Hace ya un tiempo que se ha puesto de moda, no solo en México, la supuesta confrontación entre políticos y ciudadanos. Según esta fantasía, mientras los primeros son la representación misma de la opacidad, la corrupción y los intereses particulares, los segundos se imaginan prístinos, desinteresados, buscadores del bien común sin pretender nada a cambio. Esta paparrucha se ha vuelto un tópico en casi todas las democracias contemporáneas y sirve para hacer todo tipo de demagogia, sobre todo la de los políticos que se envuelven en la bandera ciudadana para hacer precisamente lo que saben hacer: política.

No falta hoy el pretendiente a candidato "independiente" que se dice desencantado de los partidos, después de haber militado en varios, sin muchos remilgos ideológicos, y que ahora llama a no votar por políticos, sino por alguien como él, impoluto ciudadano. Abundan también los próceres de la sociedad civil que dedican su vida a construir acuerdos políticos, pero siempre desde la atalaya de la pureza ciudadana, sin ensuciarse en las turbias aguas de la política electoral.

Se trata de una dicotomía falsa, ya que no existen los actores sin intereses, aun cuando estos puedan ser altruistas. Es evidente que si la política no tuviera consecuencias distributivas nadie la haría y cuando desde las organizaciones civiles se impulsa una agenda o se frena otra se hace política, aun cuando no se tenga por objetivo hacerse con cargos de elección. Por eso suelo desconfiar de quienes se presentan como paladines de la ciudadanía frente a la "clase política", pues sus clamores me suenan a farsa.

Creo, sin embargo, que la política representativa requiere siempre del contrapeso de la sociedad organizada en grupos de intereses específicos, que reclamen rendición de cuentas, promuevan agendas y defiendan causas desde fuera de los espacios electivos y de poder. La vida de las sociedades democráticas requiere de ambos tipos de política: la de los profesionales de tiempo completo especialistas en ganar elecciones y la de los activistas civiles que ponen temas en la agenda pública o se movilizan para evitar abusos y arbitrariedades. Unos y otros confluyen en la arena pública y contribuyen a generar soluciones de cooperación social en la diversidad.

El problema de la distancia entre sociedad y política se agudiza, empero, cuando el acceso a la organización para competir electoralmente es estrecho y se reserva a determinado tipo de grupos. En México hoy existen fuertes restricciones para organizar un partido: el sistema de registro, heredero del arreglo ideado originalmente para proteger al PRI de la competencia y para permitir la entrada a la organización política solo a aquellos grupos que no significaran una amenaza a la hegemonía de la coalición estrecha de intereses que controlaba el poder político, sigue siendo un obstáculo mayúsculo para el surgimiento de expresiones electorales basadas en programas y una listas de candidatos.

Con las reglas vigentes se privilegia a los grupos de intermediarios con clientelas, por lo que los únicos partidos que pueden cumplir con los requisitos son aquellos organizados a imagen y semejanza del PRI. La nueva vía de acceso a la boleta electoral, la de las candidaturas pretendidamente independientes, no es más que una tomadura de pelo que requiere de una fuerte organización, también de preferencia clientelista, para poder alcanzar el número ingente de firmas que la ley exige. De ahí que muchos ciudadanos con vocación política pero poco afectos al acarreo y la intermediación clientelar, que pretendería convencer a los electores con argumentos y propuestas, se sientan hoy desplazados y busque que los partidos registrados, considerados como entidades de interés público por la Constitución, abran sus candidaturas a personas no afiliadas que puedan representar causas civiles.

Ese es el sentido del desplegado publicado el lunes con las firmas de una lista amplia de activistas, académicos, artistas, periodistas e intelectuales que le piden al frente formado por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano que abra sus listas de candidatos a ciudadanos no militantes en ninguno de los tres partidos, en lugar de repartir sus candidaturas exclusivamente entre sus redes de lealtad y disciplina. Se trata de un llamado problemático, ya que no es fácil generar mecanismos claros y transparentes para la inclusión y puede generar malestares entre las militancias por el desplazamiento de cuadros con carrera interna que podría provocar. Con todo, sería una buena manera de ampliar el espectro de la alianza y contribuiría a la construcción de una agenda amplia para ofrecerla al electorado.

Insisto en que la electoral no es la única vía para hacer política hoy en México. Nosotrxs, por ejemplo, es una organización que sin ambages se reconoce como política, aunque no opta por la vía electoral para hacer avanzar su agenda. Su actividad se ha centrado en construir acuerdos en torno a propuestas concretas, como el llamado a la creación de un fondo único para la reconstrucción de lo destruido por los terremotos de septiembre, y en la movilización social para hacer cumplir derechos establecidos por la ley. Se trata de una manera válida y necesaria de participación en la vida pública que no es excluyente sino complementaria de la competencia electoral.

A pesar de que en México la participación de la ciudadanía en organizaciones sigue siendo precaria, cada vez es más relevante el papel que estas juegan en la arena pública, como límites a la arbitrariedad y la corrupción. Lo que el país necesita no es una dicotomía entre supuestos ciudadanos enfrentados a los malévolos políticos, sino cada vez más participación en la vida de la polis, desde diversas posiciones y con distintas estrategias.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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