Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).– La Ley de Ordenamiento Social, aprobada el lunes pasado por mayoría priista en el Congreso de Quintana Roo, sigue causando controversia entre la sociedad civil. Mientras el Gobernador Roberto Borge Angulo prometió revisar la legislación antes de publicarla en el Diario Oficial de la entidad, diversas organizaciones reiteraron que se trata sólo de una “simulación” para calmar los ánimos de activistas.
El mandatario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) publicó ayer en su cuenta de Twitter que la revisión a la que sometió la ley no significa echarla atrás. Por su parte, activistas quintanorrenses manifestaron su preocupación y advirtieron que con esa ley Borge Angulo sólo quiere reforzar su “fascismo caribeño”.
A la par de la discusión, en redes sociales se convocó a una marcha para demostrar el rechazo a la Ley de Ordenamiento Social, que busca regular y reprimir la libre manifestación de la ciudadanía, denunciaron defensores de derechos humanos.
En oposición a la medida aprobada por el Congreso local, un colectivo de ciudadanos, estudiantes, maestros y trabajadores convocaron la tarde de ayer a marchar para mostrar su total negativa a la llamada “Ley Antimarchas” y así refrendar los derechos constitucionales a la libre manifestación.
“Marcha de unidad entre trabajadores, estudiantes y ciudadanos en general que estén en contra de la nueva ley de ordenamiento social que prohibirá las manifestaciones y por lo tanto vulnera derechos constitucionales. Comenzará en el museo y terminará frente al congreso del Estado”, publicaron en distintas plataformas en Internet.
Por su parte, miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Acción Nacional (PAN), quienes han sido víctimas del estilo de gobernar del priista, también anunciaron que prevén amparos y movilizaciones para revertir la ley.
ES ANTICONSITUCIONAL
Desde el pasado lunes, cuando se dio a conocer que el pleno del Congreso de había aprobado una ley con la que pretende restringir y controlar las manifestaciones en el estado, diversas organizaciones y políticos manifestaron su repudio y calificaron de inconstitucional le iniciativa y comenzaron un movimiento para demostrar su inconformidad.
La organización Artículo 19 se pronunció contra la Ley de ordenamiento Social y la consideró “una clara violación al derecho constitucional de la libertad de expresión”.
Asimismo, Jesús Robles Maloof, abogado y defensor de derechos humanos, dijo que la legislación era un ejemplo de “la sutileza macabra para reprimir” que ha caracterizado en su historia al PRI. Por su parte, Héctor Cerezo, integrante del Comité Cerezo, mencionó que “la aprobación en Quintana Roo de la ley que limita las marchas, es una tendencia nacional para criminalizar los derechos humanos de manifestación y de asociación”.
Sin embargo, en un sólo día, la iniciativa fue aprobada en comisiones y en el pleno, a pesar de que la oposición exigió un debate serio en el que se incluyera a la sociedad civil.
El documento indica que en caso de bloqueos “se realizarán las acciones necesarias […] de manera inmediata”. Además prohíbe marchas en vías primarias y condiciona las protestas en las vías públicas.
“Cuando las manifestaciones tengan lugar en vías públicas, el paso de los participantes no deberá de obstruir más de la mitad de los carriles y, cuando la vía pública lo permita, los manifestantes deberán usar los carriles laterales. En el caso de las manifestaciones que invadan áreas prohibidas, la autoridad apercibirá a los manifestantes a dejar de realizar esta conducta y, en caso de negativa, la autoridad, tomará las medidas conducentes para reencauzar a los manifestantes a las zonas permitidas”.
Además refiere que las personas que participen en marchas o plantones tendrán que abstenerse de llevarlas a cabo en “espacios públicos con valor histórico, cultural, turístico, arquitectónico o de importancia para el desarrollo del estado, o sus accesos, con la finalidad de salvaguardar las actividades económicas, la generación de empleos y la estabilidad política, económica y social de Quintana Roo”.
BORGE, “REPRESOR”
El Gobernador Roberto Borge Angulo ha sido acusado tanto por periodistas como por partidos de oposición de impulsar métodos ilegales para controlar a los ciudadanos de la entidad que gobierna bajo las siglas del Revolucionario Institucional.
Durante la pasada elección, por ejemplo, tanto Acción Nacional (PAN) como el de la Revolución Democrática (PRD) acusaron a Borge de promover actos de violencia, incluso atentados incendiarios, en contra de los candidatos opositores y sus equipos de campaña. En 2013 y lo que va de 2014, el Gobernador ha sido señalado por periodistas nacionales y locales de tratar de intimidarlos
Robles Maloof , incluso alertó que el Gobernador Roberto Borge quiere colocarse a la vanguardia de la represión y busca enviar un mensaje al priismo autoritario de que él está en avanzada, en una corriente marcada por los hechos ocurridos en el primer cuadro de la Ciudad de México durante el primer año de gestión del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
“Estamos ante personajes [los gobernadores priistas] que controlan a los congresos como si fueran sus oficinas o sus oficialías de partes bajo el disfraz de la iniciativa parlamentaria”, dijo.
SLP SIGUE EJEMPLO
Un día después de que el Congreso de Quintara Roo aprobara la Ley de Cultura Cívica, un Diputado del Partido Acción Nacional (PAN) de San Luis Potosí, anunció que este jueves presentará ante el pleno estatal la iniciativa “Ley de Manifestaciones Públicas, Libertad de Tránsito y Derechos de Terceros del Estado de San Luis Potosí”.
De acuerdo con Alejandro Lozano González, mejor conocido como “Boris” y quien es Diputado local por el Distrito VII con cabecera en la capital del estado, su iniciativa tiene la finalidad de garantizar el derecho ciudadano para manifestarse públicamente, pero sin que ello vulnere el derecho de libre tránsito de los ciudadanos ni los derechos de terceros de las demás personas.
Dijo que esto incluye no ejercer violencia, no cometer daños en las cosas, no discriminar con pretexto de la libre expresión por razones de ninguna índole, no cometer ultraje a las instituciones públicas, no manifestarse con el rostro cubierto a fin de prevenir la comisión de actos vandálicos o delictivos, e incluso no pronunciar un “lenguaje insultante” contra las autoridades.
También propone penas que van desde las multas económicas hasta prisión de 72 horas, de acuerdo con las faltas que, a juicio de su iniciativa, cometan los manifestantes.
El legislador panista explicó que con su propuesta de ley no se pretende violentar el derecho que tienen todas las personas a manifestarse. Sin embargo, destacó, se tiene que garantizar el derecho de terceros, ya que sufren afectaciones sobre todo al no poder transitar libremente cuando hay cierre de vialidades.
El panista dijo que dentro de su propuesta también se tomó en cuenta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y se hace algunas consideraciones para los manifestantes, como el no ejercer violencia, no cometer daños en las cosas, no discriminar con pretexto de la libre expresión por razones de ninguna índole, no cometer ultraje a las instituciones públicas y también no manifestarse con el rostro cubierto a fin de prevenir la comisión de actos vandálicos o delictivos.
La iniciativa también recomienda que no se lleven a menores de edad que no comprendan el alcance de los eventos en los que se encuentran, pues al estar ahí no asisten a la escuela o incluso se colocan en una situación de riesgo.
También contempla multas económicas y prisión de hasta 72 horas a quienes afecten a terceras personas durante una manifestación o en su caso dañen propiedad privada o edificios públicos.
Un artículo más indica que durante las marchas o plantones no se pronuncie un “lenguaje insultante” a las autoridades de gobierno.
