Ciudad de México, 28 de feb (SinEmbargo).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiende la mano a los maestros, luego de que el Gobierno Federal encarceló a su dirigente, Elba Esther Gordillo.
El líder del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, aseguró que el proceso judicial contra "La Maestra", de ninguna manera pone en riesgo la soberanía del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE).
“Hay que distinguir claramente entre el delito financiero que motiva la detención de estas personas y el respeto a la organización sindical y los derechos de sus trabajadores, que por supuesto están a salvo”, dijo el Diputado.
El sindicato de maestros era parte de la estructura del PRI; el 13 de julio de 2006, sin embargo, con la expulsión de Elba Esther Gordillo del partido, obtuvo su independencia de la llamada “familia revolucionaria”.
Ahora, el PRI le tiende la mano a ese hijo descarriado.
Mediante un comunicado de prensa, pidió esperar el resultado de las investigaciones del Ministerio Público antes de emitir juicios de valor.
“El caso está en manos de las autoridades judiciales y sigue un curso legal del que debemos esperar los resultados, en el marco estricto de la Ley”.
Coincidió con el llamado a la reconciliación de Beltrones, Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Cámara de Diputados, también priista y muy allegado al coordinador parlamentario del tricolor.
“No se trata aquí de hostigar a los maestros; los maestros mexicanos han sido tradicionalmente a lo largo del siglo pasado los aliados históricos del Estado mexicano. Han sido aliados históricos del Estado mexicano contra el fanatismo, contra, qué les diré, contra dogmas que no son buenos para la sociedad”, subrayó.
El Vicecoordinador del PRI en San Lázaro, Héctor Gutiérrez de la Garza, rechazó que el encarcelamiento de Gordillo Morales sea en represalia del rechazó que la maestra promovía entre el sector magisterial contra la Reforma Educativa.
“Por lo que tenemos conocimiento, de ninguna manera pensamos que haya existido un tinte político de lo que se realiza”, aseguró en entrevista, antes de dirigirse a la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales para discutir la reforma para acotar el fuero.
Indicó que el proceso judicial contra la otrora lideresa del sindicato más grande del país está apegado a derecho, por lo que rechazó que se trate de un mensaje de fuerza política desde Los Pinos, dirigido a otros líderes sindicales incómodos, o por lo menos, críticos de las reformas impulsadas por el Presidente Enrique Peña Nieto.
“De ninguna manera. Tan es así que hay un expediente, que de manera muy clara presentó el señor Procurador ante la opinión pública, donde se ve perfectamente que hay una investigación que se realiza en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP)”, subrayó.
Por su parte, el Senador priista Raúl Cervantes, aplaudió la detención de la lideresa magisterial como un logro del Gobierno Federal, apoyado en la reciente reforma contra lavado de dinero aprobada en el Congreso de la Unión.
“Me parece que es un tema de asertividad institucional y que la ciudadanía –y estoy seguro que todas las instituciones y los líderes de opinión—no podría ponerse en contra del ejercicio legítimo de la acción penal, en un tema de corrupción de este nivel y a ese grado”.
El ex Secretario jurídico del PRI, respondió de forma cautelosa cuando se le cuestionó si se debería iniciar procesos similares a otros líderes sindicales, acusados de presunto desvío de recursos gremiales para enriquecer a su familia, como es el caso de su compañero de bancada Carlos Romero Deschamps.
“No se está juzgando (a Elba Esther Gordillo) por ser un líder sindical, lo que se está juzgando es la utilización de sus cuotas sindicales y un mal uso de esos recursos sindicales, que tienen un tipo penal en específico y se encontró la triangulación de cómo sacaban el dinero y cómo se ejecutaba exclusivamente para sus gastos de vida privada, lo cual no estaba autorizado”, precisó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado.
