacas de ropa usada y su padre, Alberto Hernández lo ha buscado desde entonces a pesar de que un policía le dijo: “Ya no lo busques porque a ti también te van a levantar”.
La fuerza de voluntad es admirable. Los familiares se sobreponen a la tristeza y convierten su desolación en tenacidad. “A una madre no la detiene nada”, dice Juana García de 66 años en silla de ruedas. Quiere hacerse la prueba de ADN en Tamaulipas para localizar a uno de sus 11 hijos. Está enferma, la operaron de una rodilla, le extirparon un tumor que tenía en el cerebro y es diabética. A pesar de sus dificultades sigue buscando a su hijo de 30 años: “Y lo seguiré buscando. Tampoco podemos dejar pasar las noticias que anuncian narcofosas. Si está aquí y no venimos. Donde encuentre una allí estaré. ¿Cuántas narcofosas habrá?… Confío en Dios, es el único en el que puedo confiar. Yo siempre estoy con la esperanza de que un día regrese”.
