Organizaciones alertaron que la instalación de la cervecera Constellation Brands y la construcción de un acueducto arrasarán con el agua del Valle de Mexicali y dejará sin el vital líquido a más de 15 mil familias, sin que el Gobierno de Baja California intervenga para detenerlos. Los inconformes acusaron que el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid únicamente vela por los intereses de la empresa y olvida a la población.
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Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).- El Movimiento Ciudadano en Defensa del Agua en Mexicali y la Central Campesina Cardenista acusaron que la instalación de la cervecera Constellation Brands y la construcción de un acueducto arrasarán con el agua del Valle de Mexicali y dejará sin el vital líquido a más de 15 mil familias, bajo el amparo de Francisco Vega de Lamadrid, Gobernador de Baja California.
En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), los inconformes acusaron que Vega de Lamadrid únicamente vela por los intereses de la empresa y olvida a la población.
Asimismo, aseguraron que existe complicidad «dolosa y consciente» por parte de los tres niveles de Gobierno, ya que los permisos para edificar la cervecera y el acueducto se otorgaron sin conocer los impactos ambientales que existirán en la región.
«[Constellation Brands] es un cuchillo que va a venir a matar el Acuífero del Valle de Mexicali […] Se está vendiendo la patria gota a gota», acusó el ingeniero Rigoberto Campos, vocero del Comité Ciudadano de Defensa del Agua en Baja California.
Los inconformes interpusieron un amparo para buscar que tanto la obra de la cervecera, como el acueducto Villahermosa- Mexicali sean suspendidos y a pesar de que se emitió una suspensión el pasado 3 de marzo, acusaron que las obras continúan avanzando. Campos informó que el próximo 30 de marzo, las autoridades darán el veredicto para que se continúe con la obra o se suspenda definitivamente.
Ante la situación, hizo un llamado al Presidente Enrique Peña Nieto, a las Secretarías de Hacienda (SHCP), a la de Defensa Nacional (Sedena) y a la de Desarrollo Social (Sedesol) a fin de que «vigilen» el destino de los recursos que se gastan en Baja California y «se investigue al Gobernador por enriquecimiento ilícito».
El acueducto, informaron, extraerá 20 millones de metros cúbicos de agua y dotará a la cervecera trasnacional de 7 millones de metros cúbicos anuales, por lo que, aseguraron, no habrá agua para el riego de trigo y otros cultivos, mientras el vital líquido le es asegurado por 50 años a Constellation Brands.
«Es una empresa depredadora. En Coahuila ya han sobreexplotado los acuíferos», denunció el vocero. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2010, en dicho estado existen municipios en donde tres de cada diez pobladores no cuentan con el vital líquido.
El conglomerado cervecero estadounidense Constellation Brands es propietario de las marcas de Grupo Modelo en Estados Unidos, y el año pasado acordó la adquisición de Ballast Point, un fabricante de cerveza artesanal, por mil millones de dólares. Sus cervezas importadas de México –que incluyen Corona y Modelo Especial– fueron clave en el crecimiento anual del 24 por ciento de la empresa de 2010 a 2015, según Kenneth Shea, analista de Bloomberg Intelligence.
En tres años de su Gobierno, “Kiko” Vega no sólo ha acumulado una deuda millonaria, también el “hartazgo social”, siendo Mexicali el epicentro de las protestas en su contra. En enero pasado, cuando entró en vigor el llamado gasolinazo, surgió la afirmación de que la capital del estado había “despertado” al lograr organizar tres manifestaciones masivas, la última con hasta 45 mil personas. Sin embargo, desde finales del año pasado se gestó un movimiento de rebelión cívica que se inició con protestas contra el reemplacamiento, el incremento a las tarifas de luz y la Ley de Agua, aprobada el 20 de diciembre de 2016.
Hace más de dos meses, en Mexicali se logró lo que en ninguna otra parte del país: la organización ciudadana, a través de redes sociales, por un bien común. Desde hace 27 años el estado no registraba protestas de esa magnitud, la última se vivió en enero de 1990, durante la primera administración panista en Baja California a cargo de Ernesto Ruffo Appel, cuando miles marcharon por las altas tarifas eléctricas que se impusieron en la región.
